Vox solicita por primera vez investigar a Pedro Sánchez y su gabinete por delitos de traición y contra la seguridad del Estado debido a la crisis migratoria en Ceuta, una iniciativa que requiere 88 diputados en el Congreso.
El CGPJ ha decidido enviar al promotor de la acción disciplinaria, Ricardo Conde, el caso del juez Juan Carlos Peinado para que determine si abre un expediente sancionador por sus críticas a la policía que custodia a Begoña Gómez. La decisión se tomó por voto de calidad ante la división interna del órgano.
El PSOE critica al juez Peinado por "causa política" y "medidas desproporcionadas" contra Begoña Gómez, mientras el PP defiende a los jueces y cuerpos de seguridad. El auto, que retira el pasaporte a Gómez, ha generado un debate sobre la actuación judicial y la presunta injerencia del Gobierno.
El PSOE critica el auto del juez Peinado contra Begoña Gómez por "causa política" y "desproporcionado", mientras el PP defiende a los jueces y cuerpos de seguridad. El magistrado retiró el pasaporte a Gómez, insinuando que sus escoltas podrían ayudarla a fugarse.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha presentado una "más enérgica queja" ante el CGPJ contra el juez Juan Carlos Peinado por "grave cuestionamiento de la profesionalidad" de las Fuerzas de Seguridad en un auto sobre Begoña Gómez.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha presentado una "más enérgica queja" a la presidenta del Poder Judicial, Isabel Perelló, contra el juez Juan Carlos Peinado. Marlaska considera que el auto del juez, que impone medidas cautelares a Begoña Gómez, cuestiona gravemente la profesionalidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
La Policía Nacional y la Guardia Civil señalan un aumento significativo en el tráfico y uso de armas de guerra por parte de organizaciones criminales en España, con capturas récord de fusiles de asalto, granadas y galerías de tiro clandestinos.
El contrato de ciberseguridad del Estado, parte del programa CORA, se paraliza por pérdida de cobertura presupuestaria. Telefónica, adjudicataria, ve suspendida la tramitación hasta que se restablezca el crédito.
La Fiscalía y los cuerpos de seguridad del Estado piden más medios y recursos para luchar contra un problema que se ha extendido y se ha reconfigurado, con nuevos riesgos
