El próximo 29 de noviembre España irá a las urnas, pero será toda Europa -con esperanza unos, con aprensión otros- la que contenga el aliento. De su resultado dependerá en gran medida que el giro conservador iniciado por la política europea en el 2024 se consolide y refuerce -con un estallido de la histórica alianza europeísta en el Parlamento Europeo como posible efecto secundario- o, por el contrario, se mantenga el delicado statu quo actual. España inaugura, anticipadamente, el baile electoral al que están llamados en los próximos meses Francia, Italia y Polonia. En todos ellos los partidos nacionalistas y de extrema derecha parten con gran fuerza, si no son favoritos.
No hay muchos jefes de gobierno socialdemócratas en la Unión Europea en este momento -sobran los dedos de una mano- y los pocos que hay son en general de países pequeños. Así, la danesa Mette Frederiksen -una socialista muy peculiar, por lo demás-, el maltés Robert Abela y el lituano Mindaugas Sinkevicius. El español Pedro Sánchez es el único al frente de un país grande (cuarto de la UE en población y en potencia económica), lo que le convierte en el principal referente de la izquierda en el Consejo Europeo y en contrapeso en un club mayoritariamente conservador.
Si, como apuntan los sondeos, las elecciones conducen a un cambio de gobierno en España, con el popular Alberto Núñez Feijóo como nuevo presidente -con el apoyo de la extrema derecha-, el paisaje europeo cambiará radicalmente. “La ausencia de Sánchez sería un desastre porque acabaría desnivelando el Consejo y el equilibrio de la política europea”, apunta un destacado miembro del grupo Socialistas y Demócratas (S&D) del Parlamento Europeo, dirigido por Iratxe García y donde los socialistas españoles constituyen la delegación nacional más importante.
De producirse este vuelco, no serían las elecciones en Francia, Italia y Polonia las que vendrían a compensarlo. Más bien al contrario. En Francia, la década liberal de Emmanuel Macron toca a su fin en 2027 y puede acabar en una auténtica debacle, abriendo paso al poder -por primera vez desde el fin de la Segunda Guerra Mundial- a un partido de extrema derecha. A siete meses de los comicios, la líder del Reagrupamiento Nacional (RN), Marine Le Pen, encabeza todos los sondeos de las presidenciales, tanto en la primera como en la segunda vuelta, mientras el país parece sumido en una profunda crisis, con los mercados financieros castigando su elevado déficit, los precios de los carburantes disparados y los estudiantes de bachillerato protagonizando violentos enfrentamientos con la policía en las calles.
En Italia, la primera ministra y líder del posfascista Hermanos de Italia, Giorgia Meloni, parte con ventaja para repetir en el cargo, con sus posibilidades reforzadas -a priori- por la reforma del sistema electoral aprobada este jueves y que da una prima de representación a aquellos partidos y coaliciones que alcancen el 42% de los votos. En Polonia, por último, el primer ministro conservador Donald Tusk parece bien encaminado en las encuestas para mantenerse en el gobierno, pero en todo caso si alguien puede amenazarle no es la izquierda sino el ultraconservador y ultranacionalista Ley y Justicia, que -por otra parte- le hace la vida imposible desde la Presidencia de la República.
Si el cuadro electoral que se acaba dibujando es el que auguran los respectivos sondeos nacionales, la correlación de fuerzas en Europa experimentará un fuerte giro a la derecha y podría acabar forjando una nueva mayoría entre el sector conservador de raíz democristiana y -si no todos, buena parte de- los partidos de ultraderecha.
De hecho, desde las últimas elecciones europeas, del 2024, esta confluencia ya se ha ido abriendo paso en el Parlamento Europeo, merced a la política de geometría variable auspiciada por el presidente del Partido Popular Europeo (PPE), el socialcristiano bávaro Manfred Weber. Aunque la mayoría que sostiene a la Comisión de Ursula von der Leyen sigue descansando en el bloque europeísta tradicional -integrado por populares, socialdemócratas y liberales, con el apoyo intermitente de los ecologistas-, los conservadores han aprovechado la posibilidad de articular “mayorías alternativas” -con los ultras- para impulsar algunas políticas difícilmente aceptables para sus socios.
El pasado septiembre, por ejemplo, presentó y consiguió aprobar en la Eurocámara una resolución que atribuía la crisis migratoria de Ceuta a la política de regularización extraordinaria de Pedro Sánchez, con el respaldo de los tres principales grupos de extrema derecha del parlamento: los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) de Giorgia Meloni y asociados, los Patriotas por Europa de Marine Le Pen -y Vox- y la Europa de las Naciones soberanas (ESN) que capitanea el partido Alternativa para Alemania (AfD). No fue algo casual. Votaciones conjuntas de este tipo se han dado en un total de 23 ocasiones, según la información recopilada en la lista EU Far-Right Tracker por la oenegé The Good Lobby, dirigida por el académico italiano Alberto Alemanno. “El PPE no se limita a coquetear con la extrema derecha, sino que ha institucionalizado una alianza táctica de conveniencia”, sostiene el grupo.
¿Puede esta alianza táctica convertirse en una alianza estratégica? Ante esta situación, en el seno del grupo S&D empiezan a escucharse voces favorables a una ruptura con el PPE y el pase a la oposición en el Parlamento Europeo en el caso de que los socialistas pierdan el gobierno en España. Los sectores más pragmáticos no ven esa salida con buenos ojos y alertan que ello podría comportar la caída del Ejecutivo Von der Leyen y la eventual sustitución de la actual presidenta de la Comisión Europea -que hace lo imposible por mantener amarrada su coalición- por un perfil más a la derecha. “No sería bueno que saltara la actual Comisión -constata el mismo dirigente socialista-, pero si se produce un giro ultraconservador, la situación podría devenir imposible”.
Llamada de socorro de Von der Leyen. La presidenta de la Comisión ha pedido esta semana el apoyo del Parlamento Europeo para frenar los recortes que se ciernen sobre el presupuesto comunitario actualmente en discusión. El grupo de los países llamados frugales (Austria, Dinamarca, Finlandia, Países Bajos y Suecia), capitaneados por Alemania, exige una rebaja de cientos de miles de millones en el proyecto de presupuesto elaborado por el Ejecutivo comunitario para el septenio 2028-2034, de 2 billones de euros. Ursula von der Leyen recordó a la cámara que su propuesta apenas representa el 1,26% del PIB de la UE y alertó de que su reducción “supondría el riesgo de recortar drásticamente en prioridades fundamentales que todos juntos hemos acordado”.
A Von der Leyen, de la CDU alemana, no le faltan apoyos en el Europarlamento, donde incluso el jefe de filas del PPE, el también alemán Manfred Weber (de la CSU, aliado histórico de la CDU), está contra los recortes de los fondos de cohesión y de la Política Agraria Comùn (PAC). No parece, sin embargo, que el canciller alemán, Friedrich Merz, les haya escuchado mucho hasta ahora... Los 27 entrarán de lleno en la negociación a partir de ahora, una vez la presidencia de turno irlandesa presente -hoy- el documento revisado (Negobox, en el argot comunitario), que ya incorporará la reducción de algunas partidas para intentar una primera aproximación de posiciones.
Ampliación con condiciones. La Comisión Europea ha propuesto esta semana incorporar un conjunto de medidas cautelares o de salvaguardia para que los futuros miembros de una UE ampliada no puedan estrenarse imponiendo su veto a acuerdos mayoritarios o poniendo en cuestión los principios fundamentales de la Unión. La propuesta de Bruselas, que deberá eventualmente ser ratificada por los 27 en la cumbre del 15 y 16 de octubre, instaura un periodo de 15 años durante los cuales los nuevos socios del club serán sometidos a una vigilancia especial, bajo la amenaza de sanciones que irían desde la pérdida de fondos comunitarios a la suspensión de su derecho de voto en el Consejo Europeo. Los candidatos más próximos a la adhesión son Montenegro -que podría ingresar en el 2028-, Albania, Moldavia y Ucrania, ya de cara al 2030.
