El bulo del origen en el crimen de Manresa y el debate sobre la transparencia policial

En el crimen de Manresa, Aliança Catalana y Vox –con la aquiescencia de Junts– echaron la gasolina del odio: “Son menas magrebíes”. Durante un día que se hizo largo, el martes, ese fue el relato. El primero que se impuso. El que corrió por las redes, el que se instaló en las conversaciones, el que interpretó el asesinato sin sentido de un vecino de Castellnou del Bages, ocurrido un lunes de fiesta mayor.

Solo que no era verdad. La consellera de Interior, Núria Parlon, tuvo que salir a desmentirlo. Eso pasó el miércoles. Los menores detenidos por el apuñalamiento mortal de Carles Vilajosana, de 45 años, “han nacido en Catalunya”, dijo tajante.

Para entonces ya era tarde, el bulo ya había hecho su trabajo: había encontrado culpables antes que hechos, gravísimos en este caso, y había situado el origen por delante del crimen.

El jueves, Mayka Navarro puso el contexto del suceso en su crónica publicada en este diario. La clave de todo: la verdad y el contexto. Contaba Mayka que el menor que supuestamente apuñaló a Carles tiene 16 años, es hijo de padres marroquíes y malvive en la calle desde los 12, entrando y saliendo de centros. Él y el otro detenido, de 15 años, hijo de padres españoles, acumulan un historial delincuencial demasiado largo para su corta edad.

Los dos, nacidos en Manresa.

En noviembre del año pasado, la Ertzaintza modificó un criterio que había mantenido durante décadas y comenzó a informar sobre el origen de los detenidos. El Gobierno vasco y el PNV, al frente a la Consejería de Seguridad, defendieron en ese momento esa medida en aras de la transparencia y para combatir los bulos y la difusión de datos sesgados, carnaza para los discursos ultra.

A luz del caso de Manresa, la decisión de los vascos no parece tan descabellada. Me pregunto si ofrecer toda la información desde el principio habría servido para desinflamar el odio que ya circulaba sin freno evidente. A Aliança Catalana y Vox les faltó tiempo para encender la calle al grito de “¡Hasta los cojones!”.

Los delitos no tienen nacionalidad, raza ni religión. Detrás de cada acusación racista hay, demasiadas veces, una cuestión socioeconómica: pobreza y exclusión. Y esta sólo se ataca con una respuesta del Estado de bienestar que hoy está muy desatendido.

Son estos dos principios rectores.

Pero ¿y si ocultar la nacionalidad de los delincuentes actúa como un bumerán y estigmatiza más? Ahora se informa de la edad, el género y el lugar de residencia de quien comete un delito. ¿Por qué el origen debe ser el único dato que desaparece? El silencio institucional no elimina la curiosidad ni cambia los hechos: simplemente deja el relato en manos de otros con muchos más prejuicios y nulo interés por el contexto.

Con los datos en la mano, todas las cartas están sobre la mesa y se pueden empezar a tomar las decisiones correctas para enderezar una situación. Una democracia madura debería hablar a sus ciudadanos como adultos que son y no esconderles información como si se tratara de niños a los que proteger de la realidad.