Presidentes de Tribunales Superiores expresan "profunda preocupación" por "deterioro institucional"

Los presidentes de los tribunales superiores de justicia autonómicos han mostrado su “profunda preocupación” por lo que consideran un “deterioro institucional” y por una “tensión inaceptable” entre dos poderes del Estado, el ejecutivo y el judicial, que “erosiona las bases del Estado democrático de derecho”.

Esta es una de las conclusiones de las XXI Jornadas de Presidencias de Tribunales Superiores de Justicia de España, celebradas este miércoles y jueves en Zaragoza, y que se contiene en una declaración institucional difundida por los participantes.

En este sentido, muestran su rechazo a “todo ataque que exceda de la legítima crítica a las decisiones judiciales” y también lamentan las “descalificaciones personales y acusaciones veladas de las que están siendo objeto directo algunos integrantes del Poder Judicial”, para cuya independencia reivindican respeto.

“Creemos que las instituciones democráticas se fortalecen cuando cada uno cumple con responsabilidad el papel que constitucionalmente tiene atribuido y cuando el respeto entre poderes prevalece sobre cualquier otra consideración”, agregan los presidentes, que aseguran que la justicia “seguirá desempeñando su función con independencia, con responsabilidad y con plena sujeción a la ley”.

Las jornadas las ha clausurado la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, quien ha coincidido en que frente a las “descalificaciones y las sospechas que se intentan proyectar sobre el colectivo judicial”, este “va a seguir firme” y “no va a entrar en debates estériles que no aportan nada a la sociedad”.

Perelló ha sostenido, en una reflexión sobre la democracia, que los votos recibidos no legitiman cualquier actuación de los representantes elegidos por la ciudadanía, que también están sometidos a la ley y al Derecho, “sin inmunidades exentas de control”.

“El sufragio resuelve quién accede al poder, no cómo se ejerce. La legitimidad de origen y la del ejercicio operan en planos distintos: la primera se gana en las urnas; la segunda se acredita en el respeto diario a la ley”, ha profundizado.

Por eso, la presidenta del Alto Tribunal ha reiterado su respaldo “rotundo” a los jueces “que se ven afectados por actuaciones y presiones de toda naturaleza, que no son propias de una sociedad democrática avanzada ni de un Estado de Derecho, y que no respetan el principio de lealtad institucional, que es un deber implícito en la Constitución”.

A los jueces españoles, ha manifestado, los define “el esfuerzo, la responsabilidad y la vocación de servicio” y por eso “deben ser protegidos de presiones o injerencias externas, vengan de donde vengan, y de campañas de desprestigio”, ha zanjado.