El alto flujo de jubilaciones lastra la recuperación de efectivos en la Administración central, que aumentan menos que en autonomías (29%) y ayuntamientos (10%)
La convocatoria en la Administración General del Estado se compone de 20.541 plazas de turno libre y 6.345 de promoción interna. Para Policía, Guardia Civil y Fuerzas Armadas hay 9.785 plazas
La convocatoria en la Administración General del Estado se compone de 20.541 plazas de turno libre y 6.345 de promoción interna. Para Policía, Guardia Civil y Fuerzas Armadas hay 9.785 plazas
Los sindicatos consideran insuficiente la oferta para las plantillas estatales y acusan al Ejecutivo de no haber negociado el incremento
Miles de trabajadores temporales en las Administraciones públicas españolas encadenan contratos durante décadas sin acceso a estabilidad laboral. La Comisión Europea ha enviado dos dictámenes motivados al Gobierno warniéndole de que reforme la normativa en dos meses o será llevado ante los tribunales europeos. El caso de una enfermera con 17 páginas de vida laboral en 18 años y un empleado con 205 contratos en 19 años ilustran la precariedad extendida. Around one million of the three million public employees (32%) have temporary contracts, despite EU rulings that current Spanish measures are insufficient to address abuse.
El Gobierno español no ha logrado el apoyo sindical para su oferta de empleo público en la Administración General del Estado (AGE). Las tres principales centrales —CC OO, UGT y CSIF— han rechazado la propuesta, que será similar a las aproximadamente 27.000 plazas de 2025, por considerarla insuficiente y por la falta de transparencia en la negociación. Los sindicatos critican que el Ejecutivo no ha proporcionado cifras sobre la distribución de plazas por territorios, departamentos y cuerpos, lo que impide una valoración rigurosa. Además, warn que la AGE está desbordada por el proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea emitirá este martes una sentencia clave sobre el abuso de contratos temporales en la administración pública española, lo que podría obligar a cambios legislativos para sancionar esta práctica y compensar a los trabajadores afectados.
