A Maricarmen Abascal le intentaron desahuciar cuatro veces y la última lo consiguieron. Fue hace dos semanas. La mujer de 87 años salió en silla de ruedas de su casa de Retiro, donde había vivido prácticamente toda su vida. Una vez fuera, la ayudaron a subir a una camilla y la trasladaron al hospital Gregorio Marañón. Allí ha fallecido este miércoles. Su desalojo motivó manifestaciones de repulsa por todo el país que derivaron en la acampada en la Puerta del Sol, en dos decretos de vivienda tumbados en el Congreso y en una convocatoria anticipada de elecciones. Esta es la cronología de un caso que se ha convertido ya en un símbolo.
1956. El padre de María Carmen Abascal alquiló un sexto piso en el número 46 de la calle del Alcalde Sainz de Baranda, en el distrito madrileño de El Retiro. Tras la muerte del padre, el contrato se subroga a la madre, que no constaba como arrendataria en el contrato inicial porque no lo permitía la ley franquista.
2005-2018. La madre de Maricarmen fallece y el contrato se subroga por segunda vez. La mujer, entonces de 66 años, se queda en el piso y los propietarios no le ponen ningún problema a seguir abonando los alrededor de 500 euros que costaban la renta y los gastos. Años después, el piso, de unos 90 metros cuadrados, lo compra una empresa inmobiliaria, que le ofrece adquirir la vivienda por unos 250.000 euros. Maricarmen no tiene el dinero y decide quedarse como inquilina.
2018. Urbagestión Desarrollo e Inversión S.L, una empresa con sedes en Madrid y Valladolid, compra el piso y durante dos años nada cambia. Maricarmen sigue pagando el alquiler y las facturas. Los dueños de la compañía son Ricardo Alonso y Fernando Alonso y venden inmuebles de todo tipo ―incluidas farmacias―, tanto en la capital como en otras ciudades.
2020. La empresa le comunica sorpresivamente que debe abandonar la casa. “Todo el mundo daba por hecho, incluida Maricarmen, que el contrato estaba blindado y era perfectamente válido”, explicaba a EL PAÍS la abogada de la mujer, Beatriz Duro. Los propietarios consideran que el contrato, de renta antigua y firmado solo por el padre de Maricarmen, fue subrogado primero a la madre y después a la hija, y que la Ley de Arrendamientos Urbanos limita a dos años la segunda subrogación, salvo que se acredite una discapacidad del 65%. Aquí empieza el periplo judicial.
2020-2021. El caso llega al juzgado de primera instancia, que da la razón a Maricarmen al considerar que la subrogación estaba ya consolidada y que la empresa la había aceptado al comienzo. Urbagestión recurre.
2022. La Audiencia Provincial interpreta lo contrario: en una sentencia del 30 de junio recoge que la segunda subrogación no está permitida y que el contrato, por tanto, no es válido. La abogada Duro interpone un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
2023-2024. El Tribunal Supremo no admite el recurso, por lo que la sentencia de la Audiencia Provincial deviene firme. Maricarmen no deja de pagar el alquiler y se pone en contacto por primera vez con el Sindicato de Inquilinas. Urbagestión le ofrece un alquiler alternativo, de unos 1.600 euros. Maricarmen gana una pensión de 1.400. Empiezan los avisos de desahucio.
2025. En otoño, llega el primero de cuatro intentos de desalojo, que se suspendió tras una primera gran movilización vecinal.
Verano de 2026. Dos intentos de desahucio más, uno a principios de junio y otro a finales. Los dos aplazados, de nuevo, por la presión social. Entre ambos, la reclamación de la ONU para frenar los lanzamientos. El barrio y el Sindicato de Inquilinas se movilizan. La cara de Maricarmen aparece en prensa y televisión. La mujer anima a la lucha y cree que podrán parar el cuarto intento de desalojo, previsto para septiembre.
23 de septiembre de 2026. El cuarto intento de desahucio es el definitivo. El día anterior, cientos de personas pasan la noche en la calle, listas para intentar parar a los policías antidisturbios. Maricarmen espera en su casa, rodeada de sus cosas, ya en cajas. Su estado físico ha empeorado y tiene que usar una silla de ruedas. Sobre las 13.00, la sacan del piso y es trasladada en camilla al hospital Gregorio Marañón. Esa misma tarde se organiza una protesta multitudinaria frente al ático que compró de forma opaca el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.
25 de septiembre. Urbagestión, que se había negado a negociar hasta ahora, se ofrece a que Maricarmen vuelva a su casa y pide al Ayuntamiento de Madrid que intervenga con alguno de los programas municipales de vivienda.
26 de septiembre. Decenas de miles de personas se manifiestan por las calles de Madrid en repulsa por el desahucio de Maricarmen. Las protestas terminan poco antes del anochecer y varios de los congregados deciden desplazarse a la Puerta del Sol y colocar las primeras tiendas de la acampada por la vivienda.
27 de septiembre. La acampada sigue creciendo ―ahora ya son más de 1.200 tiendas― y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anuncia que trabajan a contrarreloj para sacar adelante un decreto de vivienda. Empiezan entonces cuatro días de reuniones in extremis con los socios de investidura, especialmente con Junts. Finalmente, deciden presentar dos decretos separados.
28 de septiembre. Urbagestión, la abogada de Maricarmen, el Sindicato de Inquilinas y el Ayuntamiento de Madrid se reúnen durante cuatro horas. A las 21.00, llegan a un acuerdo y la empresa acepta que la mujer vuelva a casa con un contrato de ocho años y un alquiler de precio similar al anterior.
30 de septiembre. Junts confirma a última hora que votará no a los dos decretos.
1 de octubre. Los dos decretos de vivienda se votan en el Congreso de los Diputados. No salen adelante. PP, Vox y Junts votan en contra y Sánchez anuncia un periodo de reflexión durante el fin de semana. El Sindicato de Inquilinas reclama una huelga general.
5 de octubre. Sánchez anuncia una convocatoria anticipada de elecciones generales para el domingo 29 de noviembre. Los sindicatos UGT y CC OO confirman que se sumarán a la huelga general, que será el 11 de noviembre.
