En diciembre de 2025, Australia se convirtió en el primer país del mundo en prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años, una propuesta que Pedro Sánchez secundaría el pasado febrero. El objetivo de aquella medida, en palabras del primer ministro Anthony Albanese, era proteger a niños, niñas y adolescentes de entornos digitales que se habían convertido en “un arma para los acosadores, una fuente de ansiedad, un vehículo para los estafadores y, aún peor, un medio para el abuso infantil”; y para ello, se eligió una ley seca como remedio.
Con la entrada en vigor de la ley, cientos de miles de adolescentes se levantaron una mañana sin acceso a las plataformas. “Siguiendo la legislación australiana, no podrás usar las redes sociales hasta cumplir los 16”, avisaba la última notificación emergente que habrían de recibir de Instagram. En caso de romper con la nueva norma, las grandes tecnológicas tendrían que pagar 30 millones de dólares americanos al Estado australiano, mermando sus beneficios.
Sin embargo, en las antípodas del globo, aquel corto verano de la autarquía se fue derritiendo como un cono de helado, manchando con chorretones el texto de una ley que era bonita, pero no funcionó. A pesar de la prohibición, sólo cuatro meses después casi dos tercios de los menores australianos de entre 12 y 15 años afirman que han recuperado el acceso a sus redes por la puerta de atrás, mintiendo sobre su fecha de nacimiento o ignorando las solicitudes de verificación de edad. Tampoco el organismo independiente encargado de evaluar su impacto, eSafety, encontraría una bajada significativa ni en los niveles de bullying ni en el acoso sexual basado en deepfakes o imágenes íntimas.
Ni siquiera Francia, que en julio se convirtió en el primer país de la Unión Europea en prohibir las redes a los menores de 15 años, parece haber tomado nota. La Comisión Europea, en cambio, ya apunta en otra dirección, al reclamar junto a la restricción de edad sistemas de “seguridad desde el diseño”. Esa es la vía que España debería tomar. Condicionar la prohibición a los elementos dañinos o adictivos del diseño de las plataformas, y no a la edad de quien las usa, es la verdadera lección frente al fracaso del modelo australiano, centrado en prohibiciones basadas en la edad. Discutir dónde se ponen las puertas al campo no tiene sentido. Si el objetivo es “convertir las redes sociales en un espacio saludable y democrático”, tapiar las ventanas no va a hacer que ese espacio se llene menos de moho, y poner pestillos no saca a los violentos de adentro.
Los problemas ligados al uso de redes sociales que sufren los niños, niñas y adolescentes en nuestro país están vinculados a un modelo de negocio muy concreto: capturar nuestra atención y explotar nuestros datos a través de elementos de diseño que son poco seguros, nocivos o adictivos. Poco seguros, como que un menor de 12 años pueda recibir mensajes privados no consentidos de adultos desconocidos. Nocivos, como la publicidad basada en datos personales que hace que una niña de 14 años con predisposición a la anorexia sea bombardeada con anuncios de dietas milagro. Y adictivos, como el scroll infinito, que nos hace pasar horas delante de la pantalla para consumir más contenido.
Una fábrica de cuentas falsas en Myanmar o Filipinas puede estar interesada en poder enviar mensajes a cuentas desconocidas, pues son una pieza central del modus operandi de los ciberestafadores. ¿Pero por qué un padre o una madre iban a estar a favor de que, por defecto, la cuenta de sus hijos pueda recibir mensajes de cualquier extraño a sabiendas del riesgo que supone? Los estudios de opinión publicados demuestran que no lo están. Simplemente, en el Salvaje Oeste digital han mandado hasta ahora los dueños del salón, la armería y el casino.
Que la protección digital para menores y adolescentes avance en esta dirección evitaría repetir los errores de un modelo abocado al fracaso y el caos regulatorio. Pero, sobre todo, acertaría al poner el foco sobre un modelo de negocio, el de las plataformas, que no habríamos permitido a ninguna otra industria, aún menos si los primeros afectados fuesen los más pequeños.
Hacer a los directivos penalmente responsables de las infracciones de sus compañías avanzaría también en esta dirección: las multas, para una empresa tan lucrativa como la minería de datos y la explotación de nuestra intimidad, simplemente no son suficientes. Si permitir la difusión de contenidos tan nocivos como rentables se puede compensar con una multa, las multas corren el riesgo de convertirse en una bula papal.
