Desalojan a Maricarmen, una anciana de 87 años, de su vivienda en Madrid tras un tenso operativo policial

Centenares de personas se han concentrado este miércoles en la calle del Alcalde Sainz de Baranda, en el madrileño distrito de Retiro, en las proximidades del domicilio donde se ha producido el definitivo intento de desahucio de Maricarmen, una anciana de 87 años. En las cercanías del portal del edificio, un grupo de activistas ha organizado una sentada y agentes de la Policía Nacional los han desalojado de la entrada al inmueble para comenzar con el desahucio.

Durante el procedimiento policial se han vivido situaciones muy tensas, con forcejeos y gritos, y la Policía ha estado varios minutos desalojando activistas que estaban atrincherados en la entrada del portal del inmueble. Los antidisturbios han reventado la puerta de acceso al portal y han desalojado a más activistas de las escaleras. Al parecer, Maricarmen, que está muy enferma, ha preparado una pocas bolsas con sus pertenencias antes de salir del inmueble. Tras acceder al sexto piso, donde vive la aciana, las fuerzas de seguridad también han sacado a la prensa que estaba con Maricarmen, momento en el que ha entrado el Samur social. Finalmente, los antidisturbios han desalojado a la mujer de su casa en una camilla.

Personas que se encontraban en la casa con Maricarmen han descrito como un momento "horrible" el sonido de la sierra de la Policía cuando estaban tratando de abrir la puerta de la vivienda, aunque han afirmado que la anciana estaba tranquila y se ha marchado tranquila ya que estaba agotada.

La abogada de Maricarmen, Beatriz Duro, ha informado a las puertas de la vivienda de que se iba a producir el lanzamiento después de que la propiedad rechazara las propuestas presentadas para aplazarlo. Duro ha asegurado a las puertas del edificio que la propiedad tampoco ha accedido a que la anciana tenga unas horas para poder recoger algunas de sus pertenencias y le han comunicado que, una vez desalojado el inmueble, se las enviarán donde les indiquen.

El Sindicato de Inquilinas ha afirmado que en el interior del portal los agentes han utilizado material antidisturbios, como gas, para desalojar a los activistas que se encontraban allí.

Los manifestantes han estado coreando toda la mañana consignas como 'Maricarmen se queda', 'Esta señora podría ser tu abuela', 'No nos vamos, nos quedamos', 'Vergüenza me daría ser policía', 'Vergüenza me daría desahuciar a Maricarmen', 'Rentista culpable Gobierno responsable', 'Asesinos', 'Fuera, fuera' y 'El pueblo unido jamás vencido'.

En la protesta han participado la eurodiputada Irene Montero y el diputado de Sumar Enrique Santiago, quien ha lamentado que el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, competentes en materia de vivienda, no le hayan ofrecido una solución a una mujer de 87 años que se va a quedar en la calle.

El caso de Maricarmen se ha convertido en uno de los símbolos de la lucha por el acceso a la vivienda en Madrid. El padre de Maricarmen firmó en 1956 un contrato de arrendamiento para esa vivienda. Tras su muerte, el contrato se subrogó en su esposa y, posteriormente, pasaría a Maricarmen.

Ella se subrogó en las mismas condiciones, es decir, una renta que se actualizaba cada año en base al IPC, más otros gastos como el IBI, durante casi 20 años. El documento forma parte de los contratos conocidos como "de renta antigua".

La mujer, con una discapacidad del 50%, logró que los tribunales le dieran la razón en primera instancia pero finalmente el Tribunal Supremo falló a favor del inversor.

La afectada se enfrenta a su cuarto intento de desahucio desde que la propiedad del edificio pasara en 2018 a Urbagestión, empresa que, según denuncian los colectivos de apoyo, trató de incrementar el alquiler de la inquilina en un 275%.

El Sindicato de Inquilinas asegura haber trasladado diversas propuestas a las administraciones para resolver el conflicto, entre ellas la adquisición pública de la vivienda o reformas legislativas que refuercen la estabilidad de los contratos de alquiler. Sin embargo, denuncia que no ha recibido respuesta a estas iniciativas.

Desde la organización sostienen que ni el Ayuntamiento de Madrid, ni la Comunidad de Madrid, ni el Gobierno central han ofrecido hasta el momento una alternativa habitacional a Maricarmen, más allá de una residencia privada con un coste de más de 1.200 euros, "una barbaridad" para la pensión de la mujer.

La organización recuerda además que Naciones Unidas ha requerido al Estado español que adopte medidas para evitar el desahucio y garantice una solución habitacional adecuada. "Maricarmen está cansada pero tiene fuerzas para seguir adelante", apuntan desde este colectivo.

Por su parte, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha urgido al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid a intervenir ante el desahucio y ha respaldado el requerimiento de Naciones Unidas para suspender cautelarmente el desalojo.

Por un lado, ha criticado al Ayuntamiento por no haberse pronunciado sobre su situación de vulnerabilidad "pese a tener desde hace meses una solicitud sobre la mesa", mientras que, por otro lado, ha cargado contra la Comunidad por no "ofrecer una alternativa habitacional" a la mujer o concederle "un complemento de rentas para que pueda asumir el coste del alquiler".

Al respecto, fuentes municipales apuntan a que los servicios sociales del Ayuntamiento mantienen un seguimiento continuo de su situación. "El Ministerio de Vivienda miente. Los servicios sociales municipales emitieron el correspondiente informe de vulnerabilidad en octubre de 2025 a petición del juzgado", indican.

En este sentido, subrayan que la afectada "es usuaria de diferentes prestaciones sociales municipales", como el servicio de ayuda a domicilio. Además, recalcan que desde el Consistorio se han puesto a su disposición "diferentes recursos de alojamiento", pero que la mujer "ha manifestado expresamente su rechazo cuando se le ha ofrecido plaza".