El biometano: una fuerza imparable que España debe domar

Hay debates que pertenecen al terreno de las opiniones y otros que terminan resolviéndose por el peso de la realidad. El biometano pertenece cada vez más a esta segunda categoría.

Quienes trabajamos en el sector hemos defendido desde hace años que España necesitaba mirar más allá de la electrificación para completar su transición energética. Hoy ya no hablamos de una posibilidad futura, sino de una necesidad respaldada por la normativa europea, por la geopolítica y por la propia lógica económica e industrial. La cuestión ya no es si el biometano va a desarrollarse, sino cómo vamos a hacerlo.

El plano regulatorio es el más definido. Europa avanza hacia una gestión cada vez más eficiente de los nutrientes y los residuos orgánicos, impulsando modelos productivos capaces de reducir emisiones, mejorar la salud de los suelos y minimizar el impacto ambiental de la actividad agroganadera. Al mismo tiempo, la descarbonización de sectores difíciles de electrificar –como la industria pesada o el transporte– exige soluciones inmediatas y tecnológicamente maduras basadas en moléculas verdes. En ambos casos, el biometano ofrece una respuesta difícilmente sustituible. Permite transformar residuos orgánicos en energía renovable, mejorar la gestión ambiental del sector primario y producir fertilizantes orgánicos que encajan plenamente con la estrategia europea de nutrición sostenible de los suelos.

Las tensiones geopolíticas de los últimos años han recordado a Europa que la seguridad energética sigue siendo un factor estratégico. Cada crisis internacional que afecta a los mercados energéticos vuelve a poner de manifiesto lo expuestos que estamos y lo sensibles que somos a las importaciones energéticas. La incertidumbre sobre rutas de suministro críticas, o las consecuencias que cualquier interrupción energética tiene sobre la competitividad industrial europea, refuerzan el valor de una energía renovable, gestionable y producida a partir de recursos locales.

Existe un tercer elemento que confirma el carácter irreversible de esta transformación: la inversión. Según las previsiones de la European Biogas Association (EBA), el sector privado prevé movilizar alrededor de 4.800 millones de euros en España hasta 2030 para desarrollar 17,3 teravatios-hora anuales de producción de biometano. Hablamos de una capacidad equivalente a aproximadamente el 11% del consumo industrial de gas registrado en España en 2025. Pocas tecnologías energéticas concentran hoy un interés inversor comparable.

Precisamente porque el biometano es una fuerza imparable, necesitamos domarlo. La normativa derivada del Real Decreto 7/2026, orientado a mitigar los efectos de la crisis energética derivada de la guerra en Irán, ha supuesto un punto de inflexión. Por primera vez, España empieza a construir instrumentos regulatorios capaces de generar una demanda estructural para el gas renovable.

Las propuestas sobre la mesa pueden resumirse en dos grandes ejes. El primero, la implantación de cuotas obligatorias de penetración de biometano en el consumo de gas natural, empezando en el 0,5% en 2028 y situándose en el 6% en 2035. El segundo, la creación de un sello de excelencia social, que deberán cumplir las plantas para que su biometano sea contabilizado dentro de las obligaciones al consumo.

Para domar a una realidad que viene con tanta fuerza se exige firmeza, pero también sensibilidad. Las moléculas de biometano derivan de una larga cadena de intereses que abarca desde el vecindario de los municipios donde se instalan las plantas, pasando por el sector agroganadero, las administraciones, los sectores inversor y productor, hasta llegar a los consumidores. El desafío consiste en armonizar todas esas energías sin romper la dinámica virtuosa que se está generando.

Excelencia que sume y no reste

Las plantas de biometano deben aspirar a ser los mejores vecinos posibles. La integración territorial, la transparencia, la participación de las comunidades locales, la creación de empleo de calidad o la contribución a resolver problemas ambientales como la gestión de residuos y la contaminación por nitratos son elementos fundamentales para consolidar la licencia social del sector.

Sin embargo, el futuro sello de excelencia social debe construirse desde una lógica de mejora continua y no desde una lógica punitiva. España cuenta ya con empresas promotoras que están desarrollando proyectos bajo estándares ambientales, sociales y técnicos extraordinariamente exigentes. Muchas de las prácticas de excelencia que ahora se pretenden incentivar ya forman parte de la realidad de numerosos proyectos en tramitación, por no decir de la grandísima mayoría de las empresas promotoras con desarrollos serios. Por ello, el sello debe servir para reconocer, visibilizar y elevar los estándares del sector, pero nunca para introducir incertidumbres regulatorias adicionales o barreras que ralenticen inversiones necesarias. La excelencia debe actuar como acelerador, no como freno.

La misma reflexión puede aplicarse a las cuotas obligatorias de consumo. Resulta positivo que España empiece a construir una demanda doméstica capaz de aprovechar una energía renovable producida en nuestro territorio. Durante años, el mercado europeo ha demostrado que el biometano puede prosperar gracias al interés de una demanda dispuesta a pagar por la descarbonización. De hecho, buena parte del desarrollo previsto en España se sustenta actualmente en empresas compradoras del norte de Europa que buscan moléculas renovables para cumplir sus objetivos climáticos.

Pero, si queremos que el biometano contribuya verdaderamente a la reindustrialización española, no podemos trasladar el esfuerzo económico solo al consumo nacional. Las grandes empresas consumidoras industriales son aliadas imprescindibles de esta transformación y quienes deben incorporar gases renovables a sus procesos.

Aunque el diferencial de precio entre biometano y gas fósil será en parte mitigado por el ahorro derivado de evitar la adquisición de derechos de emisión asociados al nuevo régimen europeo de comercio de emisiones (ETS2), lo cierto es que cargar exclusivamente sobre la gran industria la mayoría del sobrecoste respecto al gas fósil podría generar tensiones innecesarias sobre la competitividad de sectores estratégicos para nuestra economía.

La experiencia europea ofrece enseñanzas valiosas. Italia es probablemente el mejor ejemplo. Gracias a mecanismos de apoyo a la demanda, como las feed-in tariffs y otros instrumentos de incentivo como la aceleración del permitting de los proyectos, el país ha conseguido desarrollar en pocos años una industria desde prácticamente cero. Hoy Italia ya suma más de 140 plantas frente a las apenas 26 en operación en España, pero lo más importante es que ese crecimiento ha permitido impulsar la producción nacional sin penalizar la competitividad de su tejido industrial.

Necesitamos un marco que impulse la producción, fomente la demanda, proteja la competitividad industrial y genere beneficios tangibles para los territorios donde se desarrollan los proyectos. Si acertamos en ese equilibrio, el biometano no solo será una herramienta para descarbonizar nuestra economía. Será también una palanca de desarrollo y creación de empleo en zonas rurales, autonomía energética y crecimiento industrial.

La fuerza ya está aquí. La inversión también. La tecnología lleva décadas demostrando su eficacia. Ahora toca hacer algo más difícil: dirigir toda esa energía en la dirección correcta, una tarea en la que debemos implicarnos todos los niveles de la administración, las empresas promotoras, el consumo y hasta el vecindario de los municipios con plantas de biometano.