EE.UU. acusa al gobernador de Sinaloa y a otros nueve funcionarios de colusión con el Cártel de Sinaloa

El Gobierno de Donald Trump llevó este miércoles a cotas nunca antes vistas su cruzada contra el crimen organizado en México, y su corolario, la narcopolítica, al acusar al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, así como a un senador de Morena, el partido oficialista, y a otros ocho funcionarios, de colusión con el cártel fundado por el capo Joaquín El Chapo Guzmán y su socio Ismael El Mayo Zambada.

La acusación, hecha pública por el Departamento de Justicia estadounidense y por la agencia antidroga (DEA), traslada una enorme presión a la Administración de Claudia Sheinbaum, que deberá explicar cómo es que las supuestas actividades delictivas de Rocha —miembro de Morena— pasaron inadvertidas para su Gobierno, si finalmente resultan probadas.

De momento, la Cancillería mexicana ha admitido que Washington ha pedido la captura y extradition de los acusados, pero ha advertido de que no les han presentado pruebas suficientes como para hacerlo.

La decisión del fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, de lanzar una investigación contra un grupo de funcionarios por conspirar con líderes del Cártel de Sinaloa para importar presuntamente enormes cantidades de heroína, cocaína o fentanilo a Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos, supone el mayor golpe de Washington contra políticos de México desde el caso contra el general Salvador Cienfuegos. Exsecretario de la Defensa, fue capturado por supuestos nexos con el narco. En aquella ocasión, Cienfuegos terminó en libertad gracias a las presiones del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, al que también se le conocen sólidos lazos con Rocha.

La investigación de Estados Unidos documenta la íntima colaboración del gobernador y de su círculo con Los Chapitos, la facción encabezada por los hijos de Guzmán, para operar libremente en Sinaloa e introducir toneladas de drogas en Estados Unidos. A cambio, dice la acusación, el cártel pagaba sobornos regulares a mandos de la Fiscalía y la Policía estatal.

En el caso del mandatario, aunque no se le adjudican sobornos, el expediente indica que llegó al cargo ayudado por Los Chapitos y que desde la gubernatura ha devuelto el favor dando protección a sus operaciones criminales.

El golpe asestado por Washington llega en un momento delicado de la cooperación bilateral, a raíz del descubrimiento de que agentes de la CIA estaban desplegados en labores de seguridad en suelo mexicano, algo prohibido por la ley. México lanzó un extrañamiento diplomático exigiendo una explicación.

En ese contexto, el embajador estadounidense, Ronald Johnsson, en otro inusual gesto, viajó a Sinaloa la semana pasada y, en el marco de un anuncio de inversiones estadounidenses, lanzó una dura crítica al Gobierno mexicano por su inacción frente a la corrupción. Su presencia en ese Estado del pacífico mexicano acabó siendo, después de todo, el anuncio de lo que vendría.

En su segundo mandato, Trump ha emprendido una agresiva campaña contra los funcionarios corruptos extranjeros que facilitan las operaciones del crimen organizado. Algo que, sin embargo, no le ha impedido indultar al expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años por complicidad en el contrabando de cientos de toneladas de cocaína a Estados Unidos.

Hace meses que, gracias a filtraciones en la prensa estadounidense, en los mentideros políticos de México se habla de que Washington posee una “lista” en la que constan los nombres de los presuntos narcopolíticos. Ciertas maniobras de Washington parecieron respaldar esa narrativa. Entre ellas, la cancelación de la visa de varios funcionarios fronterizos, incluidos gobernadores.

Estos días, Los Angeles Times reveló que a Rocha también se le había revocado el visado, y que la medida se enmarcaba en una gran cruzada de Estados Unidos —encabezada por el embajador Johnson— contra los políticos mexicanos corruptos.

Las sospechas sobre Rocha vienen de tiempo atrás, por lo que la acusación de Washington es más una confirmación. En 2024, Ismael El Mayo Zambada, exsocio de El Chapo Guzmán, fue capturado y entregado a EE.UU. en turbias circunstancias. Luego, Zambada acusó que fue llevado a una trampa por Los Chapitos, que lo convocaron a una reunión donde, le prometieron, estaría el gobernador Rocha (que nunca se apareció). En lugar de eso, lo secuestraron y llevaron a Estados Unidos contra su voluntad, según su relato.

Esa presunta traición originó la sangrienta guerra entre Los Mayos y Los Chapitos que ha dejado centenares de muertos y desaparecidos en Sinaloa. Rocha dijo en su momento que era falso que él fuese a estar en aquella reunión, y que ni siquiera estaba en México por esas fechas. Ahora, a raíz de la acusación de Estados Unidos, ha dicho que es parte de una campaña política contra Morena.

“El Cártel de Sinaloa es una organización criminal despiadada que ha inundado este país con drogas peligrosas durante décadas”, declaró este miércoles el fiscal federal Clayton. “Como lo revela la acusación, el Cártel de Sinaloa y otras organizaciones de narcotráfico similares no operarían con tanta libertad ni éxito sin políticos y funcionarios policiales corruptos a sueldo”.

El fiscal también lanzó una advertencia “a todos los funcionarios del mundo que colaboran con narcotraficantes”. “Sin importar su cargo o posición, estamos comprometidos a llevarlos ante la justicia”, dijo.

“La corrupción que facilita el crimen organizado y perjudica a ambos países será investigada y perseguida dondequiera que sea aplicable la jurisdicción de Estados Unidos”, declaró, por su parte la Embajada de Estados Unidos en México en un comunicado emitido tras el anuncio de la acusación.

Además de Rocha, el Gobierno estadounidense busca al exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, Enrique Díaz Vega; el fiscal adjunto de la Fiscalía estatal, Dámaso Castro Saavedra; los exjefes de la policía de investigación Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez; el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez; el exsubdirector de la policía del Estado, José Antonio Dionisio Hipólito; el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; y el excomandante de alto rango de la policía municipal de Culiacán, Juan Valenzuela Milán.

Este último recibía, según la Fiscalía de Nueva York, más de 1.600 dólares mensuales de Los Chapitos a cambio de utilizar a la Policía Municipal de Culiacán para llevar a cabo detenciones, secuestros y asesinatos. En octubre de 2023, siempre según el pliego de la acusación, ayudó presuntamente al clan a secuestrar a una fuente confidencial de la DEA y a un familiar de esta, quien posteriormente fue torturado y asesinado.