El calvario de Maribel: cómo un policía local usó sus conocimientos para acosar a su exmujer

Maribel se divorció de su pareja, el subinspector de policía local Víctor G. B. en 2022. Cuando dijo basta, comenzó un periodo infernal para ella y sus dos hijas que recoge la sentencia que llevó al agente a prisión en julio. En los tres años que han pasado entre la primera denuncia, de julio de 2023, y su entrada en la cárcel en Granada, el maltratador usó todo un despliegue tecnológico aprovechándose de sus conocimientos policiales para vigilarla y acosarla y quebró de manera reiterada la orden de alejamiento que el juez le impuso. “Le dije que recogiera sus cosas y saliera de mi casa… Entonces empezó el mayor calvario de mi vida”, cuenta Maribel, que es psicóloga y tiene 53 años. El camino para ponerse a salvo no ha sido fácil. Ha reunido el valor para contarlo a EL PAÍS después de que su exmarido empezara a cumplir la condena de 29 meses por delitos de violencia habitual y menoscabo psíquico.

La pareja se casó en 1992. Maribel explica que la relación entre ambos “siempre fue complicada, aunque no siempre fue mal”. La historia empezó a torcerse, relata, con el nacimiento de la segunda hija. Entre otros motivos, porque ella decidió adaptar su vida a la de Víctor, que empezó a trabajar de policía local en Motril, en Granada. Ella buscó un trabajo en un geriátrico en la ciudad costera para que él no se sintiera amenazado. Pasaron casi 20 años hasta que ella decidió que quería trabajar en la capital y mejorar su formación. Entonces, el hombre “se empezó a disparar”, relata. Maribel leyó su tesis doctoral en 2017 y consiguió un sobresaliente Cum Laude. “Te has salido con la tuya”, le dijo él en lugar de felicitarla. A partir de ahí, según establece la sentencia, se agravaron “las conductas de control, celos y menosprecio hacia su persona”.

En esos momentos, Maribel ya sentía que debía alejarlo de su vida y empezó a hacerse a la idea. Le preparó incluso el convenio regulador para el divorcio, pero él insistía en que se iba a poner en tratamiento, que iba a cambiar. Ella aceptó no formalizar el divorcio, pero le puso una condición: “Teníamos que hacer liquidación de gananciales. No estaba dispuesta a perder lo que era mío. Y accedió”. Puso a salvo su patrimonio. Ahora se lamenta de no haber acelerado el divorcio. Según la sentencia, “durante la convivencia, el acusado mostraba comportamientos agresivos —golpeando mobiliario, lanzando objetos— y mantenía una actitud despectiva y hostil también hacia sus hijas”.

Ella sitúa el punto de no retorno en 2022, cuando le dijo que saliera de su casa. Víctor se marchó en septiembre y empezó el calvario que refiere Maribel. Como psicóloga, analiza que comenzaron a aflorar en él rasgos psicopáticos que permanecieron dormidos hasta que se sintió abandonado.

Lo que vivió esos meses, preludio de lo que ocurrió en los siguientes años, parece una película de terror. Maribel relata que él no paraba de entrar en su vivienda a pesar de que ella cambiaba una vez tras otra la cerradura. Para que ella siempre lo tuviera presente, cree Maribel, le robaba objetos o los cambiaba de sitio. La mujer instaló cámaras de vigilancia que él inutilizaba cortando la luz. Cuando Maribel se daba cuenta de que las cámaras no funcionaban, iba rápidamente a casa. Pero él le había puesto un localizador en el coche que le permitía saber siempre dónde se encontraba. Maribel menciona varios viajes en los que el maltratador, que también es el de sus hijas —ahora ya mayores de edad— la seguía sin razón.

La sentencia —cuyo recurso ante la Audiencia Provincial ha llevado finalmente al policía a la cárcel— reconoce probado que “la hija mayor, desde su infancia, ha presenciado episodios de violencia verbal y psicológica ejercidos por su padre hacia su madre, y ha sido objeto de numerosos gritos e insultos tales como inútil, guarra no vas a llegar a nada”. La pequeña narró ante la jueza una situación durante un fin de semana que pasó con su padre: la dejó en lo que ella llamó la cueva (en referencia a la casa de su progenitor), “sin comida, teléfono, pasando frío y aislada de sus amigos”.

Maribel recuerda con mucha amargura la repercusión que ha tenido todo lo vivido en su hija mayor: “Se ha perdido una época muy bonita, la universitaria. Ha vivido ese tiempo encerrada en una vivienda, también con cámaras, y eso no se me va a olvidar. Sus amigos han sido excepcionales, pero no ha vivido esa etapa como le correspondía”, lamenta.

Un sistema “decepcionante”

La mujer enumera decenas de rupturas de la orden de alejamiento, las veces que la siguió o el día que le mandó a un hombre vestido como él para atemorizarla. Una lista demasiado larga de episodios incluidos en las siete causas judiciales que Víctor G. B. aún tiene pendientes con Maribel, más otras tres ajenas a ella de asuntos profesionales relacionados con una presunta organización criminal que se investiga en la Policía Local de Granada. Las últimas investigaciones relativas a ese caso, independiente del de malos tratos, lo señalan como un actor relevante.

“Intentaba generarme miedo y que pareciera una desquiciada de cara a los demás. Para él era como un juego de ajedrez en el que él movía ficha y yo tenía que adivinar. Si yo le ganaba la jugada, entonces se envenenaba y se vengaba”. A pesar del desgaste, intentaba mantenerse centrada. Se apoyó en su profesión, recibió tratamiento por parte de sus compañeros. Intentaba adelantarse y adivinar cómo iba a actuar.

Como profesional, Maribel está familiarizada con la violencia de género y ha trabajado con víctimas. “Mi profesión me ha protegido de que él acabara conmigo”, explica, “pero judicialmente me ha perjudicado mucho”. Asegura que se siente decepcionada. “Llevo muchos años de forense, siempre mi trabajo se ha respetado y se ha valorado mucho. Esperaba respaldo porque, en cierto modo, era mi entorno. Lo que no me esperaba era lo contrario”. Y añade: “Fui viendo que al juzgado lo que le molestaba era que denunciara porque era más trabajo”.

Maribel agradece la labor de Guardia Civil, Policía Nacional o la subdelegación de Gobierno en la provincia y critica el de algunas instancias judiciales o el papel del Ayuntamiento de Granada, para el que trabaja su exmarido. Les acusa de haberle ascendido y de pagarle un plus por estar a cargo de sus hijas, algo que asegura que no ocurría en realidad. Preguntado por este asunto, un portavoz del Ayuntamiento declina responder.

Maribel pide, además, que no se hable de las víctimas de violencia machista como si fueran todas iguales y pertenecieran a una única clase social: “No hay un perfil de víctima. He tenido juezas y notarias en la consulta”. Recomienda a otras supervivientes que intenten mantener la cabeza fría. “Hay momentos en los que la víctima tiene un nivel de sufrimiento tan grande que dice: ‘Me da igual, quiero separarme y ya está’. Pero luego te das cuenta de que has perdido patrimonio. Con el tiempo, te llegas a encontrar bien y te lamentas de eso”, explica.

El estrés y el peligro siguen aún muy presentes en la vida de Maribel. Todavía no se siente tranquila. “Nos toca asumir todo lo que hemos vivido”. Sonríe al contar que sus dos hijas van por buen camino; una ha terminado la universidad, y la otra empieza ahora. Tienen toda la vida por delante para disfrutar sin miedo.