La crisis de la vivienda expulsa a funcionarios y sanitarios de sus plazas en España

«Estaba ahí, en mis manos», dice Edilson Sousa da Costa (40 años) al recordar el día que rechazó la plaza tras opositar para Médico Interno Residente y especializarse en medicina de familia y atención primaria. En su relato repasa lo que lo llevó a estar ese viernes enviando el correo para desistir de la plaza tres días antes de empezar a trabajar en Ibiza: «Para encontrar un piso tenías que dar por adelantado los 11 meses y eran valores absurdos... ¿Cómo voy a dar más de 20.000 euros en un mes?», recuerda sobre la odisea de conseguir un techo para su mujer y sus hijos de siete y nueve años. Y es que el sueldo base de un residente de la salud ronda los 1.300 euros, mientras que le pedían 1.900 euros por un piso de dos habitaciones.

Con un panorama adverso, su sueño se desplomó, al igual que el de más de un tercio de opositores que se ven obligados a rechazar o postergar la plaza que obtuvieron por el alquiler en ciudades donde los precios están disparados, según el estudio Perspectiva y Retos del Empleado Público en España de Supera Oposiciones. Una pérdida de talentos que hoy amenaza al país y que en muchos casos, si no rechazan la plaza, los empuja a vivir en condiciones «casi insostenibles» por mantenerla de por vida.

Pasados al menos tres meses tras ver sus sueños rotos, Costa vive a las afueras de Barcelona, trabajando como médico en el sector privado mientras vuelve a estudiar para presentarse de nuevo al examen. «Es muy triste que después de estudiar durante seis años una carrera, preparar la oposición, entrar y elegir una plaza, no pueda asumir el compromiso. Lo veo como una pérdida de talentos», reflexiona. En su opinión, el Estado debería ofrecer alternativas habitacionales para fidelizar a los residentes, advirtiendo que esta barrera es lo que provoca que muchos terminen fuera de España.

Alquilar una habitación en la isla ya supera los 1.000 euros al mes y un piso ronda los 2.100 euros. Además, según Idealista, el coste del alquiler en Baleares es de 20,2 euros/m². Es por esto que hace más de dos semanas el Gobierno acordó incrementar en un 100% la indemnización por residencia para los funcionarios que hoy viven este descalabro en Mallorca, y para los destinados en Menorca, Ibiza y Formentera. Si bien, la medida beneficia a 11.176 empleados públicos y permite que perciban las mismas indemnizaciones por residencia que los funcionarios destinados en Canarias, este acuerdo no termina de resolver el salto al vacío al que se enfrentan los opositores y funcionarios con plaza en toda España.

Del trabajo a la caravana

«Prefiero dormir en mi autocaravana», dice Marina Mejías (45 años) a EL MUNDO, al pasar por su cabeza el hecho de pagar un piso en Marbella. Esta interina en obstetricia en el Hospital Universitario Costa del Sol, no tiene -ni quiere- una plaza fija en esa ciudad. Su objetivo es «aguantar» el tiempo suficiente para sumar los puntos que le permitan trasladarse a un hospital más cercano a su casa, ubicada en Estación de Salinas, en la frontera malagueña con Granada. Lo que tenía claro es que su sueldo no era suficiente para el mercado inmobiliario marbellí: «Allí los alquileres rondan por una habitación los 1.000 euros. No iba a pagar eso», confiesa.

Hoy los precios en la provincia de Málaga son inasumibles. En Estepona cuesta un 122% más que hace cinco años alquilar una vivienda y el precio medio de toda la provincia hace imposible que cualquiera pueda residir allí: un piso de tres habitaciones cuesta en torno a los 1.800 euros al mes y, si un interino como Mejías quisiera alquilar un estudio para tener cerca su puesto de trabajo, tendría que abonar 1.100 mensuales, según el Índice Inmobiliario de Fotocasa.

Ante esta barrera, Mejías encontró su propia vía de escape aparcando su autocaravana en la explanada exterior del Hospital Costa del Sol, donde trabaja. Y no está sola. Al menos seis compañeros más pernoctan a pocos metros, y otros tantos lo hacen en sus coches en las plantas subterráneas del parking. Para no tener que pasar demasiados días viviendo allí, Mejías hace lo que en la jerga profesional se llaman «dobletes»: empalma jornadas laborales de 15 y hasta 17 horas seguidas para cubrir su cupo cuanto antes y poder volver a Estación de Salinas. Pese a ello, agrupando los días libres para poder volver con sus dos hijos, gasta unos 400 euros mensuales en combustible.

Pese a tantas horas seguidas de trabajo, el descanso se le antoja casi imposible. Suele terminar su turno de noche a las siete y media de la mañana, llega a la explanada, se ducha y se acuesta, pero el alivio no es real. Al no tener permiso para conectarse a la red eléctrica del hospital, su aire acondicionado está de adorno. A medida que avanza el día, el sol calienta la «caja de metal» -así llama a su caravana- hasta rozar los 40 grados. «A las 11 de la mañana estoy despierta, porque te empiezas a ahogar», lamenta la interina. Sin embargo, se sigue considerando a sí misma «una privilegiada» por el simple hecho de no entregarle su nómina a un arrendador. Mientras tanto, el ruego de este campamento de caravanas es apenas una cuestión de supervivencia: «Una toma de luz es lo único que pido», sentencia. Ella es el ejemplo de este colapso expuesto por el Sindicato Médico de Málaga: de 105 plazas de larga duración ofertadas para médicos de familia recién salidos del MIR en el Distrito Costa del Sol, únicamente se aceptaron 6 (un 5,7%). Este déficit sostenido deja vacías las consultas y provoca que centros como el servicio de urgencias de Las Lagunas acumulen esperas de hasta seis horas por falta de profesionales.

La otra cara de la moneda son aquellos que deciden no renunciar y aceptan el destino, asumiendo el impacto en su calidad de vida. La historia de David Andrés (45 años) ilustra esto. Tras aprobar la oposición como ayudante de instituciones penitenciarias a través de la academiadeprisiones.es, tuvo que dejar su hogar en Burgos para incorporarse a su plaza en la prisión de Soto del Real, en Madrid. Su aterrizaje en la capital implicó «vivir más de dos meses de hotel en hotel», volviendo a su ciudad solo los fines de semana, mientras intentaba encontrar un techo para su mujer y su hija de 15 años. En un mercado saturado, llegó a visitar más de 15 propiedades, compitiendo con hasta 50 personas y viéndose obligado a redactar cartas para explicar a los arrendadores su situación.

Finalmente, logró alquilar un piso en la zona de la A-6 por el que paga 1.800 euros mensuales, devorando prácticamente los 2.000 euros de su nómina: «Aceptar esto es elegir entre mantener tu plaza o darle de comer a tus hijos». Pese a las deficiencias del inmueble en el que no hay respuesta por parte del arrendador, pues ambas partes saben que la escasez de oferta no le deja alternativas. «El propietario puede alquilarte lo que quiera. O lo coges o te vas debajo de un puente», resume.