El fracaso de la Biblioteca Central de Zaha Hadid en Sevilla

La idea adquirió forma administrativa en junio de 2005, cuando la Universidad de Sevilla del rector Miguel Florencio y el Ayuntamiento del socialista Alfredo Sánchez Monteseirín suscribieron un convenio para reordenar los suelos universitarios de la ciudad. Una de las piezas del acuerdo era reservar en los jardines del Prado de San Sebastián la parcela donde debía levantarse la nueva biblioteca central.

La Hispalense quería un espacio monumental, futurista y deliberadamente epatante donde reunir sus fondos históricos, abrir salas de estudio las 24 horas y dotarse de un gran centro de investigación. El Gobierno municipal quería un edificio capaz de anunciar, mediante la fuerza visual de una nave intergaláctica varada en un jardín, que Sevilla había entrado en la modernidad.

El principal valedor de la operación en el Ayuntamiento fue Manuel Marchena, entonces gerente de Urbanismo y hombre fuerte de Monteseirín. Pretendían recrear en el Prado el modelo del Rijksmuseum de Ámsterdam. El emplazamiento estaba decidido antes incluso de elegir al arquitecto. El consistorio reservó para la universidad 3.915 metros cuadrados en el frente oriental de los jardines y la Hispalense convocó un concurso internacional. En febrero de 2006 ganó Zaha Hadid, una arquitecta iraquí-británica, célebre por sus edificios futuristas de curvas imposible y apariencia alien.

Dos años antes de eso, Hadid se había convertido en la primera mujer en recibir el premio Pritzker, el Nobel de la arquitectura. Su firma garantizaba titulares.

Lo que proyectó fue un edificio de unos 130 metros de longitud, 8.000 metros cuadrados construidos, tres plantas más sótano y una altura máxima de 25 metros. Incluiría un auditorio, cafetería, salas de lectura y ordenadores, áreas de investigación y un aparcamiento subterráneo para 80 coches.

La propuesta dividió a Sevilla. Ricardo Bofill, miembro del jurado, la celebró como un edificio «distinto, único» y «estético en sí mismo». Antonio Burgos la describió en el ABC como «una caja de zapatos de Carmelo Orozco puesta así como en rampa». Para unos era la Sevilla del siglo XXIV; para otros, un resto cutre de la Expo.

El problema, siempre lo hay, era precisamente el parque. Porque el Prado de San Sebastián no era uno de esos descampados que aguardan resignadamente una rotonda.

El PGOU de 1987 había clasificado el área como «parque central» y el Plan Especial de 1994 reforzó su protección como espacio libre. Aquella calificación permitía instalar pequeños quioscos y servicios, pero no levantar edificios de 25 metros de altura.

Para construir la biblioteca había que conseguir primero que sus 3.915 metros cuadrados dejaran de formar parte de la zona verde. El nuevo PGOU los recalificó como «equipamiento de uso educativo» y la Junta de Andalucía de Manuel Chaves, también socialista, aprobó definitivamente la modificación el 19 de julio de 2006. Los árboles seguían en el mismo sitio, pero el terreno había dejado de ser un parque.

Los vecinos de las calles Diego de Riaño y Ciudad de Ronda entendieron enseguida lo que significaba aquel cambio. No se oponían a la biblioteca ni discutían el talento de Hadid. Sostenían que no se podía amputar una zona verde protegida cuando la Universidad disponía de otros terrenos. En 2006, la comunidad de propietarios del número 9 de la calle Diego de Riaño interpuso ante el TSJA un recurso contencioso-administrativo contra la aprobación del nuevo PGOU.

El recurso no suspendía automáticamente el planeamiento y la Universidad decidió seguir adelante. Las obras comenzaron en agosto de 2008. Cuando el TSJA resolvió el pleito, el 4 de junio de 2009, ya había cimentación, pilares y parte del aparcamiento subterráneo. Se anuló la recalificación por injustificada y se ordenó después paralizar los trabajos.

Universidad, Ayuntamiento y Junta recurrieron. El Tribunal Supremo cerró la discusión en junio de 2011: el interés universitario no justificaba ocupar una zona verde consolidada, especialmente cuando existían alternativas.

La Hispalense propuso integrar el esqueleto en el jardín con zonas de ocio y jardines colgantes. Como segunda alternativa, pidió conservar al menos el aparcamiento para 80 vehículos. El TSJA rechazó ambas ocurrencias: lo construido sobre tierra era ilegal y lo construido debajo también. En junio de 2012 ordenó demolerlo todo y devolver el Prado a su estado anterior.

Las excavadoras regresaron aquel agosto, esta vez para destruir lo que otras máquinas habían levantado. En abril de 2014 habían desaparecido la estructura, la cimentación y el aparcamiento. La Universidad repuso los árboles, los bancos y las papeleras. La factura final ascendió a 9.257.000 euros.

La Biblioteca Central terminó abriendo en 2017 en los terrenos de Eritaña, donde la Universidad preveía invertir otros 6,4 millones. En 2020, el TSJA ordenó además a la Universidad devolver los 16,4 millones recibidos de la Junta para financiar el proyecto.