Cataluña enfrenta dudas sobre exclusión excesiva de alumnos en pruebas PISA 2025

Los «errores» que impiden que los datos de Cataluña sean válidos para el Informe PISA que se publicará el 8 de septiembre siguen acumulando muchas más incógnitas que respuestas. La comparecencia que la consejera de Educación, Esther Niubó, ofreció este lunes con motivo del inicio del próximo curso escolar acabó centrada en este asunto, pero dejó nuevas dudas sobre los motivos que provocaron que un 23,2% de los alumnos seleccionados en 2025 para las evaluaciones quedase exento de realizar la prueba, un porcentaje muy superior al 5% recomendado como máximo por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), organizadora de estas pruebas internacionales con alumnos de 15 años.

Niubó reconoció que, entre abril y mayo del año pasado, el Ministerio de Educación alertó a la Generalitat, al menos hasta en siete ocasiones, del número excesivamente alto de estudiantes que habían quedado fuera de las pruebas PISA por criterios como el dominio insuficiente de la lengua o dificultades cognitivas, conductuales o emocionales.

Sin embargo, las conclusiones de las diligencias abiertas hace medio año por el Departamento de Educación y Formación Profesional para depurar responsabilidades aún no han aclarado por qué los avisos del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) no fueron atendidos cuando todavía era posible revertir la mala praxis (las pruebas fueron realizadas entre el 31 de marzo y el 16 de mayo). Según aseguró la consellera en su rueda de prensa, las notificaciones remitidas por el organismo ministerial al Consejo Superior de Evaluación del Sistema Educativo catalán nunca llegaron a su mesa ni tampoco se ha acreditado que fueran comunicadas a los centros escolares. Este ente autonómico ya extinguido, y cuyas funciones pasaron a la Agencia de Evaluación y Prospectiva de la Educación, era el encargado de organizar las pruebas PISA en la región. La duda todavía sin resolución es qué falló para que la cadena de transmisión quedase detenida en ese punto e impidiese la corrección de «unos hechos graves», como los definió la propia Niubó.

En una primera notificación, con fecha 9 de abril, el INEE ya alertó al Consejo Superior de Evaluación de un porcentaje de alumnos excluidos en Cataluña superior al de otras comunidades autónomas. Según reconoció la consejera, el órgano del Ministerio pidió expresamente que se recordase a los centros que «únicamente debía excluirse a aquel alumnado para el que resultara totalmente imposible comprender las pruebas o realizarlas con las condiciones requeridas». Según la información recabada por la Generalitat «no consta acreditado que esta advertencia llegara a los centros educativos ni que se pusieran en marcha actuaciones específicas de seguimiento o corrección». En ese momento, además, aún había colegios que tenían que hacer las pruebas.

Advertencias del INEE

El INEE siguió enviando informes técnicos con advertencias durante las siguientes semanas hasta la finalización del periodo de aplicación de las pruebas, el último de los cuales datado el 30 de mayo. Niubó señaló que la siguiente comunicación registrada sobre este asunto llegó a finales de febrero, cuando la Agencia de Valoración Prospectiva de la Educación fue «informada oralmente de una incidencia técnica en la aplicación de las pruebas del curso anterior», lo que llevó a abrir las diligencias informativas con carácter reservado. Y, según su relato, no fue hasta junio cuando el INEE «informó debidamente de los microdatos que acreditan que solo 5 de 51 centros cumplieron la tasa de exención del alumnado recomendada por la OCDE».

La titular de Educación aparcó cualquier dato adicional al proceso sancionador que se ha abierto por este caso. En concreto, la apertura de un expediente disciplinario a tres trabajadores, dos de los cuales son funcionarios y uno es un alto cargo del Departamento de Educación y Formación Profesional. Ninguno de ellos ejerce actualmente sus funciones. Dos de los expedientes incoados son por falta grave y el otro está abierto por falta leve debido a una posible infracción de la Ley de transparencia y buen gobierno. La investigación interna iniciada en marzo ha concluido que «hubo errores de interpretación, supervisión y transmisión de información» en el proceso de aplicación de las pruebas internacionales.