Las prácticas de las grandes plataformas tecnológicas bajo la lupa judicial en EE.UU. por el uso de datos de adolescentes
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Meta enfrenta un juicio por el uso de datos de menores para publicidad. TikTok acordó pagar 400 millones de dólares tras una demanda de la administración Biden por violar leyes de privacidad infantil.
Imaginemos que una empresa es capaz de enterarse de los momentos de mayor vulnerabilidad de los adolescentes. Por ejemplo, cuando sufren inseguridad respecto a una parte de su cuerpo, si le preocupa a uno el acné o a otra aquella incipiente celulitis… Imaginemos que esa compañía vende esos datos personales a las marcas de cosméticos para hacer llegar a cada chaval el producto que supuestamente les va a resolver el problema. Con esas prácticas, y otras peores, se lucró Facebook (ahora Meta). Estos días se juzga en EE.UU. a la empresa de Mark Zuckerberg por aprovecharse de los menores para su negocio.
Que los directivos de Facebook, y el propio Zuckerberg, conocían la utilización abusiva de datos de los adolescentes era conocido. Hay muchos libros en los que se explican esas y otras tropelías. Sarah Wynn-Williams lo relata muy bien hacia el final de su obra Los irresponsables. Explica cómo se enteró de esas prácticas cuando trabajaba en Facebook a partir de las preguntas de un periodista australiano. Comprobó cómo cuando un adolescente (sobre todo, chicas) colgaba una selfie y acto seguido la borraba, se facilitaba esa información a las marcas de productos de belleza, que a su vez podían bombardear con publicidad a la joven. La autora relata cómo, al desvelarse este tipo de denuncias, Facebook recurría siempre al mismo comunicado: “Nos tomamos este tema muy en serio y estamos poniendo todo nuestro empeño en remediar la situación”.
TikTok pagará 400 millones de dólares para resolver una demanda que acusaba a la plataforma de infringir las leyes estadounidenses sobre la privacidad online de los niños. La demanda fue presentada por la administración Biden por recopilar y conservar datos de menores sin notificarlo a los padres ni obtener su consentimiento. Para TikTok, 400 millones son un rasguño, pero abre un camino. Lo importante de ese paso y del juicio a Meta es que los intentos de regular estas corporaciones desde Europa o Australia no serán efectivos si EE.UU. no se pone a ello. Los fiscales que ejercen la acusación contra Meta alegan que esas plataformas se diseñaron para ser adictivas y que ello ocasiona daños emocionales en los menores. Lo comparan con el proceso que acabó condenando a las tabacaleras en los noventa. Quizá se quedan cortos.
AI outlook — possibilities, not facts
Aumento de la presión regulatoria sobre plataformas digitales en EE.UU.
Likely · Within months
TikTok y ByteDance pagarán 400 millones de dólares para resolver una demanda del Departamento de Justicia de EE. UU. por violar la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Línea (COPPA) al recopilar datos de menores sin consentimiento parental.
Una jueza federal de Nueva York anuló una orden de la administración Trump que suspendía la tramitación de visados para ciudadanos de 75 países. La magistrada Jeannette Vargas dictaminó que la medida excedía la autoridad legal y contravenía la Ley de Inmigración.

Un tribunal federal de Nueva York invalidó la suspensión de visados para 75 países impuesta por el Gobierno de Trump. La jueza Jeannette Vargas calificó la medida de ilegal al considerar que el secretario de Estado, Marco Rubio, excedió sus competencias legales.
La Sala de vacaciones del Tribunal Supremo ha denegado la medida cautelarísima solicitada por senadores del PP para forzar la comparecencia de ministros en agosto por la crisis migratoria en Ceuta, ordenando seguir el trámite ordinario con audiencia de la Abogacía del Estado.
Meta enfrenta un juicio en Oakland, California, por acusaciones de dañar la salud mental de menores. El exejecutivo Arturo Béjar testificó que la compañía ignoró advertencias sobre abusos y priorizó el tiempo de uso sobre la seguridad de los adolescentes.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mostró criterios contradictorios al invalidar una ley en Chiapas por falta de consulta a personas con discapacidad, mientras mantuvo vigentes normas en Durango y Morelos bajo el mismo argumento.