El Gobierno de Sánchez se enfrenta a una semana crítica marcada por la presión judicial y parlamentaria

Cuando el Gobierno despertó del balsámico paréntesis de la histórica visita del Papa a España de la semana pasada, el dinosaurio del apretado calendario judicial todavía estaba allí. Y sin ninguna intención de abandonar sus actuales y nutritivos pastos, lo que insiste en situar el mandato de Pedro Sánchez al borde del precipicio. El jefe del Ejecutivo y líder del PSOE, no obstante, está determinado a soportar toda la presión para poder sobrevivir al cerco judicial y parlamentario.

De hecho, León XIV aún no había concluido su ceremonia de despedida en Tenerife antes de regresar al Vaticano, el pasado viernes, cuando al ciclón de causas judiciales abiertas contra el entorno político y familiar de Sánchez se sumó con gran estrépito la nueva imputación al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, esta vez por presunto delito fiscal y de contrabando por el origen todavía no justificado de las joyas por valor de 1,3 millones de euros intervenidas durante el registro policial de su despacho.

En toda esta convulsa legislatura, el Gobierno vive semana a semana. Y Sánchez enfrenta a partir de hoy mismo otra semana crítica para poder mantenerse a flote ante una ofensiva política y judicial que pisa el acelerador. En la Moncloa y Ferraz asumen que el objetivo de esta ofensiva es que no lleguen políticamente vivos al verano. Pero aseguran estar muy dispuestos a dar la batalla, día a día.

Este mismo lunes, la mujer del presidente, Begoña Gómez, tiene de nuevo que afrontar el duro trago de comparecer ante el juez Juan Carlos Peinado en las dependencias de plaza de Castilla, en Madrid, acusada de los presuntos delitos de corrupción en los negocios, malversación, tráfico de influencias y apropiación indebida.

Se trata de una audiencia preliminar, en el que el juez Peinado exigió la personación de la esposa del presidente –con el apercibimiento de ser conducida al juzgado por la fuerza pública si era necesario–, para decidir si la envía a juicio con un jurado popular. La causa contra Begoña Gómez es la que afecta más íntimamente a Sánchez, que el pasado miércoles conmemoró con su mujer veinte años desde que se casaron.

En abril del 2024, el presidente del Gobierno se recluyó durante cinco largos días en la Moncloa, sin responder a nadie ni atender al aluvión de mensajes recibidos, para decidir si dimitía o no, ante la apertura de diligencias judiciales por parte de Peinado tras aceptar la denuncia presentada por la organización ultra Manos Limpias.

Sánchez decidió que merecía la pena seguir dando la batalla, y sigue en sus trece. “Begoña es inocente, esto es claramente una causa política y por tanto, dado que es una vistilla, esperamos que suceda con la máxima normalidad, que se ajuste a la ley y al derecho, y que no tengamos ningún disgusto”, alegan en la Moncloa.

Aunque solo será el principio de la semana que se prevé de infarto para el Gobierno y el PSOE. Porque mañana también está prevista la comparecencia de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, ante la comisión de Interior del Senado, a reclamo del PP, que goza de una mayoría absoluta en la Cámara Alta.

La citación cursada por la formación de Alberto Núñez Feijóo –que se vio aplazada la semana pasada precisamente por la visita del Papa– es consecuencia directa del informe de la unidad central operativa (UCO) de la Guardia Civil que, en el curso de la investigación del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, acreditó varios encuentros de Mercedes González con la exmilitante socialista Leire Díez, imputada en la presunta trama que habría orquestado el exsecretario de organización del PSOE Santos Cerdán para tratar de dinamitar los procesos judiciales en curso contra el entorno político y familiar de Sánchez.

En la Moncloa tratan de asumir con “optimismo” la comparecencia parlamentaria de Mercedes González, si bien denuncian que el PP haya convertido el Senado en una suerte de “juicio sumarísimo”, contra numerosos miembros del Gobierno y dirigentes del PSOE.

Y, sin un día de respiro, el miércoles y el jueves de esta misma semana es el turno de la prevista comparecencia del expresidente Zapatero ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama. En su caso, para ser interrogado ante las dos causas que ya tiene abiertas. La primera, por presuntos delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales y cobro de comisiones vinculados al rescate de la aerolínea Plus Ultra; y la segunda, por la pieza separada abierta el pasado viernes por las joyas intervenidas durante el registro de su despacho.

“Esperamos escuchar sus explicaciones”, alegan en la Moncloa ante la comparecencia judicial de Zapatero. “Él mismo dijo que lo primero que iba a hacer era dar sus explicaciones ante el juez”, señalan.

Esta semana también podría conocerse la sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso Mascarillas que sentó en el banquillo al exministro José Luis Ábalos y a su antiguo asistente, Koldo García, y deparar novedades sobre la causa contra Leire Díez y la presunta implicación de Santos Cerdán. “No tenemos nada que esconder”, insisten en la Moncloa y Ferraz. Y reiteran que no existe ninguna prueba de financiación ilegal en el PSOE, ni nada que pueda imputar al partido ni a Sánchez.

También el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, afrontará el miércoles en el Congreso un duro examen del PP, mientras la actual fiscal general del Estado, Teresa Peramato, comparecerá el viernes ante la comisión de Justicia del Senado. Ambos serán cuestionados por las “andanzas” –según las definió el propio Pedro Sánchez– de Leire Díez.

En el Gobierno aseguran afrontar esta explosiva semana, pese a todo, con toda la tranquilidad posible. Al menos, de puertas para afuera. “No nos podemos dejar llevar por el ruido que impera y que está fabricado por la derecha, que no hace más que gritar”, replican.