Bruselas sigue con muchísima atención la crisis migratoria de Ceuta y cómo está actuando el Gobierno de España. Se estima que más de 10.000 migrantes siguen dispersos por la ciudad autónoma, en pésimas condiciones de salubridad después de 19 días a la intemperie, y las preguntas que sobrevuelan cualquier análisis político de la situación son qué va a pasar con ellos y cuándo se conseguirá que sean devueltos a sus países de origen. A este respecto, la Comisión Europea se ha tomado muy en serio las declaraciones oficiales del Ejecutivo español en las que se asegura que ninguna de las miles de personas que todavía permanecen en Ceuta va a ser trasladada a la península ibérica y atan a Pedro Sánchez a cumplir ese compromiso.
Así lo ha hecho ver en público la Comisión Europea, que ha afirmado que es «importante» y que «toma nota» de las declaraciones de los ministros de Exteriores, José Manuel Albares, e Interior, Fernando Grande-Marlaska, quienes dieron el mensaje de que «nadie que se encuentre ilegalmente en Ceuta será trasladado a la España peninsular».
El encargado de subrayar esta frase fue el portavoz de la Comisión Europea sobre los Asuntos Internos, Markus Lammert, quien manifestó ayer en una rueda de prensa en Bruselas que ahora tienen «la expectativa» de que «todas aquellas personas que permanezcan ilegalmente en Ceuta sean devueltas» a sus países de origen. Incluidos los menores de edad.
Bruselas se toma, pues, las afirmaciones de Albares y Marlaska como un compromiso y «seguirá de cerca la situación». No en vano, es notorio que hay bastantes países europeos que recelan de que la crisis migratoria y humanitaria en Ceuta desemboque en la llegada de un importante número de migrantes al otro lado del Estrecho, y que puedan acabar entrando en sus países.
La verdad es que las palabras de Albares, el 11 de agosto, y Marlaska, el día 13, son tajantes al respecto. «Que quien entre irregularmente en Ceuta y Melilla sepa, porque España y Marruecos trabajamos conjuntamente para ello, que van a ser devueltos. No van a poder alcanzar ni la península, ni el continente europeo, ni quedarse indefinidamente en Ceuta o Melilla», dijo el ministro de Asuntos Exteriores.
«Ninguna persona que entre o pretenda entrar en Ceuta y Melilla de manera irregular [...], desde luego ninguno de ellos se va a quedar en Ceuta, ninguno de ellos va a ir a la península», aseguró Marlaska, quien además añadió que «ninguno de ellos va a ser regularizado».
Ese compromiso del Gobierno se enfrenta a enormes desafíos, como el de gestionar la vuelta de los menores, que no va a resultar nada sencilla por las garantías que existen en el sistema español y europeo, y que obligan a las autoridades a estudiar los casos de manera individualizada. Esto provocará que hasta en los expedientes aparentemente más sencillos se dé un largo trámite burocrático con tiempos de ejecución inciertos por el desborde que hay. Se tiene constancia de que hay 2.168 menores en Ceuta. Son los que por ahora ha identificado la Policía Nacional desde el 30 de julio hasta ayer, según fuentes oficiales del Ministerio del Interior. No obstante, se cree que hay muchos más en la ciudad, porque están los que se esconden para no ser filiados por temor a ser expulsados. Hay ONG que elevan la cifra a 4.000.
Consciente del problema, Bruselas empieza a presionar a España para que logre que «todos» los migrantes sean devueltos, una vez que Marruecos se ha prestado a colaborar, subrayando expresamente que en ese todos incluye a los menores. El portavoz de la Comisión respondió que «esto está regulado por el Derecho de la UE» y que la Directiva de Retorno aprobada en junio contempla disposiciones para la devolución de migrantes en situación irregular, «incluidos los menores no acompañados». «Así que esto también está cubierto por el Derecho de la UE».
Esta directiva europea mantiene la línea que también se expresa en la Ley de Extranjería española sobre la manera de expulsar a los menores. No hay ningún procedimiento automático ni general; al contrario, hay unas condiciones específicas y garantistas que obligan a las autoridades a individualizar los casos y a asegurarse de que las repatriaciones salvaguardan su bienestar.
«Antes de trasladar a un menor no acompañado fuera del territorio de un Estado miembro, las autoridades de dicho Estado deberán cerciorarse de que será devuelto a un miembro de su familia, a un tutor designado o a unas instalaciones de acogida adecuadas en el país de retorno», dice el texto. Es decir, si Marruecos colabora en serio puede ayudar a localizar a las familias u ofrecer plazas en centros de acogida que sean adecuados. Con otros países esto será más difícil y crea una encrucijada.
