El Gobierno ha iniciado por la vía de urgencia la reforma de los estatutos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para adaptar su funcionamiento al fondo España Crece. La propuesta, aprobada por el órgano de gobierno del organismo e impulsada por el Ministerio de Economía, se ha elevado este martes a audiencia pública y sustituirá a los estatutos vigentes desde 1999. El nuevo marco normativo busca adecuar la estructura del ICO a las necesidades del programa, para el que se han asignado 13.691 millones de euros. De ellos, 10.891 millones corresponden a una ampliación de capital, mientras que los 2.800 millones restantes se canalizan a través de transferencias no reembolsables destinadas a cubrir el componente concesional de determinadas operaciones.
España Crece, un vehículo financiero que el Gobierno vende como fondo soberano, pretende prolongar el impulso inversor del plan de recuperación comunitario, cuyo plazo de ejecución culminó el 31 de agosto de 2026. El programa, enmarcado en la adenda de simplificación del plan aprobada por el Consejo de Ministros a finales de 2025, busca dar continuidad a la inversión pública con una estructura de financiación estable y sin un horizonte temporal limitado. Para ello, la reforma adapta el funcionamiento del ICO, que mantendrá su naturaleza de entidad pública empresarial, entidad de crédito y Agencia Financiera del Estado, pero contará con una organización específica para gestionar los nuevos recursos y canalizarlos hacia proyectos estratégicos.
Uno de los principales cambios de los nuevos estatutos es la separación de toda la actividad financiera del ICO en dos carteras contables independientes. La Cartera de Financiación Promocional concentrará las operaciones destinadas a corregir fallos de mercado y movilizar financiación privada hacia sectores prioritarios, mientras que la Cartera de Financiación Transversal agrupará el resto de las operaciones, activos y compromisos del organismo, como complemento de la oferta crediticia del sector privado. Ambas mantendrán la unidad de balance de la institución, pero sus recursos y resultados quedarán diferenciados, de modo que las pérdidas de una cartera no podrán imputarse a los recursos propios asignados a la otra. La nueva estructura busca garantizar la transparencia en la utilización del capital público y delimitar los riesgos asociados a cada actividad.
La reforma también concreta el papel del ICO en la política de inversión pública y amplía las posibilidades de intervención de la cartera promocional. Los estatutos identifican como ámbitos prioritarios las pequeñas y medianas empresas, los autónomos y las compañías en crecimiento, además de la inversión en capital riesgo y capital paciente, con la que el organismo podrá contribuir a movilizar recursos privados hacia proyectos que necesitan recursos a largo plazo. El nuevo marco también dirige la actividad hacia tecnologías estratégicas y de frontera, como la inteligencia artificial, la computación cuántica, los semiconductores, la ciberseguridad y la biotecnología, además de las tecnologías de doble uso, la reindustrialización, la transición energética, la gestión del agua o la vivienda asequible. Cada intervención promocional deberá articularse mediante programas o líneas específicas con criterios objetivos para evitar distorsiones de la competencia.
La reforma también permitirá al ICO tomar participaciones minoritarias directas en empresas no financieras, sin asumir su control, para financiar proyectos estratégicos, también en el ámbito de la vivienda. En materia de gobernanza, mantiene el Consejo Rector, con 10 vocalías —cuatro independientes y seis representantes de la Administración—, y crea la Comisión de Financiación Promocional.
Los nuevos estatutos también reorganizan la contratación mediante un comité colegiado y mantienen la garantía del Estado para captar fondos, así como la prohibición de recibir depósitos del público. Además, cada cartera deberá cumplir de forma independiente los requisitos de solvencia y liquidez del sector bancario. El ICO seguirá sujeto a la supervisión del Banco de España y al control de los organismos fiscalizadores, y deberá respetar los principios de subsidiariedad y adicionalidad, el equilibrio financiero y la normativa europea sobre ayudas de Estado.
