El Gobierno aprueba por vía de urgencia un real decreto para regular los lobbies en España

España cuenta con un cada vez más numeroso club del lobby, un sector que el Gobierno quiere ahora regular de urgencia. Las empresas del Ibex 35 tienen equipos propios para tratar de influir en la toma de decisiones de los políticos y en los últimos años han proliferado en torno a una docena de empresas que se dedican, principalmente en Madrid, a intentar influir en las leyes para sus clientes, que son empresas nacionales e internacionales. Gana quien disponga de una mejor agenda de contactos en los ministerios y el Congreso. El problema es que la actividad no cuenta con una total transparencia, lo cual convierte al sector español en una anomalía en Europa. El primer Consejo de Ministros del curso aprobó un real decreto-ley que debe convalidarse este mes y que hoy no cuenta con los apoyos necesarios.

Acento, Llorente y Cuenca, Harmon , Kreab o Rud Pedersen, entre otras empresas de lobby, emplean a políticos que fueron ministros, secretarios de Estado, jefes de gabinete o diputados. Del PSOE, PP, CiU, ERC, PNV, Sumar y hasta en un caso, de Podemos. Las empresas han ido conformado una tupida red de fichajes en busca de contactos y posibilidad de influir en la toma de decisiones políticas. A ellas hay que sumar el Ibex 35 y las patronales empresariales, con una gran actividad. El lobby no ha parado de crecer en España en los últimos años. En el 2025 los ingresos del sector ascendieron a 315 millones, el doble que tres años antes.

El Gobierno pactó con Bruselas en el marco de los fondos europeos que España tuviera su propia ley de lobbies. El Ejecutivo aprobó un proyecto de ley en el 2025 que está bloqueado en el Congreso y ha legislado de forma urgente, vía real decreto-ley. Según argumenta el Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública, promotor de la norma, “vamos tarde”. “La aprobación no solo se toma por la necesidad de cumplir con el hito 432 del Plan de Recuperación, sino que obedece a la decisión del Gobierno de dar respuesta a una fuerte demanda social y política”, argumenta el departamento dirigido por Óscar López. “El texto actual cumple con los requisitos exigidos por la Comisión , por un lado, y, por otro, refleja el arduo trabajo realizado para integrar todas las sensibilidades del arco parlamentario, como se evidencia con las 19 enmiendas transaccionales ya firmadas a finales del pasado año, más otras tantas individuales. Además, la norma cuenta con un fuerte consenso social que demanda la regulación de este tipo de relaciones”, expone.

Pero las empresas tienen otra visión. El epicentro de la polémica es el registro público, estatal y obligatorio, que dependerá del Consejo de Transparencia, y donde se deberá aportar información muy precisa sobre las reuniones con políticos: fecha, lugar, participantes, resumen de lo abordado y documentos intercambiados. Transparencia casi absoluta.

Los actores afectados por la ley están intentando que no sea convalidada en el Parlamento. Varias empresas del Ibex 35 exponen a La Vanguardia su frontal oposición. Las grandes cotizadas estarían entre las grandes perjudicadas por la norma. Energéticas, bancos o telecos, sectores en buena medida regulados, basan una parte de su trabajo en los contactos con la Administración. Por ello creen que si la ley de lobbies acaba aprobándose tal y como ha sido configurada “se inhabilita de facto cualquier contacto informal” con los ministerios o los parlamentarios. “Con esta normativa se multiplicarían los Koldos”, opina una de estas compañías.

Desde otra firma del Ibex señalan que “los grupos de trabajo entre empresas y Administración ya se están paralizando” por temor al régimen sancionador, que contempla sanciones de hasta 40.000 euros e inhabilitaciones de cinco años. Una de las principales empresas de lobby añade que “el registro paralizaría la actividad del Departamento de Asuntos Económicos de La Moncloa, cuya labor es reunirse con empresas para conocer sus inquietudes”.

La votación en el Congreso para convalidar la norma vuelve a depender de Junts. El partido de Carles Puigdemont mantiene una posición crítica con el hecho de que el Gobierno haya legislado de urgencia y haya olvidado las enmiendas registradas por la formación hace dos años. Por ejemplo, propuso precisar a quién va dirigida la regulación para diferenciar a los lobbistas profesionales de organizaciones, asociaciones y entidades sectoriales cuya dimensión y actividad hacen que no se les considere un lobby. El Ejecutivo no ha incorporado estas demandas y, si nada cambia, el grupo catalán se dispone a votar en contra. La ley de lobbies tendría que esperar a otra oportunidad.

De la ‘enmienda Aena’ a la reforma fiscal

El Gobierno espera que el real decreto-ley que ha planteado acabe superando el trámite parlamentario porque, aseguran, “equipara el lobby español a Europa”. La norma “consolida e incorpora las principales experiencias y lecciones aprendidas de países de nuestro entorno, como Irlanda, Francia, Eslovenia o Lituania”, apunta el Ministerio. El objetivo último de la ley es, entre otros aspectos, que los ciudadanos puedan conocer quién trata de influir en la toma de decisiones. Así, una persona interesada podría tener acceso a las habituales reuniones que empresas del Ibex y firmas especializadas celebran con políticos. En los últimos años ha habido varias conversaciones que han acabado en victoria para las empresas de lobby. Una de las más importantes fue la conocida como ‘enmienda Aena’, un cambio legislativo que introdujo una conocida empresa de lobby en una ley para rebajar el alquiler de los locales de los aeropuertos con motivo de la reducción de pasajeros que se produjo durante la pandemia. El agujero inicial para la cotizada fue de más de 1.000 millones de euros. En la misma línea, varias grandes empresas intentaron influir en el paquete fiscal que aprobó el Gobierno en diciembre del 2024 con un resultado dispar. La banca no consiguió eliminar el gravamen a sus beneficios.