Nueva multa de la Comisión Europea a Google por 890 millones de euros

Nueva multa a Google de la Comisión Europea. En este caso, de 890 millones por favorecer sus propios productos y por poner restricciones a la competencia. La sanción, en realidad, son dos: una de 460 millones por “privilegiar sus propios servicios” en el buscador Google Search, y otra de 430 millones por “imponer restricciones a los competidores [...] con canales de compra más baratos” en Google Play, la tienda de aplicaciones y juegos, de la compañía. Ambas prácticas están prohibidas por el reglamento de los mercados digitales (DMA, por sus siglas en inglés) y ahora la empresa tiene 60 días para cumplir con las obligaciones impuestas por Bruselas.

A través del buscador de Alphabet se realizan más del 90% de las búsquedas de los consumidores en internet. Esto da mucha ventaja a sus servicios, frente a los de la competencia, si Google Search da preferencia a los propios, recuerdan las vicepresidentas de la Comisión Europea, Teresa Ribera y Henna Virkkunen, en un encuentro con varios medios de comunicación europeos, entre ellos EL PAÍS. “La forma en que Google muestra las búsquedas les da una posición muy sólida en un mercado que debería estar abierto para que cualquier usuario pueda identificar sus propias preferencias y no las de Google”, señala la española Ribera, en referencia al expediente del buscador y la sanción de 460 millones.

“Ahora tienen 60 días para adaptarse a nuestra legislación”, apunta la finlandesa Virkkunen, “estamos esperando que venga con las soluciones”. Recuerda que las investigaciones a Google por ambos comportamientos llevan tiempo abiertas, concretamente desde marzo de 2024. La multa, por el momento, abarca lo hecho entre ese momento y finales de 2025. La sanción puede crecer si la empresa no acata y puede llegar hasta el 5% de la facturación global de la empresa que ascendió a 365.500 millones de euros el año pasado. No obstante, la sanción de hoy está muy lejos de ese umbral: apenas un 0,2%.

Lo importante para las autoridades ahora es que la empresa cumpla con las normas europeas. “Este es un mensaje fuerte a Google. Esperamos propuestas serias de cumplimiento”, subraya Ribera. Hasta el momento, fuentes conocedoras de cómo ha avanzado este expediente apuntan que ha habido unos 30 encuentros entre la empresa y la Comisión Europea sin que se haya llegado a un acuerdo.

La sanción, comparada con otras que ha recibido la misma compañía en el pasado, puede parecer pequeña. No obstante, como ha repetido en más de una ocasión Ribera, máxima responsable de Competencia en la UE, el objetivo no es tanto la multa como remediar la situación que pervierte el mercado lo antes posible para que no se lleve por delante a las alternativas de la empresa incumplidora. Esto último es lo que sucedía, en bastantes ocasiones, con las normas que regulan los mercados más antiguas. Por eso el DMA, una norma que se aprobó en 2022 y empezó a aplicarse progresivamente en 2023, impone obligaciones adicionales a esos guardianes. Eso implica, para los gigantes digitales, cambiar su modelo de negocio que, en varias ocasiones, tiene como consecuencia la desaparición de la competencia.

“Esta aplicación del DMA afecta negativamente a productos de uso cotidiano. Para cumplir con ella, nos vemos obligados a eliminar funciones de búsqueda en tiempo real que gustan a los europeos, como los precios instantáneos y la disponibilidad de hoteles, vuelos y restaurantes, y a desmantelar las medidas de seguridad de Google Play”, advierte Google, en respuesta a la medida adoptada por la Comisión Europea. Según los números de la tecnológica estadounidense, partes clave de la industria turística europea pueden verse afectadas y las reservas hechas a través del buscador caer un 30%.

El asunto del buscador ejemplifica claramente qué es un guardián del mercado digital o gatekeeper, un concepto introducido por el DMA en las normas de competencia europeas. Son empresas digitales de gran tamaño cuyo comportamiento, por su posición hegemónica en los mercados, acarrea el riesgo de quebrar las reglas para competir en igualdad de condiciones. Ese gran tamaño se define con unos umbrales numéricos: tener 45 millones de usuarios en la UE, una facturación mínima durante los últimos tres años en el espacio económico europeo (la UE más Noruega, Islandia y Liechtenstein) de 7.500 millones de euros en cada uno de los últimos tres años o un valor bursátil superior a los 75.000 millones. Estas compañías, además, deben operar en la UE, lo que sucede cuando está presente en un mínimo de tres Estados miembros.

Esta norma que señala principalmente a los gigantes tecnológicos estadounidense ha sido muy criticada por la Administración de Donald Trump, junto con el reglamento de servicios digitales (DSA, por sus siglas en inglés). La Casa Blanca ha llegado a amenazar con aranceles por lo que consideran un trato discriminatorio hacia las compañías norteamericanas. Y esta multa llega cuando Trump tiene que decidir cómo mantiene los aranceles, ahora bajo un régimen provisional tras haber sido anulados por el Supremo. “Nuestra obligación es cumplir con la ley y garantizar que las normativas adoptadas por nuestras instituciones soberanas se apliquen plenamente y se respeten”, ha defendido Ribera. “Además, si nos centramos más específicamente en lo que ocurre en Estados Unidos, no hay tanta diferencia en cuanto a cómo se llevan ante los tribunales casos similares y cómo los tribunales emiten sentencias similares, tampoco en cómo los equipos técnicos del Departamento de Justicia y de la Comisión Federal de Comercio adoptan sus enfoques”, ha argumentado la comisaria.

Desde 2017, la Comisión ha multado a Google en cuatro ocasiones con multas milmillonarias. De hecho, copa el podio de sanciones más cuantiosas impuestas hasta ahora por la Comisión Europea: una de 4.343 millones, que ha sido confirmada recientemente en los tribunales con una minoración ligera (a 4.125 millones); otra de 2.954 millones, que era la más reciente hasta ahora y sobre la que los jueces todavía no han dicho nada; y una tercera de 2.424 millones que ya está ratificada por la justicia europea. El Tribunal General de la UE anuló la cuarta, de 1.494 millones, pero el fallo ha sido recurrido ante el TJUE.