EE.UU. y Venezuela acuerdan acceso a reservas petroleras con condiciones inciertas

El petróleo siempre estuvo en el origen del plan estadounidense para Venezuela: Washington quería asegurarse el acceso al crudo venezolano y Caracas necesitaba una inversión multimillonaria para recuperar una industria semidestruida por el chavismo. El acuerdo anunciado estos días responde a esa lógica, pero deja muchas preguntas sin responder: ¿ayudará realmente a reconstruir Venezuela? ¿En qué condiciones y quién decide esas condiciones? ¿Se trata de un ardid electoral republicano? ¿Ralentizará el proceso negociador abierto en agosto?

Donald Trump ha hablado de 65.000 millones de barriles «para Estados Unidos». Esa cifra corresponde a las reservas probadas de 17 campos venezolanos gestionada por una estructura que apunta a un antiguo empresario boliburgués recuperado en la etapa del chavismo 3.0: al parecer, la compañía que estará al frente será North American Blue Energy Partners, propiedad de Alejandro Betancourt. Según el Wall Street Journal, EEUU tendrá un 35% pasivo en la empresa y derecho preferente a comprar el 20% de su producción a precio de coste.

La fórmula, poco habitual, responde a que las empresas no estaban entrando en Venezuela al ritmo que quería Trump. El deterioro de las instalaciones, los riesgos políticos y jurídicos y el recuerdo de las expropiaciones de la época de Hugo Chávez pesan todavía, según el Wall Street Journal. Así que Washington ha terminado colocando al propio Gobierno dentro de la operación. Hay confusión incluso entre ejecutivos petroleros y funcionarios de EEUU.

Caracas asegura que el acuerdo permitirá más de 100.000 millones de dólares de inversión, pero apenas se han dado detalles ni de su procedencia ni de su gestión final. La discusión venezolana, en cualquier caso, no es si debe entrar capital extranjero. La cuestión es que existan reglas claras, seguridad jurídica y transparencia; que la inversión no dependa de relaciones privilegiadas con el Gobierno que esté en Caracas. El interés está en quién tendrá acceso a esas reservas y en las condiciones en que se desarrollen. Y eso queda ligado a la situación política de Venezuela.

LA TRANSICIÓN

Delcy Rodríguez es quien ha firmado el acuerdo por la parte venezolana. La sucesora del dictador Nicolás Maduro carece de legitimidad democrática. Así que, aunque es posible que un futuro Gobierno democrático decida mantener el acuerdo si considera que sus condiciones son razonables para el país, también lo es que quiera revisarlo. La Constitución venezolana establece que las reservas de hidrocarburos pertenecen a la República,y los críticos del pacto cuestionan que la presidenta interina pueda comprometer durante tanto tiempo los derechos sobre esos recursos, según el WSJ.

Además, EEUU ya no estará mirando desde fuera. Según el Wall Street Journal, la estructura empresarial se diseñó para hacer más difícil que un futuro Gobierno venezolano pueda desmontar el acuerdo. Es obvio que la transición democrática de Venezuela ha quedado en fuera de juego. Y aunque este pacto no permite concluir que Washington vaya a abandonar la idea de unas elecciones, sí plantea qué margen tendría un nuevo presidente si quisiese cambiarlo.

Schreiner Parker, de Rystad Energy, puso esa condición en el centro de su valoración al Wall Street Journal: «Si este acuerdo puede sobrevivir a los siguientes Gobiernos venezolanos», Trump habrá asegurado reservas estratégicas para EEUU. Ese «si», más allá de la clave interna para los electores estadounidenses, contiene buena parte de la historia.

La consultora internacional Carmen Beatriz Fernández responde que existe el riesgo de que EEUU consiga estabilizar y rentabilizar Venezuela sin democratizarla. «Me preguntas si es posible una estabilidad autocrática: y sí, pero es muy costoso. Cualquier régimen debe tener un mínimo de legitimidad. La legitimidad más barata es la democrática. La de la fuerza es muy cara, tanto en términos económicos como reputacionales para EEUU».

Al final, si la producción petrolera aumenta, llegan inversiones y el Estado venezolano obtiene ingresos suficientes, el pacto podrá presentarse como el comienzo de la reconstrucción de la industria. Si los contratos resultan difíciles de revisar, si la distribución de los beneficios genera dudas o si un futuro Gobierno considera que se comprometieron los recursos del país sin suficiente legitimidad, el problema será bastante mayor que una disputa petrolera.