Estados Unidos impone aranceles a medicamentos patentados y principios activos

La Administración de Donald Trump ha pasado de la amenaza a los hechos. Estados Unidos ha comenzado a aplicar este viernes aranceles a los medicamentos patentados y a los principios activos importados al amparo de la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial, una herramienta reservada a sectores considerados estratégicos para la seguridad nacional. La medida afecta a las grandes farmacéuticas incluidas en el Anexo III de la orden ejecutiva y convierte al sector en uno de los nuevos frentes de la ofensiva comercial de Washington. Para el resto de las empresas que no figuran en esta lista, la medida empezará a aplicarse a partir del 29 de septiembre. Los productos que figuran en esta sección están exentos de las tasas anunciadas la semana pasada en virtud de la investigación sobre trabajo forzoso, lo que evita una doble penalización.

Para Raúl Mínguez, director del Servicio de Estudios de la Cámara de Comercio de España, la decisión confirma que la Administración de Trump ha convertido la política comercial en la principal herramienta para cumplir su agenda económica. “El propio enfoque conecta la política de precios con instrumentos comerciales duros para presionar a la industria y agilizar acuerdos”, explica.

El objetivo va mucho más allá de recaudar. La Casa Blanca pretende utilizar el acceso al mercado estadounidense como instrumento para modificar el sistema mundial de fijación de precios de los medicamentos. Bajo la política de la “nación más favorecida”, Washington quiere que ningún fármaco financiado con dinero público cueste más que en el país desarrollado donde se venda más barato. Para lograrlo, ha recurrido a un mecanismo inédito hasta su llegada a la Casa Blanca, que es combinar la política sanitaria con la presión arancelaria.

La orden ejecutiva establece un gravamen general del 100% sobre los medicamentos y principios activos fabricados fuera de Estados Unidos. Sin embargo, las negociaciones de los últimos meses con algunos de sus principales socios comerciales han dado lugar a un sistema de tarifas diferenciadas. Los productos procedentes de la Unión Europea, Suiza, Japón y Corea del Sur estarán sujetos a un arancel del 15%, mientras que el Reino Unido afrontará uno del 10%.

Para Judith Arnal, investigadora principal de economía del Real Instituto Elcano, ese tope del 15% es claramente menos disruptivo que los niveles punitivos inicialmente barajados ― el mercado temía tasas generalizadas del 100% al 250%―. Esto proporciona cierto horizonte de previsibilidad, aunque es por todos conocida la capacidad de Washington de amenazar con aranceles superiores si no obtiene las concesiones deseadas.

Los primeros afectados son las grandes multinacionales farmacéuticas. El Anexo III de la proclamación identifica a 17 compañías que deberán asumir los nuevos gravámenes desde el 31 de julio, entre ellas Roche, AstraZeneca, Merck, GSK, y Sanofi, todas europeas. La onda expansiva de la medida proteccionista alcanza a toda la cadena de suministro. En el caso español, el país exportó medicamentos por un valor de 1.100 millones de euros al mercado estadounidense en 2024. Además, cerca de 200 empresas mantienen relaciones comerciales con ese destino, de las cuales 50 lo hacen de forma regular, según datos del ICEX. El arancel del 15% queda lejos del gravamen del 100% previsto para el resto de países, pero supone un aumento de costes que obliga a revisar márgenes, contratos y estrategias de producción.

Impacto a medio y largo plazo

La puesta en marcha de la orden ejecutiva abre un periodo de elevada incertidumbre para las empresas europeas con capacidad productiva en el Viejo Continente y fuerte dependencia del mercado estadounidense. Los analistas temen que el nuevo marco desincentive la fabricación regional y acelere la relocalización de inversiones hacia Estados Unidos.

Diederik Stadig, economista especializado en el sector sanitario del centro de análisis ING Think aseguraba esta semana en un informe que el sector farmacéutico europeo se siente cada vez más atraído por Estados Unidos debido a “la mayor rapidez en la aprobación de medicamentos, un mercado interno más amplio, un mayor poder de fijación de precios, generosos incentivos industriales y el creciente uso de la política comercial”. Prueba de ello es que, desde la emisión de la orden ejecutiva el año pasado, la Casa Blanca ha cerrado acuerdos con numerosas compañías farmacéuticas —entre las que figuran Pfizer, AstraZeneca, Novo Nordisk y Eli Lilly— para que muchos medicamentos se vendan a un precio más bajo.

La norma contempla incentivos para las compañías que trasladen parte de su producción al país. Las farmacéuticas que ejecuten planes de relocalización podrán acogerse temporalmente a un arancel reducido del 20%. Ese beneficio desaparecerá en 2030 y, si no se cumplen los compromisos de inversión, producción e investigación, las importaciones volverán a enfrentar un gravamen de hasta el 100%.

A pesar de la contundencia de estas medidas, Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad, relativiza el impacto a nivel nacional e insiste en que “España de manera directa no se ve afectada, por mucho que los efectos en un mercado tiendan a trasladarse a otros”. Apunta a que la comparación habitual entre precios en Estados Unidos y en Europa suele centrarse en los medicamentos innovadores, cuando en realidad el mercado estadounidense se apoya de forma masiva en el uso de genéricos. Su visión se apoya en el hecho de que, por ahora, los medicamentos genéricos y sus principios activos han quedado exentos de los aranceles de la Sección 232. No obstante, el Departamento de Comercio de EE UU ya ha dicho que revisará esta protección en el plazo de un año.

Desde el sector farmacéutico europeo, la lectura es más preocupante. Alexander Natz, secretario general de Europe, niega la idea de que algunos países puedan considerarse a salvo: “es muy difícil decir que un país no se ve afectado porque el impacto depende del medicamento concreto”. A él se suma Juan Yermo, director general de Farmaindustria, quien considera que el estatus de España no los aísla en un mercado único. En este sentido, otras organizaciones como AseBio refuerzan esta preocupación al advertir que la orden ejecutiva representa un obstáculo competitivo frente a países con tarifas menores o acuerdos de producción local en EE UU.

El escenario para las empresas que no operan con genéricos es mucho más severo y obliga a las farmacéuticas a elegir entre aceptar planes de relocalización a Estados Unidos o buscar mercados alternativos.

Genéricos y competitividad

Para hacer frente a la inestabilidad, Padilla subraya que varios países europeos —y España en particular— están reforzando políticas destinadas a aumentar el peso de los genéricos para liberar recursos presupuestarios que permitan financiar la incorporación de nuevos tratamientos de alto coste. Estos productos mantienen, por el momento, un arancel del 0%, una medida que busca proteger la asequibilidad de los medicamentos esenciales en el mercado estadounidense.

Para Arnal, esta exención responde a una doble lógica. Por un lado, proteger el bolsillo del consumidor estadounidense; por otro, diferenciar los productos básicos del núcleo de la innovación (biológicos y terapias avanzadas), en el que Washington busca incentivar la producción local mediante la presión arancelaria.

Más allá del impacto inmediato en las exportaciones, el cambio puede alterar el mapa de la innovación farmacéutica. Diversas organizaciones del sector, entre ellas Eucope y Farmaindustria, advierten de que algunas compañías estudian retrasar el lanzamiento de nuevos medicamentos en Europa para evitar que los precios fijados en estos mercados sirvan como referencia automática para Estados Unidos. El resultado podría ser un acceso más lento de los pacientes europeos a tratamientos innovadores.

La presión también golpea la inversión. Yermo insiste en que el actual escenario acelera una pérdida de competitividad de la industria europea frente a Estados Unidos y China. El ICEX considera que, si Washington consolida este marco de ventajas fiscales y arancelarias para atraer producción, las empresas españolas deberán acelerar la diversificación hacia otros mercados, como Canadá —al amparo del acuerdo CETA—, Brasil o China. Esto les permitiría reducir su dependencia de un mercado estadounidense cada vez más proteccionista.