Ayuso acelera la construcción de vivienda con la Ley Líder y actualiza la Ley de Espectáculos

No quería Isabel Díaz Ayuso cerrar el curso político sin dejar a cero la lista de tareas pendientes de su Ejecutivo. «Aún así se han quedado cosas», bromean altos cargos de la Comunidad de Madrid después de que el último Consejo de Gobierno antes del parón estival tramitara un macropaquete de 72 medidas de todo tipo, entre las que destaca el plan autonómico para agilizar la construcción de vivienda como antídoto para la crisis habitacional que atraviesa España, con Madrid como punto candente de los precios.

Su propio nombre, Ley Líder (Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado de la Región), es un guiño a la estrategia de Ayuso, que busca capitanear la respuesta del Partido Popular, a través de sus gobiernos regionales, a la subida de los precios de la vivienda y contrastar con la hoja de ruta de Moncloa en la recta final de la legislatura. La normativa, materializada por ahora en proyecto de ley, arranca ahora su tramitación parlamentaria en la Asamblea, donde verá la luz verde previsiblemente rápido, en cuanto se retome la actividad en el mes de octubre.

La principal novedad que introduce la Ley Líder es la implantación de los Planes Estratégicos Municipales (PEM), que sustituirán al modelo tradicional de planeamiento. Desde ahora, los ayuntamientos podrán aprobar su planificación mucho más rápido: en un plazo de entre cuatro años y seis años, frente a los doce que actualmente pueden llegarse a dar.

La clasificación del suelo también es otro de los aspectos renovados en este nuevo texto legal, que busca activar nuevos mecanismos para agilizar la construcción, reducir la burocracia y acortar los procedimientos urbanísticos. Si hasta ahora existían cinco categorías de suelo en la legislación regional, la Comunidad de Madrid las rebajará a tres: suelo urbanizado, suelo rural protegido y suelo rural no protegido.

Además, la Ley Líder redobla la autonomía de los municipios. Los ayuntamientos de más de 15.000 habitantes de la región tendrán la capacidad de aprobar todos los instrumentos de planificación urbanística. La Administración regional, eso sí, mantendrá el control de la legalidad del proceso de calificación.

Con el fin de impulsar la vivienda y la regeneración urbana, la norma incorpora también un modelo pionero, según la Comunidad de Madrid, para remodelar barrios sin trasladar los costes a los vecinos. Y en el caso de los municipios pequeños, la Ley Líder establece por vez primera un régimen propio: contarán con un servicio regional de asistencia técnica para para que puedan elaborar su propio planteamiento urbanístico. Un equipo coordinado desde la Comunidad para, una vez más, acelerar el proceso de levantar casas.

La iniciativa se integra en una estrategia más amplia de impulso a la vivienda. Hasta ahora la normativa autonómica ha permitido conceder licencias para 3.679 viviendas en su primer año, con una previsión de alcanzar las 10.000 viviendas. A ello se suma la Aceleradora Urbanística regional, que ya ha impulsado proyectos para 17.600 viviendas, de las que casi 6.000 son protegidas, mediante la centralización de informes y la reducción de los tiempos administrativos.

Por otro lado, la Comunidad de Madrid ha aprovechado el lanzamiento de la Ley Líder para actualizar la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas (Lepar), vigente desde hace casi tres décadas y en el ojo del huracán por las restricciones por los decibelios de los grandes eventos. Entre las novedades que incluye esta puesta al día, la Administración autonómica traslada a los municipios de más de 20.000 habitantes la competencia para la autorización de espectáculos extraordinarios.

Además, se reforzará el régimen sancionador, con especial atención al cumplimiento de aforos en este tipo de eventos masivos, y se prohibirá el uso de llama viva, fuegos abiertos, bengalas y otros dispositivos pirotécnicos en establecimientos de hostelería y ocio, salvo en aquellos casos que cuenten con habilitación y autorización expresa.

«Con esta medida se pretende dar respuesta y prevenir situaciones como el incendio del restaurante Manuel Becerra o la tragedia vivida este invierno en la estación de esquí de Crans-Montana, en los Alpes», detalló ayer el consejero de Medio Ambiente, Carlos Novillo, que explicó el contenido de la norma tras el Consejo de Gobierno.