Asalto a la soberanía española en Ceuta y la respuesta necesaria

La llegada de 50.000 personas a Ceuta provenientes de Marruecos ante la pasividad de las autoridades de este país ha sido un asalto inaceptable a la soberanía española que merece una respuesta firme y unitaria. El balance humano es trágico: 67 muertos. La inmensa mayoría de los que en los días anteriores saltaron irregularmente la frontera ya se han marchado y esta celeridad en la resolución de la crisis es la buena noticia de unos hechos que han dejado al descubierto la vulnerabilidad de las fronteras nacionales ante las coacciones de un vecino y una alarmante división de Europa. Ha fallado la anticipación ante una afluencia descontrolada de inmigrantes que el Gobierno no vio venir y para la que no estaba preparado. Ha fallado también la UE, donde algunos gobiernos han aprovechado para lanzar reproches a un socio sometido a una tensión máxima, en vez de mostrar solidaridad ante lo que es un ataque al conjunto del mayor bloque democrático del mundo. La lista de errores es larga y obligará a una revisión detallada de las decisiones políticas y las estrategias diplomáticas, pero todo esto no puede ocultar la responsabilidad primordial de Marruecos. Porque no es aceptable el uso de la inmigración en una de las fronteras más desiguales del mundo para presionar u obtener beneficios políticos. No es así cómo se comporta con sus amigos un país que pretende ser considerado fiable y previsible.

Que lo sucedido en el territorio autónomo del norte de África no ha sido un problema migratorio, sino un intento a todas luces deliberado de cuestionar las fronteras de un miembro de la UE quedó pronto bien claro. Por si no bastaran los abundantes indicios, el propio Departamento de Estado de la Administración de Trump señaló que se trataba de “una violación flagrante de la soberanía y los derechos humanos” de España y la UE, aunque después el presidente estadounidense lo aprovechase para criticar a España. Estados Unidos no ha precisado quién está detrás de esta agresión a la soberanía, como tampoco lo ha hecho el Gobierno español, que ha preferido hablar de “las mafias que trafican con seres humanos” y elogiar la “ejemplar colaboración” del Gobierno marroquí. Pueden entenderse estas declaraciones por la necesidad de resolver cuanto antes la situación, pero eluden el papel central de Marruecos, responsable último del control de su lado de la frontera. Son las fuerzas del orden marroquíes las que deberían haber evitado el paso masivo de decenas de miles de personas que, cruzando a nado o por un escarpado espigón, arriesgaron sus vidas. Es Rabat el que ya ha usado otras veces estos métodos para lograr contrapartidas diplomáticas: la más reciente, en 2021, cuando llegaron a Ceuta unos 10.000 inmigrantes y Madrid acabó modificando su posición sobre el Sáhara y aceptando el plan de autonomía marroquí para el antiguo territorio colonial. Es Marruecos, finalmente, el que reclama las ciudades autónomas españolas en el norte de África y no oculta su capacidad para desestabilizarlas.

El desafío requiere una respuesta clara. No es aceptable que estas reclamaciones se resuelvan con demostraciones de fuerza ni con chantajes o injerencias. Lo que haya que discutir, entre vecinos, no puede suceder en otro ámbito que no sea el de la diplomacia, el diálogo y el respeto mutuo, desde la exigencia y la amistad. No pueden repetirse los fallos de imprevisión que se han visto estos días y, si es necesario, no hay que descartar cambios legislativos para facilitar el rechazo de los recién llegados sin papeles en las playas ceutíes o instalar barreras flotantes para marcar el límite como empezó a hacerse ayer. Un posible detonante de esta crisis fue la reciente sentencia del Tribunal Supremo que veta el rechazo inmediato de los inmigrantes irregulares a Ceuta y Melilla cuando estos entran por mar, sin saltar una valla u obstáculo físico.