Aumento de llegadas de taxi-pateras a las costas de Murcia genera tensión entre autoridades y sindicatos

Las llegadas de taxi-pateras o narcolanchas a las costas de la Región de Murcia, con decenas de inmigrantes a bordo, se han convertido en un suceso constante y continuo durante el periodo estival. La última de ellas, en la tarde del pasado viernes, cuando la Delegación del Gobierno informó de la interceptación de una embarcación con 23 personas inmigrantes a bordo, a 45 millas al suroeste de la costa del Cabo de Palos.

Era el tercer episodio en la semana en la que finalizaban las vacaciones y también un mes, el de agosto, que ha estado marcado por la aparición recurrente de este tipo de embarcaciones motorizadas que, si bien suelen ser habituales en esta época estival, este año han aumentado de forma exponencial.

La alerta saltó el pasado 19 de agosto, cuando, alrededor del mediodía, una de estas lanchas llegaba a la Cala de Barco, en Cartagena, mientras los bañistas y turistas, que disfrutaban de un día de verano, asistían temerosos e incrédulos ante lo que estaban viendo. A escasos metros de la orilla, las personas que habían sido transportadas hasta allí se lanzaron al agua para nadar rápidamente hasta la playa sin ningún dispositivo policial que lo impidiese. Numerosos vídeos que circularon en las redes sociales lo atestiguan.

En total, según informó la Delegación del Gobierno, fueron 62 personas, presumiblemente de nacionalidad argelina. 45 varones, dos mujeres y 15 menores de edad, todos ellos hombres, que fueron localizados por la Guardia Civil, atendidos por la Cruz Roja y puestos a disposición de la Policía Nacional.

Tres días después, la Guardia Civil volvió a detectar otra embarcación en la Cala Dentoles, en el Parque Regional de Calblanque (Cartagena). Esta vez, la cifra se rebajó hasta las 49 personas: 39 varones, una mujer y nueve menores, también hombres. Y al igual que en la ocasión anterior, todos ellos fueron localizados, atendidos y puestos a disposición de la Policía.

Ante esta situación, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, trasladó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su descontento mediante una misiva que hizo pública en sus redes sociales el día 24 de agosto.

En esa carta, el barón popular le transmitió al líder del Ejecutivo su "preocupación" por la llegada de estas lanchas sin "ningún control" y sin que se ofreciera una "respuesta adecuada" por parte de las autoridades competentes para garantizar la seguridad y el control de las fronteras.

Además, López Miras insistió en la reclamación de más medios para que la Guardia Civil pudiera ejercer su labor, pues la única patrullera disponible para atajar la "incesante" llegada de "lanchas motores ilegales", no estaba disponible por una avería.

Y finalizó aquella misiva dejando constancia de su preocupación por si la "invasión" sufrida en Ceuta podría hacer que "los miles de inmigrantes que no cumplieron con su objetivo de quedarse (…), busquen vías alternativas para salir".

Todas las críticas apuntaron entonces al delegado del Gobierno, Francisco Lucas, quien, en respuesta, acusó al presidente regional de "utilizar la inmigración para generar alarma social, asustar a la población y tapar su incapacidad" y lamentó que el líder autonómico vinculase lo sucedido en la ciudad autónoma con este otro fenómeno. Al día siguiente, el Delegado solicitó una reunión con López Miras para abordar conjuntamente la inmigración irregular, pero dicho encuentro fue rechazado.

El 27 de agosto, el presidente regional celebró un Consejo de Gobierno en Cartagena, al que también asistió la alcaldesa de la ciudad, Noelia Arroyo, y donde ambos se reunieron con representantes de asociaciones policiales y de la Guardia Civil.

La regidora y el presidente trasladaron a la opinión pública su preocupación y pidieron al Gobierno central activar "los recursos necesarios, e incluso militares, para vigilar [las costas] con efecto disuasorio".

Seguidamente, el día 28, la Delegación de Gobierno anunció la reparación de esa embarcación semirrígida S-40, que permanecía averiada; la presencia continúa de un Buque de Altura de la Guardia Civil, "en exclusiva para la Región de Murcia", y el refuerzo de una Patrullera de Media Navegación Sostenida enviada desde Barcelona.

Sin embargo, después de otra interceptación en Cala Dorada, una más en Cabo Cope (Águilas) y la incautación de una embarcación cerca de Monte Cenizas -operación donde, además, se detuvo a los dos patrones de esas lanchas-, se produjo el episodio más preocupante el 2 de septiembre: tres guardias civiles resultaron heridos al ser embestidos por una de estas embarcaciones.

Un suceso, aún en proceso de diligencias, que terminó por agotar la paciencia del presidente autonómico, quien no dudó en apuntar directamente a Francisco Lucas y al Ministerio del Interior por su "inacción". "¿Qué más tiene que pasar para para que el Gobierno de España dote a la Guardia Civil de los medios necesarios para combatir a las mafias con seguridad y garantías?", se preguntó en su perfil de X, al tiempo que trasladaba su solidaridad y apoyo a los agentes heridos.

"Nos superan. Son bandas organizadas que se han profesionalizado y que manejan mucho dinero. Nos llevan varios pasos de ventaja. Con la falta de personal que tenemos y los medios, que no terminan de ser los que necesitamos ni los adecuados, nos encontramos un poco saturados, tanto en el mar como en tierra", afirma David Aguilar, portavoz del sindicato de la Guardia Civil, Jucil, en Murcia.

Según relata en una conversación con EL MUNDO estas embarcaciones, utilizadas tanto para transportar personas como cargamentos de droga, son de gran tamaño, en concreto, "unos seis o siete metros de largo" y con muchos caballos de potencia. "Traducido en el mar, estaríamos hablando de un deportivo de alta gama: un Ferrari o un Mercedes", añade.

Aun así, detalla que, en estas últimas semanas, tras producirse las últimas interceptaciones, las organizaciones habrían cambiado de estrategia, pasando a utilizar embarcaciones más pequeñas, "de usar y tirar", con un motor pequeño y en las que, incluso, la persona que las maneja es uno de los inmigrantes que pretende entrar al país. "No van a dejar de venir. Van a cambiar su sistema, habrá que ver ahora cuál es el método que utilizan", explica Aguilar.

Unas organizaciones que, además, no tienen ningún temor para entrar a un playa donde hay gente si lo consideran necesario, una acción que podría provocar daños en la población civil. "Si se ven acosados o acorralados, no lo dudan. Les da igual. Si tienen que entrar con velocidad porque vienen huyendo, no se cortan. No les da ninguna vergüenza ni ningún pudor", subraya.

Sobre que la posibilidad de que pueda volver a ocurrir otra desgracia, Aguilar es muy claro al respecto: "Si no se ponen los medios suficientes, sí puede ocurrir. Siento ser así de pesimista, pero como no se ponga remedio -eso es dotar de material de protección adecuado y dar órdenes claras y concisas de actuación- creo que hay posibilidades de lamentar alguna desgracia".

Desde Jupol Murcia, sindicato de la Policía Nacional, Francisco Moreno, comparte la misma preocupación por la situación. "Cartagena cuanta con los efectivos que cuenta y muchos compañeros de Seguridad Ciudadana se tienen que desviar para ayudar a los compañeros de Policía Científica, o al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), para identificar a todas las personas que llegan a las costa. Mientras más policías se estén dedicando a este tema, menos quedan en la calle", sostiene en una conversación con este periódico.

En este sentido, explica cómo las buenas condiciones climáticas son siempre un aliciente para la llegada de estas taxi-pateras. "La gente no se siente segura. Estás con tu familia, en la playa y, de repente, llega una embarcación y la gente empieza a saltar y a correr. Los niños -y cualquier persona- se asustan. Es normal. Se ha convertido en una sensación de impunidad de estas mafias que es alarmante".

"Nos preocupa que no se tenga miedo, que no se respete y que se haya perdido el principio de autoridad de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Nos preocupa muchísimo esa sensación [de impunidad] y la falta de respaldo jurídico", afirma al tiempo que reclama un aumento en el número de plantilla, más medios y unos protocolos claros de actuación.

Procedimiento

Una vez en tierra e identificados, la defensa de estos inmigrantes pasa, en ocasiones, a manos de los letrados de oficio del Ilustre Colegio de Abogados de Cartagena, quienes mantienen una entrevista con ellos en el CATE para analizar su situación.

Posteriormente, según detalla José Manuel Cubillas, diputado 2º de esta institución, la Delegación del Gobierno les notifica una resolución de devolución donde se les prohíbe entrar al país por un tiempo determinado. Documento contra el que cabe recurso de alzada.

La ejecución de esa devolución, siempre al país de origen, depende de si es aceptado o no por el gobierno extranjero. Transcurridas las 72 horas de permanencia en el CATE sin que sea posible el retorno, estas personas podrían circular libremente a la espera que el expediente sancionador se haga efectivo.

Los patrones de las embarcaciones que son detenidos por la Policía serían, presuntamente, responsables de la comisión de un delito y podrían enfrentarse a una pena de prisión con diferentes agravantes en función de las condiciones en las que se haya producido ese viaje: repostación en marcha, presencia de tabaco, elementos de salvamento o, en algunos casos, fallecimientos.