Los correos anunciando los ceses fulminantes con fecha de este lunes, 31 de agosto, corrieron como la pólvora hace 10 días entre los empleados públicos de todos los ministerios. Los recibieron centenares de funcionarios interinos contratados temporalmente por la Administración General del Estado para ayudar a gestionar los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (conocido por sus siglas PRTR). Los despidos, entre unos 300 y un millar, dependiendo de la fuente consultada, se producen tras una consulta de la Dirección General de Función Pública a la Abogacía del Estado sobre el destino de estos trabajadores contratados específicamente para estos programas, dado que la ejecución de los fondos europeos culmina legalmente este lunes.
La respuesta de los abogados del Estado llegó el pasado 20 de agosto: el plazo de ejecución de los fondos termina el 31 de agosto y, por tanto, los funcionarios interinos contratados para ayudar a gastar este dinero debían cesar en esa misma fecha, apuntan fuentes de Función Pública conocedoras del contenido del informe legal. No obstante, precisan las mismas fuentes, “no cesarán todos: aquellos que tengan que continuar para realizar tareas de seguimiento, auditorías, siempre que su continuidad esté debidamente justificada, podrán ver prorrogada su permanencia hasta el 31 de diciembre como máximo”.
El criterio general de cesar a la mayoría de estos empleados públicos fue trasladado el 21 de agosto, un día después del pronunciamiento de la Abogacía del Estado, a todos los responsables de recursos humanos de todos los ministerios y el resto de organismos dependientes de la Administración General del Estado. Estos, a su vez, trasladaron a los afectados correos informativos con el mandato de la Dirección General de Función Pública, informando de los ceses con apenas diez días de antelación, según relatan varios afectados y responsables sindicales de la AGE.
Los despidos pillaron por sorpresa a los afectados, que los sindicatos calculan en torno a un millar mientras que las fuentes de la Administración consultadas rebajan la cifra a alrededor de 300 personas. Muchos fueron contratados después de que se produjera la primera adenda al Plan de Recuperación en octubre de 2023. “La mayoría teníamos un plazo de nombramiento, que consta en diversos documentos, de hasta octubre de 2027, plazo que se está incumpliendo”, se queja un interino que será cesado y que prefiere no identificarse. Otro funcionario del Ministerio de Trabajo, que también habla bajo anonimato, asegura que las contrataciones eran de tres años —plazo máximo general para ocupar un programa como interino, salvo excepciones justificadas— con posibilidades de prorrogarse un año más.
Esas prórrogas eran esperadas por muchos de estos contratados para hacer tareas de control, seguimiento y auditoría de los fondos europeos del plan. Porque, una vez terminado el periodo de ejecución este 31 de agosto, se abre un plazo de cinco años para que los Estados auditen los gastos. Y, en cualquier caso, mantengan sus obligaciones de control y conservación de datos, ante la posibilidad de tener que rendir cuentas a Bruselas.
“Se van a dar muchas situaciones paradójicas en las que los funcionarios tendrán que hacer seguimiento y controlar los pagos realizados sin que ninguno de los que los hemos gestionado sigamos aquí”, asegura el interino del Ministerio de Trabajo que pide preservar su identidad. “En mi ordenador del trabajo, que tengo que devolver este lunes —continúa— está todo lo autorizado durante años, pero yo no podré guiarles para encontrar la documentación que necesiten”.
Uno de los organismos donde más afectados se conocen hasta la fecha es el Servicio Público de Empleo (SEPE), donde serán cesados más de un centenar de funcionarios interinos. “Los despidos se producirán independientemente de cuándo hayan sido contratados y muchos van a tener que dejar muchas tareas abiertas y sin terminar, y ese trabajo lo tendrá que hacer alguien”, explica David Fernández, coordinador estatal del SEPE en el sindicato UGT. Es más, asegura que los contratados no se dedicaban solo a gestionar la ejecución de los fondos, sino que hacían tareas de control y verificación. Es decir, comprobaban sobre el terreno que el dinero se estaba utilizando para lo que se había establecido.
La forma en la que se han comunicado los ceses está siendo también objeto de numerosas quejas por parte de los representantes sindicales. Desde la sección sindical de UGT en el Ministerio de Transportes, denuncian que la decisión “debería haber sido comunicada y tratada previamente con la representación legal de los trabajadores, para garantizar la información necesaria y acordar, en su caso, las medidas y mecanismos de comunicación dirigidos al personal afectado”. Por el contrario, “ni la junta de personal ni el comité de empresa han recibido información previa sobre esta decisión, ni se han convocado los órganos de negociación para abordar sus efectos”, añaden.
Los representantes del CSIF en el mismo ministerio también alertan sobre la forma, a su entender inadecuada, en la que se está llevando a cabo el proceso de despidos. Tras ser consultados los representantes de personal de Transportes, desde el sindicato de función pública aseguran que los correos que recibieron los afectados, en su caso el lunes 24 de agosto, fueron “únicamente informativos”, algo que podría haberse replicado en otros ministerios. Por ello, advierten de que “el cese como tal se materializa con el documento registral”, que deberán enviar a los afectados. Y recomiendan conservar tanto el primer correo informativo, como el posterior documento registral para “explorar las posibilidades de actuación en cada caso”.
Tanto los interinos que cesan este lunes como sus representantes sindicales se preguntan cómo afectarán estos despidos a la posición futura de los despedidos en las bolsas de empleo. Existe una resolución de 2014 que estableció que si el empleado lleva más de seis meses contratado, cuando es cesado desciende automáticamente a la parte baja de esa lista, dificultando sus futuras contrataciones.
