El Gobierno de Pedro Sánchez llega a la recta final de la campaña con una manipulación presupuestaria récord, exprimiendo todas las vías posibles para gobernar con las cuentas públicas de 2023. La ingeniería llega a tal punto que no se puede ver el mapa completo de lo que está haciendo.
Así de seria es la situación que describe la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en su informe de esta semana, porque el malabarismo presupuestario del Gobierno este año es aún más intenso que en los anteriores. Su manipulación de partidas roza en este ejercicio los 40.000 millones, un récord para la AIReF si se deja fuera el año excepcional que fue el de la pandemia, donde sí podía estar justificado modificar ampliamente el Presupuesto previsto.
«Con datos hasta agosto de 2026, últimos disponibles, el volumen acumulado de modificaciones en operaciones no financieras ya superaba el registrado al cierre de todos los ejercicios anteriores de la serie, salvo 2020, marcado por el impacto excepcional de la pandemia», señala la AIReF en el documento. El ministro de Hacienda, Arcadi España, llevaba ya hasta agosto 38.240 millones de euros de enjuagues con respecto a los presupuestos prorrogados, superando en cambalaches a su antecesora, María Jesús Montero, lo cual no es fácil.
Para ello, según la AIReF, el Ministerio vuelve a jugar con los fondos del Plan de Recuperación comprometido con Bruselas. El «régimen flexible» montado con este dinero europeo «ha contribuido especialmente a la proliferación de transferencias, generaciones e incorporaciones de crédito», según este organismo guardián de las cuentas públicas. El resultado es un engendro de opacidad y gasto fuera del control parlamentario. «El recurso a estas excepciones reduce la trazabilidad del gasto, limita la transparencia presupuestaria y afecta a la rendición de cuentas», señala la AIReF en el capítulo elaborado por el director de la división de Análisis Presupuestario, Ignacio Ruiz-Huertas.
«La creciente distancia entre el presupuesto inicial y el gasto finalmente ejecutado dificulta la comparación entre ambos (...) Además, las modificaciones presupuestarias no se someten al mismo proceso de debate y autorización parlamentaria previa y conjunta que la aprobación de unos nuevos presupuestos, lo que dificulta disponer de una visión global sobre las prioridades de gasto del ejercicio», se afirma.
La Cuenta General de 2025
Impresiona la opacidad con que se presupuesta ya en la cuarta economía del euro, por si fuera poca la de años anteriores. Justo estos días, el Interventor General del Estado, Pablo Arellano, se justifica como puede en la Cuenta General del Estado de 2025 que acaba de remitir al Tribunal de Cuentas y a la que ha tenido acceso EL MUNDO.
El informe muestra que, al gobernar Sánchez sin presupuestos, se volvió a producir el pasado año, el último de Montero, un festival de modificaciones presupuestarias incluido el uso, otra vez, de partidas asignadas a fondos europeos para gastos de la Seguridad Social, pero Arellano no hace valoraciones: «El objetivo y finalidad de la Cuenta General del Estado no es mostrar el impacto o las consecuencias de la prórroga (...) ni analizar la procedencia u oportunidad de las modificaciones presupuestarias; sino, simplemente mostrar las que finalmente han sido aprobadas».
Es decir, el interventor general del Estado se limita a describir las modificaciones y que opine otro. Lo más que admite este alto cargo adscrito al Ministerio de Hacienda es que «la situación en el ejercicio 2025 de prórroga de los Presupuestos Generales del Estado del ejercicio 2023 de alguna forma condiciona la actividad financiera desplegada por el sector público en 2025». Y tanto.
¿Y el uso de fondos europeos? Arellano dice contar con un informe de la Abogacía del Estado que valida utilizar lo «sobrante» para otros gastos como si fuera cualquier otra partida presupuestaria modificable. Eso contraviene, como mínimo, el espíritu de lo prometido por Montero a Bruselas de que se crearía un servicio presupuestario, el 50, exclusivamente para los fondos europeos, impidiendo que saliera el maná comunitario a cualquier otro uso.
Con la validación de este enjuague, Arellano se distancia así del Tribunal de Cuentas que sí ha cuestionado la legalidad de estos desvíos. La Comisión Europea ha admitido que el Gobierno ha estado usando liquidez de los fondos europeos para el pago de pensiones de empleados públicos y otros gastos, pero no lo ve ilegal. También ha permitido que el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, no envíe como el resto de homólogos el llamado plan presupuestario con el argumento de que al gobernar con prórroga no tiene nada nuevo que aportar. Puede ser muy arriesgado, tal y como están los mercados de sensibles con las cuentas de Francia, pero gane quien gane el 29-N debería poner luz a la contabilidad.
