Juan Carlos Flores
Corresponsal
Periódico La Jornada
Lunes 17 de agosto de 2026, p. 25
Colima, Col., Colectivos y representantes de diversos sectores sociales denunciaron ante autoridades federales que la consulta ciudadana para legitimar el proyecto de ampliación del puerto de Manzanillo “fue una farsa”, pues en una primera etapa perjudicará casi 340 hectáreas de la laguna de Cuyutlán, porque en el sondeo no se tomó en cuenta la opinión de pescadores y salineros.
Subrayaron que dicho cuerpo de agua es un “activo estratégico de valor global, reconocido bajo las siguientes designaciones de importancia internacional y nacional: humedal Ramsar, región hidrológica prioritaria, sitio preferencial marino, área de importancia para la conservación de las aves y sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad de alta consideración y es refugio indispensable para aves migratorias”.
En cartas dirigidas a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, asociaciones civiles como Defensores del Medio Ambiente y Recursos del Mañana, la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Pescadores del Pacífico Cuyutlán y la Sociedad Cooperativa de Salineros de Colima aseguraron que las autoridades estatales y la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) de Manzanillo hicieron público que ya cuentan con el aval de la sociedad; sin embargo, puntualizaron que eso es falso.
En un comunicado, las organizaciones denunciantes señalaron que en declaraciones recientes la gobernadora de Colima, la morenista Indira Vizcaíno, aseguró que “se ha dialogado con todos los colectivos de personas afectadas y han alcanzado acuerdos”, pero las misivas de los colectivos citados evidenciaron que ese no ha sido su caso y que sus reclamos continúan sin ser escuchados.
En las misivas entregadas al gobierno federal, indican que en el proyecto de construcción de la expansión portuaria proyectada en el vaso 2 de la laguna de Cuyutlán, “los desarrolladores han optado sistemáticamente por la vía más sencilla: sacrificar la laguna, ignorando deliberadamente su valor ambiental y su relación crítica para la biodiversidad regional”.
Prevén que haya gran impacto ambiental
La Asipona presentó a su vez las correcciones realizadas a observaciones a la manifestación de impacto ambiental (MIA) en la etapa 1 del plan para comenzar la ampliación del puerto.
En la primera fase, sólo se prevé el impacto a unas 340 hectáreas de la laguna de Cuyutlán, como parte de trabajos para ampliar el recinto portuario, que en total abarcarán a más de mil 880 hectáreas en varias etapas.
La fase 1 de la MIA aún no especifica cuántas hectáreas serán destinadas para el área operativa del puerto en terrenos ganados a la laguna, donde actualmente mil 733 hectáreas son de agua y el resto del programa –unas 86 hectáreas— se hallan en tierra.
El documento presentado por las autoridades cuenta con más de 40 medidas de mitigación, compensación, conservación, monitoreo científico y participación comunitaria incorporadas a la MIA, de acuerdo con lo expuesto en una reunión informativa de la consulta pública que tuvo lugar en Manzanillo el 25 de junio.
Según la información presentada, el plan incorpora programas permanentes de vigilancia ambiental, seguimiento científico de la laguna de Cuyutlán, protección de especies, creación de un centro de investigación ambiental portuaria y mecanismos de participación social que acompañarán todas las etapas de construcción y operación, en un esfuerzo que sus promotores consideran sin precedente para una obra de infraestructura portuaria en México.
La ampliación del área portuaria sería de 350 hectáreas con las que cuenta la bahía de San Pedrito a mil 880 hectáreas en el área de la laguna de Cuyutlán, con una inversión superior a 13 mil 539 millones de pesos.
Entre las observaciones corregidas a la solicitud de la MIA está la eliminación de afectaciones previstas sobre un islote identificado con valor arqueológico –la isla Cocodrilos—, además de otros ajustes técnicos encaminados a fortalecer la protección ambiental.
A diferencia de otros desarrollos en los cuales las acciones ambientales suelen concentrarse en medidas compensatorias al finalizar las obras, la propuesta para el Puerto Nuevo Manzanillo, según la Asipona, plantea un esquema permanente de monitoreo científico que iniciaría desde la edificación y continuaría durante la operación del atracadero.
El programa incluye la supervisión continua de la calidad del agua, salinidad, oxígeno disuelto, seguimiento de flora y fauna protegida, vigilancia ambiental permanente e informes periódicos para evaluar el comportamiento de los ecosistemas y aplicar medidas correctivas cuando sea necesario.
Otro componente presentado fue la creación del centro de investigación ambiental portuaria, concebido como una institución especializada en el estudio permanente de los ecosistemas costeros, la laguna de Cuyutlán y los efectos ambientales asociados con la actividad portuaria.
La propuesta plantea que ese centro reúna a investigadores, universidades, especialistas y miembros de comunidades para generar información científica que permita evaluar de forma permanente el comportamiento ambiental de la región.
El proyecto incorpora también medidas específicas para la protección de tortugas marinas mediante regulación de iluminación cercana a playas de anidación, protocolos especiales de navegación y restricciones operativas orientadas a reducir riesgos para especies protegidas.
Jamás hubo acercamiento con la comunidad
Activistas, pescadores e investigadores integrantes del colectivo Salvemos a Cuyutlán manifestaron en un comunicado que las autoridades “faltaron a la verdad al asegurar que contaron con pescadores y salineros para la elaboración del documento, pues los presentes lo desmintieron que jamás fueron consultados ni se acercaron a ellos para la propuesta”.
Otra preocupación es la logística de transporte con el incremento de contenedores. El gobierno federal aún calcula ese volumen antes de definir la infraestructura definitiva, pero ya trabaja en la ingeniería de la conexión ferroviaria, pues actualmente la principal vía de movimiento es la autopista Manzanillo-Colima –en remodelación–, por la cual circulan 7 mil 600 vehículos de carga diariamente, según la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes.
Los activistas señalaron que el investigador Aramís Olivos, encargado principal de presentar la propuesta de la Asipona, afirmó que la actividad pesquera no se vería perturbada en los vasos 3 y 4 –que de acuerdo con lo planteado son los principales para esa labor–; sin embargo, esto no corresponde con la realidad, pues los pescadores advierten que su principal actividad se concentra precisamente en el vaso 2.
“Frente a posibles derrames, los accidentes de los buques de gran calado que ingresarían al vaso 2 y el resto de las actividades portuarias, los promoventes no presentan injerencia, plan ni medidas de mitigación y contención, ya que el proyecto prevé únicamente la construcción y no la operación del puerto”, alertaron.
Con eso, se traslada y se deja en manos de las empresas que se instalen en el sitio la mitigación de estos impactos y la contención de los riesgos al promover la operación en la impunidad, como en el actual puerto, advirtieron.
Recordaron que investigadores de las universidades Autónoma de Colima y de la Nacional Autónoma de México, en su calidad de expositores del plan, insistieron en que sería imposible que la contaminación o los impactos del vaso 2 alcanzara también a los vasos 3 y 4, “pero nunca pudieron explicar de qué forma evitarían que esto ocurriera”.
También se aseguró, sin fundamento alguno, que la laguna se conservaría mucho mejor con la actividad del puerto que sin ella, bajo el argumento de que el impacto de los huracanes y los sismos serían más perjudiciales para el ecosistema que la propia instalación del puerto, pero omitieron “que esos procesos de degradación natural de las lagunas ocurren en escalas geológicas a diferencia de una devastación inmediata que representa el proyecto”.
Por otra parte, salineros denunciaron públicamente que recientemente la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente realizó una investigación superficial ante una denuncia que ellos presentaron por la aparición de fauna muerta y contaminación en su territorio que atribuyen a actividades prematuras de dragado.
Pese a eso, la dependencia concluyó que las aves encontradas sin vida fue por avanzada edad u otros factores ajenos a la acción humana.
“Ante este tipo de despropósitos y faltas de respeto –al pretender que la sociedad civil dé por buena esta sarta de mentiras y burlas–”, los pescadores se quejaron de la contaminación que ya existe en sus áreas de pesca.
Además, denunciaron que la Secretaría de Marina y autoridades de la seguridad pública les prohíben realizar su actividad en varios puntos ya designados.
Se quejaron de la “impunidad con que actúan la Marina y Asipona ante los frecuentes derrames de hidrocarburos y químicos peligrosos en sus operaciones portuarias, arriesgando el ambiente pero también la salud de los colimenses”.
Autoridades ejidales aseguraron estar perdiendo terreno y denunciaron la compra ilegal de terrenos de cultivo por inmobiliarias que buscan especular con los patios de contenedores.
“Si pretenden imponer este proyecto a la fuerza, a la fuerza se les impedirá. Este proceso no está siendo accesible, ni democrático, ni horizontal, está siendo impuesto mediante un decreto del gobierno federal desde una perspectiva muy pobre del desarrollo”, sentenciaron.
