Agentes federales han registrado el domicilio en Washington de la congresista demócrata progresista Ilhan Omar, una dura crítica del presidente Donald Trump y detestada por el mandatario, a primera hora de este lunes como parte de una investigación por posibles delitos, según ha confirmado un portavoz del Departamento de Justicia. Al parecer, la investigación está relacionada con la documentación que en su día presentó la familia de la legisladora, nacida en Somalia, para obtener la nacionalidad estadounidense. Omar ha denunciado el caso como una escalada en una “campaña de intimidación política” por parte del inquilino de la Casa Blanca.
En un mensaje en redes sociales, la congresista ha declarado que está “bien” e insiste en que el registro antes del amanecer en su vivienda forma parte de una presión orquestada contra ella. “No se equivoquen: esto es un intento de ir contra enemigos políticos y de utilizar las fuerzas federales de la ley como arma. Durante diez años, Trump me ha atacado con mentiras sin fundamento y campañas de calumnias. Esta es solo una nueva escalada en su campaña de intimidación política”, sostiene Omar. “No voy a dejar que me silencien”, ha prometido
“La división de Investigaciones de Seguridad Nacional llevó a cabo un registro autorizado judicialmente y solicitado por el Departamento de Justicia”, ha declarado un portavoz de esa institución. “Esta medida forma parte de una investigación federal en curso sobre posibles delitos”. La división de Investigaciones de Seguridad Nacional forma parte del temido ICE, la policía de inmigración y aduanas.
Según Fox News Digital, esa investigación examina la documentación de inmigración presentada por el padre de Omar cuando la actual congresista era una niña y la familia entró en Estados Unidos con el estatus de refugiados. La futura política obtuvo la nacionalidad cuando era adolescente.
La acción policial ha ocurrido apenas tres semanas antes de las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre, en las que están en juego los 435 escaños de la Cámara de Representantes y un tercio del centenar de escaños del Senado. Las encuestas indican que la oposición demócrata podría ganar la mayoría en ambas cámaras.
Ilhan Omar forma parte de un grupo de legisladores demócratas a los que el presidente estadounidense, Donald Trump, detesta personalmente y contra los que arremete con frecuencia. El mandatario también critica a menudo a la comunidad somalí en Estados Unidos, a la que acusa desde hace tiempo, en una serie de comentarios antimusulmanes y sin ofrecer pruebas que lo respalden, de corrupción y de representar una amenaza para la seguridad nacional estadounidense y la estabilidad del Estado de Minnesota, donde se concentra buena parte de este grupo étnico, unas 80.000 personas.
“Cuando vienen del infierno y se quejan y no hacen más que criticar, no los queremos en nuestro país”, ha comentado Trump sobre la comunidad somalí. “Que vuelvan al lugar de donde vinieron y lo arreglen”. El mandatario también repite que Somalia “apesta” y que es un “Estado fallido”.
El presidente siempre ha expresado sus dudas de que la congresista, que llegó de niña al país con estatus de refugiada, entrara de forma legal. Son muchos los vituperios que le ha dedicado: ha llegado a llamarla “basura” y repite una y otra vez el bulo de que se casó con su hermano.
Omar, del ala progresista de su partido y una de las grandes críticas de Trump en el Capitolio estadounidense, ha descrito los comentarios del presidente contra ella como una “obsesión insana y espeluznante”. La congresista ha denunciado que tanto ella como su familia han recibido amenazas de muerte, que Omar atribuye a la “retórica de odio” en la política estadounidense, incluida la del propio mandatario.
El mes pasado, un residente de Minnesota fue condenado a un año y dos meses de cárcel tras declararse culpable de un ataque contra un representante federal. Anthony James Kazmierczak admitió que había derramado vinagre sobre Omar porque estaba en desacuerdo con sus ideas políticas. En su momento, Trump llegó a poner en duda que la agresión hubiera sido auténtica.
Durante el segundo mandato de Trump, el Departamento de Justicia -encabezado por Todd Blanche, antiguo abogado personal del presidente- ha abierto investigaciones y ha presentado cargos contra varias de las personas a las que el mandatario considera sus enemigos políticos. Acusó de perjurio ante el Congreso al exdirector del FBI James Comey, que en el primer mandato de Trump abrió una investigación sobre posibles contactos entre su campaña y representantes rusos. Un tribunal desestimó el caso, pero Justicia volvió a imputar al exalto cargo meses después, esta vez por difundir en redes la imagen de unas conchas que componían los números 47 86, en lo que los fiscales consideran que es un código para incitar a la violencia contra el presidente.
El Departamento de Justicia también abrió investigaciones contra la fiscal general de Nueva York Letitia James, que llevó a juicio a Trump, y contra el exconsejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca John Bolton, que tras su salida del cargo se convirtió en un duro crítico del presidente. El caso contra James también fue desestimado por los jueces; Bolton se declaró culpable y el tribunal emitirá su sentencia este mes.
