La primera huelga de hambre tuvo lugar en 1978 y se produjo en la Iglesia de San Agustín de Marchena (Sevilla), donde Paco Casero se encerró y ayunó durante 14 días para apoyar la protesta de casi un centenar de mujeres cuyos puestos de trabajo se veían amenazados por el cierre de una cooperativa agraria. El Sindicato de Obreros del Campo (SOC) llevaba apenas dos años funcionando entonces. Cientos de temporeros de municipios de Sevilla y Cádiz se desplazaron a esta localidad de la campiña para mostrar su apoyo a los encerrados y el gobernador civil ordenó el bloqueo de los accesos al pueblo. El Gobierno acabó interviniendo en el conflicto y la protesta pacífica consiguió poner la lucha jornalera en el centro del debate político. Otro pueblo sevillano, Marinaleda, se convirtió después en la meca política y sentimental de todo ese movimiento jornalero, y ha sido sede este fin de semana de los actos conmemorativos del 50 aniversario de la constitución de aquel sindicato que agitó las calles durante la Transición para defender la "dignidad" de los hombres y mujeres del campo.
La "acción directa" y "la desobediencia civil pacífica" han convertido al SOC (hoy bajo las siglas del SAT) en una de las organizaciones sindicales más "perseguidas" de Europa, con un total de 600 procesados ante la Justicia a lo largo de su historia, aunque buena parte de esos procesos acabaron en archivo o absoluciones. No fue así con el asalto a un supermercado en Écija (Sevilla) en 2012, que acabó con la condena de cinco activistas a seis meses de prisión y varios años de inhabilitación que han quedado saldados este mes de agosto. La jueza de lo Penal consideró que el comportamiento de los acusados «fue dirigido más a favorecer y propiciar una situación de confusión que de violencia en sí», de ahí que aplicase la pena mínima para el delito de robo con violencia e intimidación, por el que la Fiscalía y la cadena de supermercados habían pedido un año y medio de prisión. Otros 15 encausados del SAT eludieron las penas de cárcel a cambio de pagar multas de 720 euros.
Los primeros encierros
Paco Casero fue el primer secretario general del SOC, elegido en el congreso celebrado en septiembre de 1977 en Morón de la Frontera. Un año antes, en agosto de 1976, había tenido lugar la asamblea fundacional en Antequera (Málaga). El sindicato hereda el activismo del movimiento conocido como Comisiones de Jornaleros. Antes de aquella huelga de hambre en San Agustín, Casero ya había liderado otro encierro de obreros en la Iglesia de San Miguel de Marchena, en 1975. Hacía poco que había regresado de Menorca, donde el sindicalista se había criado tras la emigración de sus padres. Volver a la campiña sevillana con 24 años le provocó un enorme choque emocional por la cultura de abusos y la falta de derechos que seguía existiendo en el mundo rural andaluz. Descubrió que, para ganarse un jornal, decenas de temporeros esperaban cada día junto a Los Cantillos (centro neurálgico del pueblo) a que el manijero de una finca o un capataz del ayuntamiento decidiera quién trabajaba y quién no ese día. "Me costó mucho entender que esas prácticas siguieran funcionando, sin respetar los derechos más elementales de los obreros", explica Casero en conversación con EL MUNDO.
Las huelgas de hambre se convirtieron a partir de entonces en una herramienta recurrente de lucha para el sindicato. Y en los años 80 llegaron también las ocupaciones: la finca el Humoso, en Marinaleda, que pertenecía al Duque del Infantado; o la del Indiano, cerca de Puerto Serrano (Cádiz), que fue una de las tierras que el Gobierno de Felipe González le expropió a José María Ruiz Mateos tras la intervención de su Rumasa. Y, más recientemente, la de Somonte, en Córdoba.
La presión del SOC fue fundamental para forzar un debate sobre la necesidad de una reforma agraria en Andalucía, que el gobierno del socialista José Rodríguez de la Borbolla impulsó con la intención de expropiar el uso de las fincas no explotadas o improductivas y ponerlas en manos de cooperativas de trabajadores. Pero la iniciativa no fue lo suficientemente ambiciosa ni consiguió superar los numerosos recursos judiciales que los primeros decretos de la Junta provocaron. En paralelo, España entró a formar parte de la Comunidad Europea y el campo sufrió una importante transformación mientras se incorporaba a los protocolos de la OCM (Organización Común del Mercado) y la PAC (Política Agraria Común). Si el problema en la Transición eran las tierras baldías, cuando llegó la mecanización lo fue la falta de jornales, que obligó a activar nuevos mecanismos para garantizarles a los trabajadores del campo el sustento y evitar así un éxodo masivo a los extrarradios de las grandes ciudades. Uno de los mecanismos introducidos fue el Plan de Empleo Rural (el PER) que garantizaba un mínimo de peonadas al año en el campo o en las obras municipales. El PER (hoy Programa de Fomento del Empleo Agrario, PFEA) dio de comer a muchas familias en años de crisis y de sequías pero también se convirtió en una potente herramienta clientelar en manos de los alcaldes, generó una anquilosante cultura del subsidio y estigmatizó a la Andalucía rural.
Algunos líderes sindicales y políticos de aquella generación nacieron bajo el paraguas del SOC y de su brazo político, la CUT (Candidatura Unitaria de Trabajadores), integrada después en Izquierda Unida. El referente que alcanzó más popularidad fue sin duda Juan Manuel Sánchez Gordillo, alcalde de Marinaleda durante 44 años, hoy retirado de la vida política tras sufrir un ictus. Quien sí sigue participando activamente en las campañas electorales de la izquierda andaluza, aunque ya está jubilado, es Diego Cañamero, que fue alcalde de El Coronil y diputado en el Congreso. En la primera ejecutiva del SOC estuvieron también el lebrijano Gonzalo Sánchez, el cura obrero Diamantino García y una única mujer, Paqui Conde, de Almonte (Huelva).
Cañamero se hizo cargo de la secretaría general del SOC tras la marcha en 1984 de Paco Casero, quien dio un giro a su trayectoria y se convirtió en uno de los impulsores del movimiento ecologista en Andalucía, primero en la Confederación Ecologista Pacifista de Andalucía (CEPA) y después en el movimiento Ecologistas en Acción. Hoy preside la Fundación Savia y es presidente de honor de Ecovalia, la Asociación Española Profesional de la Producción Ecológica.
El tándem Gordillo-Cañamero volvió a acaparar los informativos tras la crisis financiera de 2008, cuando lideraron varios asaltos a supermercados para llenar una veintena de carritos con productos alimenticios y material escolar para ofrecerlos a las familias que se habían quedado sin ingresos por el cierre de empresas. Las denuncias llovieron sobre los activistas. La Justicia reconoció en aquellos asaltos un interés más reivindicativo que delictivo y resolvió con condenas menores. El SOC supo siempre medir el alcance de sus intervenciones, con una puesta en escena muy a la medida de los medios de comunicación pero intentando evitar confrontaciones violentas y reduciendo al mínimo los riesgos penales.
"Invitados" de Mario Conde y "ocupas" de Cayetano Martínez de Irujo
Las campañas de ocupaciones de sedes institucionales y fincas privadas o marchas reivindicativas se organizaban con frecuencia en agosto para obtener más eco en unos medios hambrientos de titulares, que conseguían así imágenes de enorme fuerza simbólica, como cuando, en 2013, decenas de manifestantes irrumpieron en los jardines del Palacio de Moratalla, en Hornachuelos (Córdoba) y se bañaron en su piscina. O cuando varios centenares de jornaleros, con Sánchez Gordillo y Cañamero a la cabeza, ocuparon por unas horas la finca de Mario Conde en Castilblanco de los Arroyos (Sevilla). El ex banquero, que entonces estaba en libertad provisional por sus prácticas corruptas al frente de Banesto, les demostró que también sabía gestionar el impacto mediático de sus movimientos y acabó compartiendo bocadillo y botellines con los temporeros, a los que había recibido a las puertas de la hacienda con un: "Son ustedes mis invitados". Un episodio similar se vivió en 2011 con la ocupación de una finca de la Casa de Alba tras unas polémicas palabras de Cayetano Martínez de Irujo en las que hablaba con menosprecio de los andaluces. El marqués de Salvatierra acabó pidiendo disculpas y departiendo con los jornaleros.
En 2007 el SOC se transformó en el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) y hoy sigue teniendo una importante influencia entre los jornaleros, la mayoría extranjeros, de los invernaderos de Almería o Huelva. Pero también han conseguido introducirse en el sector de la construcción, la sanidad, la educación, la hostelería o la ayuda a domicilio. Su secretario general, Óscar Reina, uno de los condenados por el asalto en Écija, celebra que acaba de terminar de cumplir la pena de inhabilitación. La condena a seis meses de cárcel le fue conmutada. "Soy el dirigente sindical europeo con más detenciones (nueve en total) en su historial". "Claro que hemos transgredido la legalidad, porque ha sido nuestra manera de señalar los problemas, pero siempre hemos actuado de forma pacífica", insiste. El SAT -dice- sigue siendo un sindicato que "se patea a diario los tajos", que reparte octavillas entre los trabajadores para recordarles sus derechos: "Por ejemplo, que el jornal diario en el campo es de 6,5 horas y 62,40 euros". "Representamos a unos 20.000 trabajadores, muchos extranjeros. La clase obrera es clase obrera con independencia de donde haya nacido y sigue habiendo unas condiciones de explotación horribles", añade.
