La decisión unilateral del sector socialista del Gobierno de prorrogar hasta 2030 la actividad de la central nuclear de Almaraz es el último de una larga lista de encontronazos entre el PSOE y Sumar y de nuevo, como en otros tantos choques anteriores, pone a prueba la capacidad de resistencia y reacción del socio minoritario, que ayer saltó como un resorte y con una contundencia poco habitual cuando se encontró en el BOE la publicación de la medida. Dejaba a las claras que lo considera un «error» y presentaba el desenlace como fruto de que el Ministerio de Transición Ecológica se había plegado a los intereses del «oligopolio energético».
Más allá de la teatralidad con la que la política juega para trasladar los mensajes, el mayúsculo enfado de Sumar tiene argumentos sólidos. Porque Pedro Sánchez le firmó a Yolanda Díaz un compromiso para ir cerrando las nucleares. Es un objetivo que la vicepresidenta le arrancó en las negociaciones y que ahora es papel mojado. Y no es cualquier cosa cuando se trata de un asunto que es bandera de una izquierda que busca su lugar y sacar la cabeza en pleno proceso de refundación para las elecciones.
El pacto entre el PSOE y Sumar por el que se formó el Gobierno de coalición, rubricado y presentado por Sánchez y Díaz el 24 de octubre de 2023, recoge en uno de los puntos de sus 48 páginas la siguiente promesa: «Haremos un cierre de las nucleares planificado, seguro, ordenado y justo socialmente, escalonando el cese de operación de todas las centrales españolas entre 2027 y 2035, continuando los instrumentos ya desarrollados en la Estrategia de Transición Justa».
Esto, con la extensión de la Unidad I y II de Almaraz hasta el 8 de junio de 2030, cuando el calendario planteaba su cierre en 2027 y 2028, respectivamente, hunde aquel compromiso ante los españoles y arrastra consigo en el incumplimiento a Sumar, para disgusto de sus sectores más antinucleares, golpeando con eso la renovación de un proyecto político que está haciendo de la ambición con la transición energética una de sus señas de diferenciación con el PSOE y, por otra parte, torpedeando la etiqueta de «laborismo ecosocialista» con la que el partido Movimiento Sumar -una de las partes de la alianza- quiere construir su nueva identidad post Yolanda Díaz.
Así se explica la rotundidad con la que reaccionó ayer Sumar, que se desmarcó de su socio de gobierno expresando su «más absoluta disconformidad» con la prórroga de Almaraz, denunciando «una profunda ruptura» del consenso dentro del Gobierno con la decisión adoptada y acusando a Sánchez de «seguir el camino de la derecha y la extrema derecha» al aceptar la prórroga.
Consultadas ayer, fuentes oficiales de Sumar no aclararon si conocían de antemano la noticia o si se toparon con ella cuando apareció en el BOE en plenas vacaciones de agosto y a las puertas del fin de semana con más fiestas patronales.
Izquierda Unida, un actor clave en el presente y futuro de Sumar, verbalizó que el «error» del PSOE «rompe con la hoja de ruta» que se había dado el Gobierno y que exhibe una «incoherencia» con las energías renovables. Pero más allá de estas críticas, el líder de IU, Antonio Maíllo, atisbó con sus palabras el temor que existe dentro de la alianza a que Almaraz no sea un caso aislado y que, en realidad, el PSOE pueda estar dando en silencio un golpe de timón a su enfoque sobre las nucleares. No en vano, el debate sobre este tipo de energía se ha visto muy condicionado en el último año y medio por el gran apagón de 2025, y que PP y Vox utilizan como ejemplo de hasta qué punto España necesita seguir contando con estas centrales.
El caso es que Maíllo reclamó «abordar una estrategia de blindaje» dentro del Gobierno para que Almaraz no sea «el principio de una modificación de prórrogas sucesivas» de otras nucleares, porque el PSOE está dando el «mensaje» de que esos cambios se pueden dar, y que «igual que se ha modificado la de Almaraz, se pueden modificar otras que cierran en 2028, 2029 o 2030». Está por ver si ese llamamiento provoca consecuencias entre los socios del Gobierno. Por lo pronto, las nucleares se añaden a la corrupción, la vivienda, el rearme, la reducción de jornada o el control horario en la lista de fracturas dentro del Gobierno.
