El Gobierno trata de utilizar todas sus bazas para bajar la temperatura a la crisis ferroviaria antes de que pasado mañana empiece la campaña electoral. Desmovilizar a los trabajadores que tienen convocadas huelgas los próximos días 17 y 23 de noviembre es la prioridad. En paralelo y coincidiendo con el funeral de las víctimas en Urda (Toledo), calmar ya la indignación de las víctimas de accidentes como Adamuz (Córdoba) con el escaso avance de las investigaciones de la catástrofe nueve meses después y la falta de medios humanos -sólo tres investigadores para las 115 víctimas- en el organismo que debe asumir estas funciones, la AITAT.
La respuesta a este malestar ha dejado de ser la promesa de iniciativas para estar firmada por el Consejo de Ministros y publicada en el BOE como batería de medidas denominada Real Decreto-ley de medidas urgentes para el refuerzo de la seguridad operacional en el transporte ferroviario y la protección social de los profesionales del sector.
Ayer el ministro Carlos Cuerpo no compareció, pero el Gobierno anunció un defensor de las víctimas de accidentes de transporte colectivo; nuevas atribuciones y competencias para la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) y normativa laboral y social demandada por los sindicatos. En una semana, estas peticiones han avanzado más que en nueve meses.
Algunas de las medidas repiten las prometidas por Óscar Puente hace nueve meses para desmovilizar la huelga convocada por los sindicatos ferroviarios tras la catástrofe de Adamuz y su desastrosa explicación por el Gobierno. Por ejemplo, la denominada cultura justa, que permitirá que el personal con funciones de seguridad operacional pueda comunicar los riesgos para la seguridad ferroviaria. También el derecho de los trabajadores a adoptar las medidas necesarias y proporcionadas ante situaciones de riesgo grave e inminente para la seguridad. Es decir, los maquinistas podrán detener un tren si valoran como riesgo grave una situación que se produzca en la vía.
Puente también prometió en febrero estudiar las jubilaciones anticipadas para maquinistas de Ouigo e Iryo (en Renfe ya están validadas) con la aplicación de los coeficientes reductores de jubilación previstos en el artículo 3 del RD 2621/1986. Ayer, Cuerpo incluyó directamente esta petición en el Real Decreto-ley, extendiendo el régimen de Seguridad Social previsto en el artículo 3 del RD 2621/1986 al personal de las empresas ferroviarias que operan en líneas interoperables y/o en la Red Ferroviaria de Interés General. El texto se compromete a estudiar extenderlo a otras profesiones que puedan considerarse penosas (personal de vías, talleres...), tal y como piden UGT y CCOO.
Los maquinistas, que ayer celebraron un día completo de huelga, respondieron al compromiso del vicepresidente del Gobierno plasmado en el BOE con un aplazamiento de su siguiente convocatoria para mañana jueves. Semaf, su sindicato, es muy consciente de la presión que puede ejercer en campaña electoral y la aplazó al día 23, seis días antes de la cita con las urnas. Solo aceptarán «hechos reales materializados por la vía de su aprobación directa y entrada en vigor», y no la suscripción de compromisos, «ni aunque estén firmados por un ministro».
La desmovilización del sector es la tarea a la que se ha puesto manos a la obra Carlos Cuerpo desde el minuto uno de asumir la cartera del dimitido Óscar Puente. Aceptó al día siguiente la renuncia del presidente de Adif y se reunió con los maquinistas para escuchar sus demandas. Ayer se esperaba que el Consejo de Ministros anunciara el nombramiento de un nuevo presidente de Adif, pero parece que, a las puertas de un más que probable cambio de Gobierno, cuesta encontrar candidatos solventes dispuestos a quemarse en una etapa de poco más de dos meses.
Las nuevas atribuciones de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) para reforzar su tarea y calmar así las demandas de los sindicatos, que pidieron que se interviniera en Adif por «riesgo grave» en cómo estaba afrontando su gestión, también vienen de atrás. En febrero, Puente pactó incrementar la estructura del organismo con la creación de 50 nuevas plazas, incluidas dos nuevas subdirecciones generales. Ayer, Cuerpo incluyó más atribuciones para esta institución, que, como en más de una ocasión ha advertido, no dispone de inspectores suficientes para cumplir su labor.
Por último, el vicepresidente incluyó en el paquete de medidas un nuevo órgano llamado Defensor de las Víctimas de Accidentes de Transporte Colectivo. En realidad, las funciones de esta oficina estaban ya incluidas en una iniciativa aprobada en 2025 con el larguísimo nombre de Observatorio para la coordinación y prevención de crisis y la atención a las víctimas de accidentes e incidentes en los modos de transporte. Con rango de Subdirección General, el observatorio realiza ahora la coordinación del ministerio en materia de atención a las víctimas y a sus familiares, prevista en la normativa. También realiza otras funciones de prevención de crisis.
