Del pelotazo de las mascarillas a las mordidas por obras: 11 adjudicaciones bajo sospecha valoradas en 900 millones

La operación de ayer se desarrolló dentro de la investigación que se sigue en la Audiencia Nacional por posible corrupción en diversas obras públicas. Se trata de una pieza separada dentro del caso Koldo, abierta tras detectarse que la venta de material sanitario en la pandemia no parecía haber sido el único negocio de la trama.

El 5 de junio de 2025, la UCO entregó un extenso informe en el Tribunal Supremo, donde se investigaba a José Luis Ábalos, entonces diputado y aforado. Las 490 páginas contenían indicios de irregularidades en 11 adjudicaciones que sumaban 900 millones de euros. Eran 490 páginas con una tesis: que entre 2018 y 2021 el Ministerio de Transportes favoreció a ciertas empresas «de manera recurrente».

El mismo día que llegó el informe, el instructor del caso Koldo en el Supremo, Leopoldo Puente, formó una pieza separada que declaró secreta. Cuatro días más tarde dictó varios autos de entrada y registro y de requerimiento de documentación. A continuación, encargó a la Audiencia Nacional que se encargara de investigar a la ex presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, y al director general de Carreteras, Javier Herrero, que no estaban aforados. Así lo hizo el magistrado Ismael Moreno dentro del caso Koldo, como pieza separada número 8, a la que denominó «Contratos obra pública».

Cuando Ábalos dejó de ser diputado, también él pasó a manos de la Audiencia. En la causa figuran como investigados, además, su ex asesor Koldo García y el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Les acompañan directivos de Acciona, principal beneficiada de las supuestas ilegalidades, y de las constructoras OPR y LIC.

En marzo llegó a la Audiencia un informe que Anticorrupción había encargado a la Intervención General de la Administración del Estado (Igae). Detectaba irregularidades en los 11 contratos bajo sospecha, cinco correspondientes a Adif y seis a la Dirección General de Carreteras. La pista inicial para revisar precisamente esos 11 había sido la información aportada por el empresario investigado Víctor de Aldama, sumada al cruce de mensajes en que los investigados mencionaban las obras.

El informe indica que en las cinco adjudicaciones en las que Acciona resultó ganadora -sola o en UTE- se detectaban modificaciones al alza del contrato inicial que rozaban sospechosamente el 20% de incremento del presupuesto. Se trata del umbral a partir del cual los controles pasan a ser más estrictos.

Además, en varias de las licitaciones se aprobaron modificaciones del contrato que incumplían la normativa. En algunos casos, eran de tal envergadura que deberían haber conducido a la resolución del contrato. En otros, se licitaba como contrato independiente lo que debía haber sido una modificación, y se jugaba con las valoraciones subjetivas para que recayera en la misma empresa del primer contrato.

En el caso de los tres contratos principales de ADIF, se detectó que antes de empezar las obras el contratista ya planteaba «defectos» que forzaban modificaciones. La Igae señala que, en algún caso, se incumplió la normativa porque las circunstancias «imprevisibles» que se alegaban no eran tales.

En el caso del soterramiento del AVE en Murcia, la Igae indica que el proyecto «no se debió tramitar como proyecto independiente, sino como modificado». «Seguramente el hecho de tramitarlo como proyecto independiente se debió a que, si se tramitaba como modificado, las modificaciones superarían el 20% del contrato primitivo», añade.

De unas obras de la A-68, dice que la modificación del contrato «no se debió tramitar», puesto que la suma de las modificaciones calificadas como «no sustanciales» superó «el umbral legal permitido por la Directiva europea y la Ley de Contratos del Sector Público».

Por otra parte, las fórmulas de valoración permitieron que la parte subjetiva de puntuación garantizara que la parte objetiva -el precio- no bastara para decidir qué empresa resultaba vencedora. En este aspecto, la Igae cuestiona la actuación de Adif y Carreteras en nueve de los 11 contratos revisados.

Sobre una de las dos fórmulas empleadas en Carreteras, la Igae dice: «Como puede observarse, la fórmula permite incrementar notablemente las diferencias en puntuación de los criterios basados en juicios de valor haciendo muy difícil que el que ha obtenido la mejor puntuación en juicios de valor no sea el adjudicatario. No se alcanza a ver que justificación tiene la aplicación de la indicada fórmula, que permite que diferencias pequeñas, que siempre son más fáciles de justificar por el valorador, se transformen en diferencias elevadas».

Las irregularidades abarcan también el precio de los nuevos materiales en el caso de la obra del Puente del Centenario en Sevilla. Se cambió un material por otro, subiendo el precio 7,4 millones. Y eso partiendo de un precio inicial que, según la Igae, debería haber sido más bajo.