El juez Pedraz reclama al PSOE "sin más demora" la información que le pidió por el 'caso Cloacas'

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, encargado del caso Cloacas, ha vuelto a requerir al PSOE para que, en un plazo máximo de 15 días, "sin más demora y sin supeditar el cumplimiento a actuaciones extraprocesales de su exclusiva iniciativa", aporte la documentación solicitada ya en dos ocasiones acerca de los letrados o despachos profesionales de abogacía y consultoría que contratados por el partido entre 2021 a 2025.

El magistrado responde así al escrito en el que el PSOE le decía que la información que solicitaba estaba afectada por el secreto profesional y que, además, la recopilación de datos era laboriosa y ahora andaba ocupado con la campaña.

El juez le da esos 15 días e indica al partido que debe identificar "de forma precisa e individualizada" los documentos afectados y las razones jurídicas que justificarían su exclusión por la protección del secreto profesional.

En su resolución, el magistrado responde al PSOE que su consulta al Consejo General de la Abogacía Española no supone la suspensión de su petición de información. "Ninguna disposición legal atribuye a dicha iniciativa unilateral la virtualidad de paralizar una diligencia de investigación judicial ni de diferir el cumplimiento de una resolución jurisdiccional firme. El obligado al requerimiento no puede sustraerse a su cumplimiento mediante la promoción de actuaciones extraprocesales de naturaleza corporativa".

Explica que la resolución de 6 de octubre delimitó expresamente el alcance de la obligación de aportar documentación, excluyendo aquella información que pudiera resultar afectada por el secreto profesional. "La cuestión cuya aclaración dice perseguir la representación del PSOE ya fue objeto de ponderación" por este instructor sin que proceda reabrir artificialmente un debate previamente resuelto en sede jurisdiccional", dice Pedraz.

"La contestación del PSOE no identifica documentos concretos ni extremos determinados respecto de los cuales concurra una efectiva afectación del secreto profesional. Se limita, por el contrario, a sostener una invocación genérica e indiscriminada respecto de la totalidad de la documentación requerida" señala el auto.

Ese planteamiento, prosigue, "resulta incompatible" con la jurisprudencia. "El límite se encuentra, en su caso, en la penetración innecesaria en el contenido material de la relación abogado-cliente: comunicaciones confidenciales, hechos revelados para obtener asesoramiento, estrategia de defensa, consejo jurídico proporcionado, documentos confidenciales o información relativa a otros clientes ajenos a la investigación", apunta.

Es decir, que no alcanza a lo que el juez había pedido, que eran los documentos de contratación y los que permitieran comprobar que los abogados estaban realizando realmente tareas para el partido. Los investigadores sospechan que los dos letrados imputados en la causa eran la vía para que en partido canalizara fondos a la fontanera Leire Díez.

Pedraz subraya que le corresponde exclusivamente al él dirigir la investigación y determinar el alcance de las diligencias. "No puede admitirse que quien resulta destinatario de un requerimiento judicial condicione su cumplimiento a la previa conformidad de una corporación profesional ni a su propia valoración acerca de la relevancia, proporcionalidad o procedencia de la medida acordada. La diligencia acordada es necesaria para verificar el cumplimento normativo y solo si entiende que le incrimina puede oponerse", concluye.

En cuanto a alegación de que los documentos solicitados estaban dispersos por todas las organizaciones territoriales y a que el partido está enfrascado en la precampaña, el juez dice que son "circunstancias internas exclusivamente imputables al propio requerido". "Tales razones no pueden prevalecer frente al deber constitucional de colaborar con la Administración de Justicia ni justificar el incumplimiento de una resolución judicial".