20 años del Estatut de Catalunya: el hito que fracturó España y alumbró el 'procés'

Este miércoles se cumplirán 20 años del Estatut de Catalunya. Nadie tiene intención de celebrarlo, pero gran parte de lo que hoy ocurre en la política española se explica a partir de aquel hito.

El 18 de junio de 2006 se votó un nuevo Estatut cuya negociación había dejado exhaustos a partidos y ciudadanos. Solo fue a votar el 48,8% del censo. El aniversario pasará sin pena ni gloria porque ningún partido quiere recordar el alumbramiento de la actual carta política de los catalanes, que acabó en una notable crisis constitucional. Primero porque el texto votado no se corresponde con el vigente por los recortes del Tribunal Constitucional y, segundo, por lo que tuvo de espoleta del proceso independentista.

Para el PSC, hoy en el gobierno de la Generalitat, fue una aventura fallida. Después de décadas de pujolismo, Pasqual Maragall había alcanzado la presidencia gracias a un tripartito con ERC e ICV, los mismos referentes que hoy sostienen a Salvador Illa desde fuera al Ejecutivo. Maragall quiso abrir el melón del Estatut. Le pareció que era la manera de superar la etapa del victimismo pujolista, de forjar el definitivo encaje federal de Catalunya en una “España plural”. Era también un proyecto a compartir con sus socios.

Pujol, en cambio, nunca quiso reformar el Estatut de 1979. Temía que acabara en una recentralización y una mayor división interna en Catalunya. Confiaba más en el pragmatismo del “peix al cove”, en los réditos de intercambiar autogobierno por votos en el Congreso. Pronto se vio que la discusión del Estatut lo invadió todo y el PSC acabó atrapado en su tela de araña. La primera víctima fue el gobierno de coalición. Pese a su implicación en las negociaciones, ERC pidió el voto en contra y Maragall les expulsó del Govern. Fue el primer signo de la rivalidad entre ERC y Convergència por el votante independentista, que luego arreciaría hasta condicionar de forma determinante el procés .

El PSC acabó por perder el poder tras la sentencia del Constitucional. José Montilla se sumó a la primera gran manifestación independentista en 2010 en un intento de controlar el malestar, pero no sirvió de nada. El PSC se sumió en una crisis tremenda, atenazado por la división interna. Tocó fondo: 16 diputados en 2015. Los socialistas catalanes poco tienen que conmemorar del Estatut. Tampoco ERC, que pidió el no junto al PP, aunque por motivos opuestos. Ni Convergència. Artur Mas hizo campaña por el sí después de pactar algunos flecos con Zapatero, pero tras la sentencia dio por cerrada la etapa autonomista y entró de lleno en el procés .

El movimiento por la secesión acabó con los gobernantes catalanes en la cárcel o en el extranjero. Los indultos y la ley de amnistía han marcado las legislaturas de Pedro Sánchez y han enconado su enfrentamiento con el poder judicial, muy presente en este final de mandato. La alta judicatura reprocha a Sánchez una amnistía que creen que ha dado motivos a los tribunales europeos para enmendarles la plana. Pero aún les soliviantó más la referencia al lawfare del pacto con Junts. Los recelos de los magistrados ya venían del Estatut, que recogía un Poder Judicial catalán, lo que suponía descentralizar el nombramiento de los jueces, algo que fue eliminado por el Constitucional.

El Tribunal de Justicia de la UE se pronunciará sobre la amnistía el 16 de julio y, si todo va como prevé el Gobierno, el Constitucional podrá avalarla después de forma que podrá aplicarse por completo. Se cerrará así un ciclo. ¿Qué vendrá entonces? Si se confirman los sondeos y gobierna el PP con Vox, ¿recuperará el independentismo la fuerza que tuvo?

Un gobierno de Alberto Núñez Feijóo con apoyo de la extrema derecha dejaría a Catalunya como uno de los pocos territorios gobernados por la izquierda. En la Generalitat temen al aislamiento político y la retirada de inversiones o traspasos comprometidos. Si Isabel Díaz Ayuso ha rentabilizado políticamente el choque con Sánchez, podría hacer lo mismo Illa frente a Feijóo. Pero en Catalunya lo capitalizaría el independentismo. Illa, que necesita del apoyo de ERC, podría verse arrastrado, como le ocurrió a Montilla. Está a punto de cerrarse una etapa de 20 años. Veremos qué depara la siguiente.

El calvario judicial del PSOE, imparable

Aunque estemos ya en verano, la bola de nieve de las causas judiciales que afectan al PSOE cae rodando cada vez más deprisa y más grande. Sobre Zapatero hay varias piezas separadas y secretas que se irán conociendo en los próximos meses. La sentencia sobre Ábalos y Koldo por las mascarillas llegará la próxima semana, probable preámbulo de la declaración de Zapatero ante el juez. Tampoco se retrasará mucho la que afecta al hermano del presidente, David Sánchez. Para después del verano se espera la traca final: la posible imputación del PSOE por el caso Leire, aunque la bomba será en otoño con la causa que instruye Ismael Moreno por presunta financiación irregular. Sobre el PP, la sentencia de la Kitchen llegará tras el verano.

Los Óscars, al contraataque

Pese al calendario judicial que le espera al PSOE, Pedro Sánchez está decidido a continuar y a reforzar la tesis de que existe una animadversión hacia él por parte de instancias judiciales y policiales. El presidente desconfía cada vez más de los entornos políticos, pero necesita altavoces para lanzar ese mensaje. Para ello ha elegido a dos ministros, Óscar López, que es de las pocas personas que no ha caído de un cierto círculo de confianza (Sánchez se muestra cada día más reservado) y Óscar Puente, por su desinhibición en las diatribas contra la oposición. Ambos subrayan, por ejemplo, la doble velocidad de las investigaciones que afectan al PP o al PSOE u otras contradicciones con el objetivo de evitar la desmoralización de las filas socialistas.