Zapatero's defense seeks US clarification on phone data in Plus Ultra case

El abogado del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez ha pedido al juez de la Audiencia Nacional, que dirige el caso Plus Ultra, que pida a Estados Unidos que aclare exactamente las circunstancias en las que el país volcó el teléfono móvil del que era dueño de la aerolínea en 2021, Rodolfo Reyes, así como que clarifique qué garantías hubo en la verificación y la custodia de ese material. En un escrito de este miércoles al que ha tenido acceso EL PAÍS, la defensa del expresidente habla de “parquedad de información” por parte del juez José Luis Calama y de la Policía en lo relacionado con este teléfono, que es un indicio importante en su imputación por un posible tráfico de influencias en el rescate a la aerolínea. Por ello solicita a Calama que no solo requiera a Washington el aval judicial para utilizar el volcado, sino que amplíe los detalles del clonado telefónico.

“La ausencia de los datos completos acerca del dispositivo del señor Reyes Rojas, de su aprensión, del método de volcado y la autenticidad de las comunicaciones y de la conservación y custodia del dispositivo al que la policía norteamericana accedió, así como respecto de las circunstancias en que se ha producido el intercambio de esa información entre los órganos policiales, sin intervención judicial conocida, permite plantear dudas razonables sobre el respeto del derecho a un proceso con todas las garantías”, señala el escrito. “También plantea legítimas dudas y graves dificultades sobre las condiciones para el ejercicio del derecho de defensa”, añade.

El letrado Víctor Moreno Catena pide al juez Calama que obtenga “la concreta resolución judicial o, en su caso, la orden o autorización administrativa que amparó la incautación” del teléfono de Rodolfo Rojas; la investigación que existiera contra el directivo de Plus Ultra en el país americano; los informes de la oficina de seguridad americana (HSI por sus siglas en inglés) relativos a la extracción telefónica; el alcance de dicho volcado (así como el software o la herramienta utilizada para este fin); los mecanismos de verificación que se hicieron (actas, desprecintos); el modo de preservación de la información obtenida y la cadena de custodia; la forma y fecha de la remisión de esta información a la policía española; las comunicaciones previas entre ambas; y las autorizaciones del órgano de EE UU que haya permitido que se manden estas conversaciones a la policía española y su alcance.

Los mensajes encontrados en el móvil de Reyes son parte importante en la acusación que el magistrado sostiene contra Zapatero porque, a través de conversaciones de terceros, se apunta a la intervención del expresidente del Gobierno en el rescate de 53 millones de euros que el Ejecutivo de Pedro Sánchez otorgó a la aerolínea tras la pandemia. “Nuestro pana Zapatero detrás”, se lee en las conversaciones del directivo, para quien el juez ha dictado una orden de búsqueda y captura. “Delcy [Rodríguez], que llame a Ábalos o a Zapatero”, dijo en marzo de 2020 cuando comenzaron a buscar la ayuda.

Este exdirectivo de la compañía fue retenido en el aeropuerto de Miami en el año 2021 y, de acuerdo a lo que cuentan fuentes conocedoras de sus actividades, las autoridades americanas volcaron su teléfono móvil sin autorización judicial. Una práctica que el control fronterizo (U.S. Customs and Border Protection) permite allí si se cumplen determinados requisitos, pero que, sin embargo, no está permitida en España.

El juez Calama en su último escrito explica que la agencia de seguridad estadounidense (Homeland Security Investigations, HSI) que tiene oficina en Madrid, facilitó el 18 de marzo de 2026 a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía española todo el contenido de ese móvil que fue extraído allí. Con esos mensajes los agentes nutrieron los dos informes que elevaban la sospecha de la supuesta intervención de Zapatero en la ayuda que el Ejecutivo otorgó a la compañía. El magistrado pidió el pasado viernes autorización judicial, a través de una comisión rogatoria a Estados Unidos, para que todas las comunicaciones fueran incluidas formalmente en el procedimiento y poder blindar así estos indicios en caso de que se celebrara un hipotético juicio.

El letrado de Zapatero solicita que no se reclame únicamente este aval, sino que se indague de forma mucho más minuciosa cómo fue obtenido ese indicio. Considera “absolutamente necesario” poder “verificar si las conversaciones que se dicen obtenidas en el dispositivo” de Rodolfo Reyes y que han sido analizadas por la Fiscalía Anticorrupción y por la Policía “cumplen realmente con los requisitos de autenticidad, integridad y licitud que son imprescindibles para que se puedan considerar aptas como prueba en un proceso penal”. La defensa de Zapatero insiste en la importancia de comprender todos estos extremos para que el proceso penal se desarrolle “sin incurrir en un palmario vicio de indefensión y contravenir el derecho fundamental a un proceso con todas las garantías”.

La HSI son las siglas en inglés de la Oficina de Investigaciones de Seguridad (Homeland Security Investigations) que tiene una oficina en la embajada de EE UU en Madrid. Fuentes de la Fiscalía Anticorrupción española lo definen como un suerte de policía aduanera, que también tiene función de cuerpo policial y realiza investigaciones. La interlocución con la Policía española es “muy fluida”, explican, y en ese marco la oficina compartió la información en marzo de 2026 al conocer la existencia del caso Plus Ultra, así como la activación de una orden de detención internacional contra Rodolfo Reyes.

Ahora la defensa apunta al corazón de uno de los indicios que recorren los informes policiales sobre la posibilidad bajo sospecha de que él interfiriera en el proceso gubernamental de derivar las ayudas públicas a las empresas tras la pandemia. En un escrito anterior, el letrado de Zapatero también revelaba una “indefensión” por el hecho de que tampoco se haya incorporado en el sumario el disco duro “crucial” que se encontró en el despacho del abogado Miguel Palomero (investigado en esta causa) y que contiene el chat llamado “Danilo España” (en referencia a Danilo Diazgranados). “Ninguno de estos dos dispositivos es conocido por las partes, y esa circunstancia genera una clara indefensión y vulnera el derecho a un proceso con todas las garantías, pues no cabe ‘espigar’ o presentar fragmentariamente una comunicación y ocultar su totalidad”, indica Moreno Catena. “De esa manera se quiebra la limpieza procesal, la igualdad de las partes y la lealtad, pero lo que es más importante, vulnera el derecho de defensa”, expone el letrado. El próximo miércoles Zapatero está citado a declarar por primera vez como investigado.