La Comunidad Valenciana aprueba presupuestos con la polémica 'prioridad nacional' de Vox

Vox llevaba meses advirtiendo al PP de que, si no se incluía expresamente su “prioridad nacional” en los Presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2026, no los apoyaría. Este miércoles, la formación de extrema derecha ha impuesto su exigencia y el pleno de Les Corts ha aprobado las cuentas de 33.305 millones de euros del Consell, presidido por Juanfran Pérez Llorca, que incluyen la polémica expresión en varias partidas relativas a ayudas sociales y de acceso a la vivienda.

Son los primeros presupuestos con rango de ley de una autonomía en España en los que se ha dado entrada al concepto que popularizó en los ochenta el dirigente francés de extrema derecha Jean-Marie Le Pen. Hasta ahora, la prioridad nacional solo se contemplaba en los acuerdos de gobierno alcanzados este año entre el PP y Vox en Extremadura, Aragón, Castilla y León, y Andalucía.

Los votos del PP (40 escaños) y de Vox (13) se han impuesto a los del PSPV-PSOE (31) y Compromís (15) y han superado la mayoría absoluta al sumar 53 por 41 de la oposición (han faltado algunos diputados).

Un exultante José María Llanos, portavoz de Vox, ha afirmado desde la tribuna: “Prioridad nacional por ley. Los primeros presupuestos donde se incluye el concepto. Y ha llegado para quedarse, más pronto que tarde llegará a la normativa nacional”. Luego, ha hilvanado un discurso muy crítico con la inmigración y ha sostenido que se establecerán puntos de empadronamiento como “primera barrera” para que “el dinero de los valencianos vaya antes que a nadie a los valencianos”.

Tras el pleno, Pérez Llorca ha asegurado que el PP “no se pliega ante nadie” y lo que busca es “diálogo y consenso”. Ha insistido en que el PP pone “el énfasis en el arraigo” de la prioridad nacional de Vox. “Aquí se han hecho afirmaciones que son completamente falsas. Este presupuesto no distingue entre color de piel, entre inmigrantes y personas nacidas aquí. Jamás lo toleraría. Aquí se ha puesto en valor darle esa prioridad a aquellas personas que llevan más tiempo censadas en un municipio, y es algo que hacen también los alcaldes socialistas en todos sus municipio”.

Su portavoz, Fernando Pastor, ha defendido la estabilidad política de la Comunidad Valenciana frente “al caos, al lío y al desmadre que hay en Madrid”, en referencia al Gobierno del socialista Pedro Sánchez que cuenta con presupuestos prorrogados.

En los pasillos en Les Corts, la líder del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia y Universidades, Diana Morant, ha acusado a Pérez Llorca de haber “convertido el apartheid en ley”, ha reiterado que el Gobierno estudiará la aplicación de la “prioridad nacional para recurrir la ley ante el Tribunal Constitucional (TC) si efectivamente se produce discriminación” y e “impacto social” en el acceso a la vivienda y las ayudas sociales.

El portavoz socialista, José Muñoz, ha subrayado que la prioridad nacional va dirigida en realidad contra los pobres, porque el PP y Vox padecen “aporofobia”. Y ha señalado al consejero de Hacienda, José Antonio Rovira, de dedicarle una peineta, un gesto obsceno de desaprobación, tras la votación. “He tenido un pronto, uan reacción refleja, porque los socialistas nos acusan de convivencia con Vox, cuando el PSOE gobierna con apoyo de Bildu, de los etarras”, ha señalado el consejero a este periódico.

Desde Compromís, el diputado Carles Esteve ha ironizado con las “caras” de los diputados del PP tras la votación, incidiedo en que Pérez Llorca se haya levantado de su asiento para “darle las gracias” al portavoz de Vox. “Estáis hipotecando el futuro de los valencianos”, ha reprochado a los populares.

El Consell, presidido por el PP, con el apoyo parlamentario de Vox, aprueba sus terceras cuentas, las primeras con Pérez Llorca como president, que accedió al cargo en diciembre del pasado año, tras la dimisión de Carlos Mazón. El expresidente y diputado autonómico ha llegado al hemiciclo poco antes de la votación.

La prioridad en el texto de la ley

La prioridad nacional se refleja en varias partidas, ya aprobadas por el PP y Vox en comisión, de la siguiente manera: “Desarrollar medidas que faciliten el acceso de jóvenes a una vivienda en zonas rurales despobladas, colaborando en las actuaciones de dinamización del entorno rural, incorporando el principio de prioridad nacional, adecuado a la legalidad vigente, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable en la Comunidad Valenciana, con el objetivo de asegurar la relación efectiva y afectiva del solicitante a la región”.

“Este principio supondrá: Exigencia de arraigo real y prolongado, basado en empadronamiento histórico en la Comunitat Valenciana y España. Refuerzo de los criterios de vinculación económica, social, familiar, laboral y formativa como elementos que evidencian la relación efectiva y afectiva del solicitante con el territorio. A tal efecto, se valorará, al menos, con sujeción a la legalidad, la trayectoria de cotización y actividad laboral, la existencia de familiares de primer grado que residen en la Comunitat Valenciana, así como cualquier otro criterio que acredite vinculación real y duradera de los solicitantes con la región”.

El mismo texto se repite en otra partida para “facilitar el acceso a una vivienda pública en régimen de propiedad o alquiler de la Generalitat Valenciana” o para acceder a la renta valenciana de inclusión. En todas ellas se contempla la incorporación del “principio de prioridad nacional”, con la inmediata acotación: “adecuado a la legalidad vigente”.

El 31 de julio se votará en Les Corts la llamada ley de acompañamiento, que tiene un mayor peso político en la aplicación del principio de prioridad nacional en las distintas líneas de actuación del Consell.

Valencia marca el camino de los pactos entre PP y Vox al convertirse en la primera comunidad autónoma en incorporar la “prioridad nacional” a sus presupuestos, aunque otras, que aún negocian los suyos, podrían seguir sus pasos. La vicepresidenta tercera y consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, Carolina España, ha eludido confirmar si los próximos presupuestos autonómicos lo incluirán.