Catalunya excluida de PISA 2025 por fallos en coordinación y excesivas exclusiones de alumnos

Los fallos en la ejecución de las pruebas PISA podían haberse corregido a tiempo porque hubo hasta siete advertencias por parte del Ministerio de Educación. Estas fueron ninguneadas por los coordinadores del Consell Superior d'Avaluació que no las trasladaron ni a los centros educativos, para corregir las elevadas exclusiones, ni a los responsables políticos para redirigir la situación. Nunca llegaron a la mesa de la consellera Esther Niubó, según afirmó ella misma, que conoció el problema un año después. Para entonces, los responsables técnicos y políticos ya no estaban trabajando en el departamento de Educación.

A raíz de este despropósito, con una cadena de fallos encadenados, el Govern ha abierto expediente disciplinario a dos funcionarios y a un alto cargo por su presunta incompetencia a la hora de ejecutar la coordinación de las pruebas PISA en el año 2025 que ha dejado a Catalunya fuera de la comparativa internacional.

El lunes la consellera anunció también el relevo de su mano derecha, la secretaria de Educación Teresa Sambola, no vinculada a este caso, pero su destitución da mayor apariencia de contundencia a la respuesta política. El cambio de Sambola es para fortalecer “unas direcciones muy tensionadas y abrir una nueva etapa”, explicó Niubó.

Las diligencias que ahora se han cerrado no lo resuelven todo, aunque precisan algo más de lo sucedido. Todo falló. Desde las instrucciones a los directores sobre cómo funcionaría la prueba hasta la validación de las exclusiones que estos hicieron sobre una cantidad de alumnos excesiva. Tampoco se alertó, al parecer, a los máximos responsables que hubieran entendido la gravedad del asunto e intentado encauzar la situación. Se estaba a tiempo, pero desconocieron lo que estaba pasando.

Solo cinco de los 51 centros seleccionados para realizar la prueba siguieron las consignas adecuadas, un tope de 5% de alumnos excluidos, las mismas que presumiblemente sí siguieron el resto de autonomías españolas y otros países en el mundo. En su conjunto Catalunya alcanzó una tasa de exclusión del 23,2%. La no participación de alumnos es mayor pues hay que añadir las abstenciones, alumnos que no se presentaron a la prueba, cuya tasa la consellera no especificó.

Con todo, la investigación no ha resuelto por qué los directores excluyeron a tantos estudiantes. Cuál es la razón de que lo hicieran por encima de la tasa de otras evaluaciones internacionales, incluso de las competencias básicas, la evaluación del sistema educativo catalán. ¿Están los alumnos catalanes en peor condición que los de otras comunidades autónomas, que en el resto de países del mundo? La tasa casi quintuplica la recomendada y respetada por el resto de territorios.

La consellera exculpó a los profesores y dijo que fue una cuestión de información mal dada y peor acompañamiento. Pero entonces, ¿por qué las instrucciones que da la empresa encargada por la OCDE para supervisar las pruebas y los responsables del ministerio sí fueron entendidas en otras comunidades autónomas? ¿Por qué no se produjo un fallo similar?

“Los organizadores de la ejecución de la prueba no estuvieron a la altura de la responsabilidad que se les había encargado”, zanjó Niubó.

La titular de Educación dio una breve cronología del cúmulo de incidencias. En el 2025, el organismo competente para coordinar las pruebas era el Consell Superior d’Avaluació junto al Instituto Nacional de Estadísticas Educativas (INEE), dependiente del Ministerio de Educación.

El 11 de marzo se hizo una sesión informativa, independiente de la del INEE, con las direcciones de los 51 centros educativos para informar sobre el desarrollo de la prueba. Se dio la información facilitada por el INEE y por la empresa evalua­dora, la asturiana 2 E Evaluaciones y Estudios, certificada por la OCDE. “La información era correcta, pero incompleta porque no concretaba el tope del 5% de la prueba”, indicó la consellera.

Las direcciones revisaron el listado de seleccionados y decidieron las exclusiones de alumnos pertinentes. Una decena de centros registró una no participación de hasta un 40% de alumnos. El día de la prueba, además, no se presentaron todos los elegidos. Y no acudieron tampoco a la sesión de recuperación.

La primera advertencia llega el 9 de abril. “El INEE comunica al Consell que Catalunya presenta una tasa de exclusión superior al del resto de comunidades autónomas”, relata Niubó. “Y pide que se recuerde a los centros que solo puede excluirse a los alumnos a los que les resulte completamente imposible hacer la prueba”. Esta alerta se repite en seis informes posteriores, según el instituto va recibiendo los informes de las exclusiones de los centros educativos (las pruebas se celebran de marzo a a mayo). Se reciben días antes de la realización y los coordinadores deben repasarlos antes de entregarlos al ministerio.

En todo caso, ninguna petición de corrección llegó a los centros educativos que no revisaron los nombres de los excluidos. Tampoco se activaron medidas específicas para corregir o para evitar que sucediera en los centros que aún estaban pendientes de realizar la prueba. “Esto es relevante porque se hubiera estado a tiempo para actuar”, lamentó Niubó. “¿Se podía haber corregido? Sin duda”, contestó.

La consellera añadió que todo ello, según los correos rastreados, no salió del Consell d’Avaluació: “Nunca llegó a mi mesa ninguna información problemática sobre las pruebas PISA”, aseguró. Este diario ha sabido, a través de fuentes cercanas al consejo de dirección del departamento, que Niubó preguntó reiteradamente sobre la ejecución de las pruebas.

Pasó prácticamente un año y, a finales de febrero del 2026, la actual directora de la Agència d’Avaluació, organismo que sustituyó al Consell, es informada de unas incidencias en Catalunya. Eleva esta información al secretario de mejoras Educativas que abre en las diligencias de la que la consellera dio cuenta el lunes.

Estas no explican la razón por la que la participación de alumnos fue tan baja cuando en el resto de evaluaciones que pasa el sistema educativo catalán la exclusión respeta los estándares internacionales del 5%. En todo caso, Niubó asumió la responsabilidad de la conselleria: “No quedaba claro lo que los centros debían hacer”.

Tampoco explicó la razón por la que los técnicos del ministerio no pusieron en conocimiento de la grave desviación estadística, que podía haber comprometido la evaluación de España, a sus superiores que, de haberlo sabido, hubiesen alertado al Govern.

Estas concreciones, aseguró la consellera, podrían averiguarse en la investigación abierta sobre los funcionarios. En todo caso, continuó, el departamento ha actuado abriendo los expedientes y poniendo medidas para garantizar la fiabilidad de futuras evaluaciones. En este sentido, Niubó ha activado una nueva comisión de coordinación de evaluaciones que ya se ha reunido y dijo que reforzará la actual Agència d’Avaluació.

La conselleria no ha desvelado el nombre de las personas ahora investigadas. Dos infracciones son de carácter grave por su presunto incumplimiento de sus obligaciones y deberes como funcionarios públicos. La tercera es leve. Está basada en la ley de transparencia y buen gobierno y se justifica por presuntos actos de omisión que han causado negligencia. Ninguna de estas tres personas está trabajando ya en el Departamento de Educación.

No obstante, según ha podido saber La Vanguardia , el Consell Superior d’Avaluació contaba con una secretaria ejecutiva al mando y varios técnicos, uno de ellos un docente en comisión de servicios.

La secretaria ejecutiva era una profesora de solfeo y orientadora laboral, que llegó a ser jefe de estudios en la Escola del Treball, centro de FP de Barcelona. En el 2022 accedió al Consell, lo que supuso un gran salto profesional y retributivo. Hace medio año dejó el departamento y regresó como profesora al centro educativo.

Cuando la nombraron secretaria, el presidente era Carles Vega, profesor de lengua, antiguo concejal de ERC en Lleida y exdirector de servicios territoriales. Fue nombrado en septiembre del 2021 por el entonces conseller Josep Gonzàlez-Cambray, también profesor en Lleida. Vega fue destituido por la consellera Anna Simó en enero del 2024, precisamente por poner en duda la muestra de alumnos del informe PISA 2022 y atribuir los malos resultados a la población inmigrante, abriendo una crisis sin precedentes en la que intervino el propio presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, para desmentir esta versión.

Simó no nombró a nadie en su sustitución pues puso en marcha el decreto de creación de la Agència d’Avualuació i Prospecció, un organismo con estructura y financiación. La presidencia del Consell fue asumida eventualmente por la dirección de Currículum.

En septiembre del 2024 los socialistas se hacen cargo de la conselleria y retoman de inmediato el decreto de la Agència. Mientras ésta no se constituye se hace cargo la directora de Currículum, Mercè Andreu, bajo la responsabilidad de la secretaria de Mejoras Educativas, Josefa Beltrán.

Ninguna de las dos responsables de entonces están ya en el departamento. Ambas dejaron su cargo en octubre del 2025, un año después de ser nombradas, seis meses después de celebrarse las pruebas y seis meses antes de que se conociera el estropicio alertado por la OCDE. Andreu se fue de profesora a un centro y Beltrán se marchó a ocupar la consejería de Educación del Ministerio de Educación español en Bulgaria.