El Gobierno defiende el régimen fronterizo de Ceuta y Melilla y desmiente desinformación

Fuentes del Gobierno han defendido este sábado que Ceuta y Melilla, aunque forman parte del espacio Schengen, mantienen un régimen fronterizo específico y único en Europa que refuerza la integridad de ese espacio mediante un doble control: uno en la frontera con Marruecos y otro a la salida hacia la Península, por vía marítima o aérea.

Según esa versión, nadie puede viajar de Ceuta o Melilla a la Península sin identificarse ante la Policía Nacional en puerto o aeropuerto, y las navieras y aerolíneas están obligadas además a verificar la documentación. Ese sistema, recuerdan las mismas fuentes, está previsto desde la adhesión de España a Schengen en 1991, en la declaración aneja al acuerdo de adhesión, y queda recogido también en el artículo 41 del Código de Fronteras Schengen.

El Gobierno insiste en que entrar de forma irregular en Ceuta no da derecho ni a permanecer en España ni a desplazarse a la Península o al resto de Europa. En ese sentido, subraya que ninguna de las personas que han cruzado irregularmente a la ciudad autónoma ha salido hacia la Península, ni podría haberlo hecho por ese régimen de control.

Las mismas fuentes señalan que de las cerca de 50.000 personas que habrían cruzado irregularmente, más de 48.000 ya han sido retornadas a Marruecos en menos de 48 horas, lo que, a su juicio, demuestra que el sistema de control sigue funcionando con normalidad.

En paralelo, el Ejecutivo desvincula por completo esos hechos del proceso de regularización extraordinaria, al que solo pueden acogerse quienes acrediten residencia en España antes del 1 de enero de 2026 y una permanencia continuada de cinco meses en el momento de presentar la solicitud, por lo que quedaría excluida cualquier persona llegada el pasado 30 de julio.

Las fuentes gubernamentales también advierten de una campaña de desinformación difundida por redes sociales y aplicaciones de mensajería en torno a una reciente sentencia del Tribunal Supremo. Según su lectura, esa resolución no modifica la Ley de Extranjería ni autoriza la permanencia, sino que se limita a exigir la aplicación del procedimiento ordinario de devolución.