Sánchez busca oxígeno político en el Congreso ante la acumulación de casos judiciales

En pleno laberinto judicial por los casos de corrupción que cercan al Gobierno y al PSOE, Pedro Sánchez comparece este miércoles en el Congreso con el objetivo de recuperar algo de oxígeno político.

Lo hará tras un mes encadenando escándalos judiciales y apenas unos días después de la condena del exministro José Luis Ábalos, en un contexto en el que el desgaste ya no inquieta solo a los socialistas, sino que pone a prueba la paciencia de unos socios cada vez más escépticos.

En Moncloa avanzan que el presidente pasará a una estrategia ofensiva contra el PP para tratar de levantar la moral de su partido y de los que le apoyan.

El presidente tratará de minimizar lo que su entorno considera una "escandalera" desproporcionada, presentando buena parte de los frentes judiciales como una campaña política de la derecha para erosionar al Gobierno.

"Vamos a intentar poner los hechos blanco sobre negro", resumen fuentes gubernamentales, que anticipan un discurso más combativo, en el que Sánchez abordará "de frente" los asuntos que están poniendo al límite al Gobierno y al PSOE.

Entre el recurso al ‘y tú más’ contra el PP y la reivindicación de que al comisionista de la trama, Víctor de Aldama, la corrupción "le sale a devolver", Moncloa trata de encontrar una salida política a una concatenación de casos judiciales que erosionan al PSOE y amenazan con extender el desgaste a toda la mayoría de investidura.

Los socios han endurecido el tono en los últimos días y reclaman que Sánchez haga una limpieza en su partido, ofrezca explicaciones convincentes y ponga en marcha una agenda política capaz de justificar la continuidad de la legislatura.

En el Gobierno avanzan que la comparecencia será más discursiva que la del año pasado tras la caída en desgracia de Santos Cerdán, descartando que los anuncios o las medidas sean el hilo conductor de su comparecencia, pese a la presión de sus socios.

La intención, explican en Moncloa, no es comparecer a la defensiva, sino darle la vuelta al tablero.

Sánchez tratará de cuestionar el relato de la oposición y presentar los distintos frentes judiciales que cercan al Ejecutivo como parte de una ofensiva política y mediática de la derecha destinada a desgastar al Gobierno y erosionar su legitimidad.

Una estrategia que, sostienen, magnifica de forma "desproporcionada" cada novedad judicial con el objetivo último de forzar la caída del presidente.

El problema para Sánchez es que esa tesis llega cuando las causas se acumulan y cuando incluso sus socios reclaman explicaciones adicionales y medidas de regeneración.

Uno de los asuntos sobre los que tendrá que pronunciarse es la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por el caso Plus Ultra.

Las explicaciones llegan con un mes de retraso, después de semanas en las que el PSOE ha optado por cerrar filas en torno al expresidente apelando a la presunción de inocencia.

Hasta ahora, Sánchez se ha limitado a expresar su confianza en él, evitando entrar en el debate más incómodo para los socialistas: el de las joyas halladas en su despacho y las dudas éticas que han abierto incluso dentro del propio partido.

A ello se suma el caso de las presuntas cloacas del PSOE, una investigación que ha seguido incorporando más elementos comprometidos para Sánchez.

Desde las anotaciones de la agenda de Leire Díez que apuntan a reuniones con la directora de la Guardia Civil hasta referencias al propio presidente del Gobierno, cada nueva revelación ha elevado la presión sobre Ferraz.

La respuesta socialista ha consistido, hasta ahora, en levantar un cortafuegos alrededor de Santos Cerdán y presentar la supuesta trama como una actuación aislada del exsecretario de Organización, tratando de evitar que el desgaste alcance a la dirección del partido o a La Moncloa.

Sin embargo, en el entorno del presidente son conscientes de que el asunto que más moviliza a los suyos es la investigación del juez Juan Carlos Peinado contra Begoña Gómez.

Precisamente este mismo miércoles, mientras Sánchez comparece en el Congreso, su esposa deberá entregar el pasaporte en cumplimiento de las medidas cautelares acordadas por el magistrado.

El Gobierno asegura que el presidente abordará el caso, aunque evitando referencias a esa imagen.

Será, previsiblemente, uno de los momentos en los que Sánchez volverá a cargar contra lo que considera una persecución judicial y política, un terreno en el que sus colaboradores creen que logra activar a parte de su electorado.

Respecto a la condena de José Luis Ábalos a 24 años de cárcel, distintos miembros del Gobierno reconocen la gravedad de los hechos, pero descartan de plano cualquier asunción de responsabilidades políticas, como la dimisión del presidente.

La tesis del Ejecutivo es que el PSOE ya actuó cuando apartó al exministro del Gobierno y del partido y que, por tanto, no hay nada más que depurar.

En cambio, el presidente podría poner el foco en que el presunto comisionista de la trama, Víctor de Aldama, haya quedado en libertad y en lo que consideran una llamativa desproporción entre el castigo recibido por uno y otro.

Es precisamente ahí donde el Gobierno pretende apuntalar la teoría del 'triunfo del corruptor'.

En el entorno de Sánchez creen que el protagonismo adquirido por Aldama puede acabar volviéndose contra quienes se acerquen demasiado al comisionista.

Sostienen que la imagen de la oposición alineándose con quien consideran el verdadero beneficiario de la trama acabará teniendo costes electorales.