Zapatero declara como investigado por seis delitos ante el juez Calama

José Luis Rodríguez Zapatero se dispone este miércoles a hacer algo que nunca ha hecho ningún expresidente del Gobierno de España: declarar como investigado ante un juez. Sobre su cabeza pende la imputación de hasta seis delitos: tráfico de influencias, blanqueo de capitales, fraude fiscal y contrabando. Todo apunta a que el juez podría imputarle también delitos de organización criminal y falsedad documental. Pero este miércoles y este jueves Zapatero tendrá la posibilidad de aclarar ante el instructor de la Audiencia Nacional José Luis Calama muchas cuestiones.

Tras la declaración, el juez deberá decidir sobre la posible imposición de medidas cautelares a Zapatero, que podrían ir desde la retirada del pasaporte o la obligación de comparecer periódicamente en el juzgado hasta el ingreso en prisión provisional.

La tesis del juez es que Zapatero estuvo en el "vértice" de una organización criminal, influyó para que el Gobierno concediera a la aerolínea Plus Ultra un préstamo de 53 millones de euros y obtuvo mordidas millonarias a través de sociedades interpuestas. Además, existen indicios de que el dinero concedido por el Ejecutivo a Plus Ultra se puso al servicio de una red internacional de blanqueo de capitales con clientes vinculados a casos de corrupción y tráfico de oro en Venezuela.

La cantidad de documentación que compone el sumario de la causa es tan ingente que, tras conocer su imputación el pasado 19 de mayo, la defensa del expresidente solicitó aplazar la fecha inicial de su declaración para poder estudiar el caso. En un principio, Zapatero debía comparecer ante el juez el 2 de junio, pero el instructor José Luis Calama estimó la solicitud del abogado del expresidente, Víctor Moreno, y fijó como nueva fecha los días 17 y 18 de este mes.

No obstante, en los últimos días ha sucedido un hito relevante para la causa. Después de que el 19 mayo la UDEF encontrara un ajuar de joyas en la caja fuerte del despacho de Zapatero, una joyería se encargó de hacer la tasación oficial y concluyó que el valor de las alhajas ascendía a 1,3 millones de euros. De modo que el pasado viernes, el juez José Luis Calama acordó abrir una pieza separada para indagar en el origen, "de momento no justificado" de esta fortuna en poder del expresidente del Gobierno.

El instructor de la Audiencia Nacional acordó en ese mismo escrito imputar al exjefe del Ejecutivo dos nuevos delitos —fraude fiscal y contrabando— y estableció que el asunto de las joyas se abordaría en la declaración de esta semana.

Esto llevó al letrado de Zapatero a presentar un nuevo escrito en el que solicitó que la parte de la declaración de su representado relativa al origen de las joyas se aplace, de nuevo con la intención de poder armar una estrategia de defensa frente a las nuevas imputaciones. Esta vez, el juez ha rechazado la solicitud de Víctor Moreno.

Ello no implica que el expresidente Zapatero esté obligado a contestar a las preguntas que formulen las partes sobre las joyas de su caja fuerte. Dado que acude a declarar en calidad de investigado, puede negarse a responder a cualquier pregunta. También puede decidir contestar tan solo a su abogado defensor, o negarse a atender a las preguntas del juez, la Fiscalía, las acusaciones populares o las defensas del resto de investigados.

Con todo, fuentes del PSOE que aseguran estar en contacto con José Luis Rodríguez Zapatero afirman también que el expresidente acudirá a la Audiencia Nacional con intención de defenderse de todos los indicios que obran contra él. "Va a entrar a todo", explican en la sede de Ferraz.

Los mensajes sobre su influencia en el rescate

En primer lugar, Zapatero debe hacer frente a los indicios que le sitúan como autor de un delito de tráfico de influencias. En el sumario constan varios mensajes de empresarios y directivos que apuntan a la mediación del expresidente en favor del rescate de Plus Ultra y al cobro de comisiones a cambio de la gestión. Las conversaciones muestran como la compañía buscó la "ayuda a Zapatero" a través de su "lacayo" y amigo, el empresario Julio Martínez Martínez.

La clave está en el teléfono móvil que las autoridades policiales de Estados Unidos intervinieron al empresario Rodolfo Reyes en 2021 y entregaron a sus homólogos españoles en marzo de este año. Una de las estrategias que ha dejado entrever el letrado de Zapatero consiste en buscar la nulidad de esa prueba indagando en la legalidad de la intervención del móvil de Reyes, que era el principal accionista de Plus Ultra. El juez Calama ha solicitado a Estados Unidos que permita la incorporación formal de los mensajes en la causa para su utilización como prueba documental en un eventual juicio.

Los chats intervenidos demuestran que el empresario venezolano Rodolfo Reyes sugirió acceder a Zapatero con la intención de hacer "lobby político" en favor de Plus Ultra. Lo hizo en conversación con Ramón Gordils, embajador de Venezuela en Noruega, que contestó a Reyes, en marzo de 2020: "Yo busco como llegarle a ZP". Ese mismo día, Reyes informó de esta conversación al presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Solá, que contestó elocuentemente: "Como dice un amigo, vamos a follar aunque tengamos que pagar un poquitín". En el sumario constan indicios de la mediación con Julio Martínez Martínez e incluso una conversación de 11 minutos entre el presidente de Plus Ultra y el expresidente del Gobierno.

Las mordidas y el entramado empresarial

En el sumario constan igualmente una serie de movimientos económicos que sitúan a Zapatero y a sus hijas como los máximos beneficiarios de la trama. Será una de las cuestiones más difíciles de rebatir para el expresidente. La empresa clave de la red de contraprestaciones es Análisis Relevante, de Julio Martínez Martínez, que abonó 490.780 euros al ex líder socialista, según ha afirmado públicamente Zapatero a cambio de labores de consultoría.

Esta misma empresa abonó 239.755 euros a Whathefav SL, la agencia de marketing de las hijas de Zapatero. En total, la UDEF apunta que el expresidente facturó más de cuatro millones de euros en el periodo investigado, de los cuales 1,57 millones procedían de empresas al margen de la trama.