Captaban a inmigrantes sin papeles a través de contactos entre los fieles de las iglesias, redes sociales o aplicaciones de mensajería instantánea para ponerlos a repartir paquetes a domicilio a cambio de una pequeña parte del dinero que cobraban por cada entrega. Los trabajadores, a los que prometían contratos laborales y ayuda para regularizar su situación en España, acababan recorriendo largas distancias a pie, empujando carros cargados de mercancía durante jornadas de hasta 14 horas, seis días a la semana. Todo ello por apenas «70 céntimos por paquete entregado», según la Policía Nacional, que ha detenido a cuatro personas, tres hombres y una mujer, por su presunta participación en esta trama de explotación laboral descubierta en Fuenlabrada.
Según la investigación policial, la organización había establecido un sistema para hacerse cargo del reparto a domicilio de paquetes procedentes de centros logísticos utilizando a inmigrantes en situación irregular. Una circunstancia que, según los investigadores, los dejaba en una posición de especial vulnerabilidad a la hora de reclamar unas condiciones laborales dignas.
El primer contacto se producía a través de redes sociales, aplicaciones de mensajería o mediante el «boca a boca entre los feligreses» de las iglesias, según recoge la nota policial. Quienes se interesaban por las ofertas debían llamar a los integrantes de la organización, que les realizaban una entrevista de trabajo. Durante estas conversaciones les ofrecían la posibilidad de incorporarse al reparto de paquetería y les hacían «falsas promesas de contratos, así como de ayudas para conseguir regularizar su situación en nuestro país».
Una vez aceptaban el trabajo, los responsables acordaban con ellos un lugar de encuentro al que acudían en furgonetas. De acuerdo con las pesquisas, los recogían y los trasladaban hasta descampados donde habían organizado el reparto de la mercancía. Allí les entregaban grandes carros cargados de paquetes que debían distribuir a pie. Los trabajadores tenían que regresar «hasta dos veces al punto de encuentro para recargar los carros» y continuar con las entregas.
Detrás de este procedimiento, siempre según la versión policial, había un reparto de funciones entre los propios integrantes de la organización. Uno de ellos, que sí contaba con autorización para acceder a los centros de distribución, recogía los paquetes y los cargaba en las furgonetas a las puertas de las instalaciones. Otros miembros de la trama, que carecían de esa acreditación, conducían los vehículos hasta los puntos donde finalmente se distribuía la mercancía entre los repartidores.
La remuneración dependía del número de entregas realizadas: «70 céntimos por paquete entregado». Sin embargo, esa cantidad representaba únicamente una parte del dinero que generaba el trabajo. La Policía asegura que los responsables de la organización facilitaban a los inmigrantes sus propias claves de acceso a las aplicaciones de reparto, de manera que eran los cabecillas «quienes recibían el dinero íntegro» por los servicios de mensajería, mientras que los trabajadores percibían únicamente una pequeña parte.
La Policía asegura también que los responsables de la trama llegaron a «contratar a menores de edad» y que incluso ofrecían puestos como conductores de las furgonetas a personas que carecían del correspondiente permiso de conducir. Los investigadores advierten del riesgo para la seguridad vial que podía suponer esta práctica.
