Sánchez impulsa los Presupuestos de 2027 para ganar tiempo en plena crisis del PSOE

En plena crisis política, electoral y judicial que atraviesa el PSOE, Pedro Sánchez ha decidido redoblar su apuesta por la continuidad de la legislatura. Desde Cataluña, el presidente ha desplegó este miércoles una batería de mensajes dirigidos a sus socios parlamentarios en un momento en el que el desgaste de los sucesivos casos que cercan al partido empieza a pasar factura también a quienes sostienen al Gobierno. El gesto más relevante fue el anuncio de que iniciará la tramitación de los Presupuestos para 2027, una decisión que, por un lado, proyecta un horizonte de continuidad y, por otro, sometería esa mayoría parlamentaria a una prueba decisiva en un momento de creciente incertidumbre, algo que algunos de sus socios también le piden a través de una cuestión de confianza.

Sánchez trata de aferrarse a la idea de que la legislatura sigue viva mientras se multiplican los frentes que amenazan su estabilidad. La estrategia de Moncloa pasa por ganar tiempo y trasladar una imagen de normalidad institucional en medio de una crisis judicial y política que no deja de crecer. Para ello necesita, por encima de todo, que sus socios parlamentarios mantengan el respaldo y sigan descartando cualquier alternativa que pueda precipitar el final del mandato, como una moción de censura.

Junts, PNV y Coalición Canaria ya plantearon públicamente la conveniencia de un adelanto electoral o, al menos, de una prueba parlamentaria que permita comprobar si el Gobierno conserva la mayoría que le llevó a la investidura de Sánchez. En ese contexto, el presidente opta por impulsar el mandato que lleva incumpliendo tres años: la presentación de unos Presupuestos Generales del Estado. Pero no serán las cuentas de este año, sino las de 2027, una decisión que tiene un evidente mensaje político.

Por un lado, busca trasladar la imagen de un presidente que da por descontado que agotará la legislatura; por otro, implica acabar sometiendo a su Gobierno a una votación que funcionaría de facto como una cuestión de confianza. En todo caso, el tiempo que lleva tramitar las cuentas ya le daría más oxígeno. Los tiempos parlamentarios se dilatan muchísimo más que los de una cuestión de confianza y, si las cuentas llegan finalmente al Congreso, la votación se produciría ya en la recta final de la legislatura, permitiéndole aplazar durante meses un examen parlamentario que podría acabar en convocatoria electoral.

De hecho, Sánchez ya dio este miércoles pistas sobre ese calendario: esta semana se aprobará la orden del Ministerio de Hacienda para, ya en el segundo semestre del año empezar a poner el proyecto en marcha, con el fin de "tramitarlo y llevarlo al Parlamento lo antes posible". En todo caso, no es la primera vez que Sánchez hace este anuncio. La orden ya se aprobó en dos ocasiones más en esta legislatura, en concreto, en noviembre de 2023 y en junio de 2024, y en ninguna de las dos los Presupuestos llegaron a someterse a una votación en el Congreso.

Pero más allá del órdago presupuestario, Sánchez aprovechó este miércoles su intervención para reactivar el mensaje dirigido a los partidos que sostienen al Gobierno, y lo hizo el mismo día en el que se conoció el sumario de la UCO sobre las cloacas del PSOE. Ante los empresarios catalanes reunidos en el Cercle d'Economia y en plena ofensiva del PP para explorar una eventual mayoría alternativa —con Alberto Núñez Feijóo tendiendo la mano a Junts y al PNV para una moción de censura instrumental—, el presidente reivindicó el cumplimiento de los acuerdos que hicieron posible su investidura en 2023.

Sánchez se comprometió a seguir desarrollando los pactos alcanzados con Junts, ERC y el PNV, convencido de que son precisamente esos compromisos los que han permitido mantener la estabilidad parlamentaria durante una legislatura cada vez más erosionada por los distintos frentes judiciales que cercan al Ejecutivo y al PSOE.

En ese intento de afianzar a sus aliados, el presidente volvió a poner sobre la mesa algunos de los asuntos más sensibles para sus socios. Reivindicó la necesidad de seguir "abordando las raíces del conflicto territorial" en Cataluña, defendió avances en el nuevo modelo de financiación autonómica y volvió a situar la aplicación plena de la ley de amnistía como uno de los objetivos pendientes de la legislatura. Un mensaje que no pasará desapercibido para Junts y ERC, ya que supone insistir en el regreso de Carles Puigdemont a España y la recuperación de los derechos políticos de Oriol Junqueras, que actualmente sigue inhabilitado.