Donald Trump ha abierto un nuevo frente arancelario con Canadá, y una de las nuevas víctimas colaterales de la disputa es la cartografía. Al igual que hizo a comienzos de su mandato con el golfo de México —que dentro de Estados Unidos pasó a denominarse “golfo de América”—, el presidente estadounidense ha decidido intervenir sobre otro accidente geográfico que comparte con su vecino del norte. En una nueva orden firmada el jueves, dispone que el lago Ontario pase a llamarse “lago América”. Pero ¿es tan sencillo cambiar el nombre de un lugar geográfico? ¿Qué alcance real puede tener una decisión de este tipo?
“Crear esa innovación por decreto en pleno siglo XXI habla más de la personalidad del autócrata que de otra cosa”, opina Jesús Burgueño, geógrafo y catedrático de la Universidad de Lleida. Según explica, los cambios de nombres geográficos suelen plantearse en los institutos cartográficos, donde los países cuentan habitualmente con comisiones de toponimia, que estudia el origen y la evolución de los nombres propios de los lugares. No ha sido el caso de la decisión unilateral de Trump.
Pese a no ser fruto de un proceso histórico acordado durante años por especialistas, la decisión sí tendrá efectos dentro de Estados Unidos. “En cuanto al valor efectivo, desde luego lo tiene”, comenta Burgueño. En primer lugar, porque no es en absoluto insólito que un mismo espacio físico reciba denominaciones diferentes, especialmente cuando se trata de territorios fronterizos. El catedrático pone como ejemplo uno de los principales ríos de América del Norte, que delimita parte de la frontera entre México y Estados Unidos: en México se conoce como río Bravo y en Estados Unidos, como río Grande.
Algo similar ocurre con el mar de Japón, que en ambas Coreas recibe el nombre de mar del Este. La coexistencia de denominaciones puede darse incluso dentro de un mismo país. En España, por ejemplo, conviven “golfo de Bizkaia” y “golfo de Gascogne”, pese a que la primera denominación fue históricamente muy mayoritaria, apunta Burgueño.
Pero el alcance de la decisión de Trump en el ámbito interno se ve especialmente reforzado en un momento en que el republicano acumula más poder. “Todas las administraciones estadounidenses están ahora bajo el control de la Casa Blanca, incluida la Junta de Nombres Geográficos de EE UU”, subraya Frédéric Giraut, profesor de geografía política en la Universidad de Ginebra y titular de la Cátedra de la Unesco Denominar el mundo. La gobernadora del Estado de Nueva York, Kathy Hochul, sin embargo, ya declaró que su administración no incorporará el cambio.
Es probable que las empresas encargadas de elaborar y distribuir mapas dentro de EE UU, sin embargo, adopten la nueva denominación. “Bajo el gobierno actual, National Geographic, por ejemplo, no se atreverá a publicar un mapa que incumpla el decreto de Trump”, sostiene Burgueño.
En términos generales, cada país puede ejercer su soberanía toponímica únicamente sobre la parte del lago que se encuentra bajo su jurisdicción. Cuando se trata de espacios compartidos, el uso consolidado puede dar lugar a una denominación común empleada también en el ámbito internacional.
Cuando hay cambios, los países involucrados tienen que modificar sus mapas oficiales, cartas náuticas y su legislación nacional. Pero Canadá no da señales de que cederá al pulso de Trump, de la misma manera que México no adoptó el “Golfo de América”. El primer ministro canadiense, Mark Carney, ya ha rechazado públicamente la iniciativa: “El nombre lago Ontario procede de la palabra wendat Ontari’io, que, apropiadamente, significa ‘el lago es hermoso, el lago es grande’”, escribió en sus redes sociales. “Tiene más de 400 años y es anterior tanto a la Confederación de Canadá como a la Declaración de Independencia de Estados Unidos”.
El peso de esta decisión unilateral de la Casa Blanca dependerá, por tanto, de los organismos que producen, validan y difunden la información geográfica a escala internacional, explica Giraut. Según el investigador, los demás Estados soberanos “no deberían modificar sus nomenclaturas de exónimos” —los nombres oficiales con los que designan lugares extranjeros— y, por tanto, “tampoco deberían reflejar el cambio en sus documentos cartográficos ni en sus textos oficiales”.
Los organismos internacionales que trabajan con las fronteras marítimas y los nombres geográficos tampoco están implicados. La Organización Hidrográfica Internacional, explica Giraut, mantiene una nomenclatura de mares y océanos que están numerados y denominados, pero no contempla los lagos binacionales ni actúa como árbitro en conflictos toponímicos. Por su parte, el Grupo de Expertos de las Naciones Unidas sobre Nombres Geográficos recomienda preservar la estabilidad de las denominaciones y respetar los usos establecidos.
“El principal reto hoy en día reside en la cartografía digital difundida por las plataformas privadas y colaborativas”, recalca Giraut. “El precedente del golfo de México demostró que las principales de ellas, Google Maps y Apple Maps, aceptaban registrar y mostrar el nuevo nombre impuesto”. En buena parte del mundo esto se hizo, señala, siguiendo el principio de la doble denominación —“golfo de América” entre paréntesis y en segunda posición—. Ya en Estados Unidos y México, se adoptó una única denominación diferente en cada uno.
“Otras plataformas privadas importantes, especialmente las destinadas a los sistemas de navegación a bordo —Bing Maps, TomTom Maps y Here WeGo—, no han ratificado ni difundido el cambio”, recuerda. “Lo mismo ocurre con la principal plataforma colaborativa, OpenStreetMap”.
