El Gobierno obliga desde mañana a las comunidades a informarle de cada pago que realicen en torno a la vivienda

Las comunidades autónomas estarán obligadas, desde este sábado, a informarle al Gobierno de cada pago, subvención o trámite que ejecuten en materia de vivienda.

Así lo ha publicado el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este viernes en una orden que establece los mecanismos de seguimiento, control y evaluación de las actuaciones del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030.

Para lograr este control, la orden fija dos vías telemáticas y obligatorias de reporte de datos económicos y de gestión. La primera vía es la "transmisión por actualización por evento". Esta fórmula exige a las autonomías que notifiquen de forma inmediata al Ministerio cada vez que ocurra un cambio relevante en la caja o en los expedientes, por ejemplo, en la concesión, modificación o revocación de subvenciones, la transferencia efectiva de pagos a los beneficiarios y el registro de hitos en las obras. La segunda vía es la "transmisión mensual", en la que las comunidades deben remitir un informe completo con todos los indicadores del mes dentro de los primeros cinco días naturales del mes siguiente. Ambas vías volcarán su información en un "cuadro de mando integral único" bajo la gestión directa del Gobierno Central.

Uno de los puntos clave del control autonómico es la firma de certificaciones oficiales obligatorias por parte de los responsables de cada proyecto financiado. Estas acreditaciones sirven para dejar constancia escrita de dos exigencias fundamentales. Por un lado, certifican que las viviendas de protección oficial construidas o adquiridas mantendrán su condición de protección pública de manera indefinida, sin posibilidad alguna de descalificación futura para su pase al mercado libre. Por otro lado, garantizan que la entrega de estos pisos se canalizará mediante el registro público de demandantes de vivienda o a través de concursos públicos, objetivos y transparentes.

En cuanto al seguimiento periódico, las comunidades entregarán informes trimestrales de avance antes del fin del mes posterior a cada trimestre. En ellos detallarán el progreso acumulado por línea de ayuda, la comparación con los objetivos iniciales y la explicación de cualquier desviación junto a sus soluciones. Asimismo, los gobiernos regionales enviarán un informe anual de evaluación antes del 31 de enero de cada ejercicio. Este documento anual exige, en cumplimiento de la Ley General Presupuestaria, una auditoría detallada de las inspecciones de subvenciones que realicen las consejerías y las intervenciones generales autonómicas. Toda esta información servirá de base para las propuestas de mejora del Consejo Asesor de Vivienda, mientras que la Dirección General de Planificación y Evaluación podrá publicar datos agregados de ejecución para rendir cuentas a la ciudadanía.