El Gobierno sigue forzando los plazos para aprobar medidas de calado social y económico antes de las elecciones. La primera en mover ficha fue la vicepresidenta Yolanda Díaz, activando el proceso de manera acelerada para poder sacar adelante la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) antes del 29 de noviembre. Y ahora es el ministro de Función Pública, Óscar López, quien mueve ficha con los funcionarios, que le están reclamando que saque por decreto la mejora salarial pactada para los empleados públicos antes del 29-N. Mientras tanto, el Ejecutivo está buscando la vía para subir las pensiones antes de que acabe el año, aunque sea mientras esté en funciones tras la convocatoria electoral.
En total, en estos primeros compases de la precampaña electoral, el Ejecutivo está haciendo guiños a más de 15 millones de ciudadanos, entre perceptores del SMI (2,5 millones), pensionsitas (9,5 millones) y, ahora, los funcionarios, que son más de tres millones. Tras varios días de presión por parte de los sindicatos de empleados públicos, el Ministerio de Función Pública ha convocado una reunión el próximo martes, 20 de octubre, según anuncian desde la central sindical de funcionarios CSIF y confirman a EL MUNDO fuentes del departamento de López.
"Tras la petición de CSIF, Función Pública convoca este martes 20 de octubre a la comisión de seguimiento del Acuerdo Marco sobre las condiciones laborales", ha anunciado este viernes el sindicato que preside Miguel Borra. Desde CCOO y UGT también han presionado estos días. Ayer mismo, el Área Pública de CCOO remitió un escrito al ministro en el que solicita una respuesta expresa sobre el cumplimiento del acuerdo suscrito entre el Gobierno y las organizaciones sindicales a finales del año pasado, que contemplaba una senda de subida salarial para varios años, desde 2025 hasta 2028.
El Acuerdo marco para la mejora del empleo público y el servicio a la ciudadanía, firmado por CCOO, UGT y CSIF, contempla una subida fija del 2,5% en 2025, un incremento fijo del 1,5% y otro variable del 0,5% en 2026, con efectos retroactivos desde enero y condicionado al resultado definitivo del IPC, un aumento fijo del 4,5% en 2027 y del 2% en 2028. Y ante la convocatoria electoral, desde los sindicatos están pidiendo al Gobierno que active ya la mejora retributiva prevista para el año que viene.
El propio López se ha comprometido públicamente a que hará "todo lo posible" antes de irse del Gobierno tras las elecciones generales del 29 de noviembre para que el próximo año 3,5 millones de funcionarios vean incrementados sus salarios. En una entrevista en TVE la semana pasada, el ministro afirmó que la subida de los empleados públicos está acordada con las organizaciones sindicales, aunque precisó que el Gobierno debe "materializarla" y ejecutar las decisiones correspondientes.
Ahora, tras la presión de los sindicatos, el ministro les ha convocado a una reunión, aunque desde su equipo evitan atribuir la convocatoria exclusivamente a la petición de incremento salarial inmediato. "La subida salarial de los empleados públicos se pactó en el Acuerdo Marco por la Mejora del Empleo Público y el Servicio a la Ciudadanía para el periodo (2025-2028). En dicho acuerdo se estableció la creación una comisión de seguimiento, con representación paritaria de la Administración y del conjunto de las organizaciones sindicales firmantes, para el análisis y el desarrollo de las medidas previstas en el presente acuerdo marco. Dicha comisión se reúne periódicamente con ese fin", indican fuentes del Ministerio.
