El PP ha presentado un escrito en la Audiencia Nacional solicitando "la imputación del PSOE por cohecho, malversación, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y financiación ilegal". Así lo han revelado este martes fuentes de Génova.
Se trata del primer movimiento judicial de la precampaña por parte del principal partido de la oposición, después de que Pedro Sánchez convocase elecciones anticipadas para el próximo 29 de noviembre. Frente a las informaciones que apuntan a que la convocatoria podría frenar las acciones judiciales en torno al PSOE y a Pedro Sánchez, el PP se propone acelerarlas.
En el escrito, enviado al instructor de la causa de las cloacas del PSOE, el magistrado Santiago Pedraz, el PP denuncia, como acusación popular, el "amplio catálogo de actuaciones delictivas" que a su juicio puso en marcha por la dirección del Partido Socialista después de los cinco días de reflexión de Sánchez, con el objetivo de "proteger los intereses del Gobierno y del PSOE" frente a investigaciones judiciales en marcha.
Todo ello bajo una "organización criminal" liderada, presuntamente, por el entonces secretario de Organización socialista, Santos Cerdán, y creada en la propia sede del PSOE, situada en la calle Ferraz de Madrid. El PP asegura que Ferraz "puso todos los medios operativos y financieros del partido a disposición de la organización criminal que lideraba" Santos Cerdán, quien también contaba con la "colaboración" de la imputada Ana María Fuentes Pacheco, actual gerente del PSOE.
El PP ha dado este paso el mismo día en que EL MUNDO ha publicado que el adelanto electoral provocará que la previsible imputación del PSOE como persona jurídica en el caso de las cloacas de Ferraz se retrase para no interferir en la cita de los ciudadanos con las urnas.
Fuentes fiscales consultadas por EL MUNDO indicaron que la Fiscalía Anticorrupción ve motivos suficientes para solicitar la imputación del partido tras la declaración que prestó su gerente, Ana María Fuentes, ante el magistrado Santiago Pedraz en la que descargó en Santos Cerdán la responsabilidad de los pagos a miembros de la presunta organización criminal, dedicada a boticotear causas judiciales y a extorsionar a jueces y fiscales. Las mismas fuentes añaden de manera categórica que, una vez practicadas estas declaraciones este otoño, en precampaña o campaña electoral no se va a pedir la investigación como persona jurídica de ningún partido político, en referencia al Partido Socialista.
Ahora, el principal partido de la oposición denuncia que "fue el propio Partido Socialista quien financió los gastos operativos y logísticos de la organización criminal", por instrucción expresa de Santos Cerdán, quien ostentaba un poder "cuasi absoluto, sin contrapesos", según han reconocido incluso la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, o la gerente del partido en sede judicial.
En este sentido, el PP denuncia que "no es sólo que el PSOE promoviera esta organización, sino que se involucró directamente en la trama, poniendo de ejemplo los pagos efectuados a Leire Díez y a otras personas relacionadas, como Jacobo Teijelo o Ismael Oliver". El PP también recuerda que el PSOE "financió, con fondos públicos, a Crónica Libre", que se convirtió en un "medio instrumental de la organización criminal" para retribuir a sus integrantes. "Los pagos se realizaron como gastos de campaña, autorizados por el entonces director de comunicación del partido, Ion Antolín. Todo valía para financiar a las cloacas, también a través de consultoras amigas como Zaño, dirigida por el ex dirigente socialista y también imputado, Gaspar Zarrías", prosiguen las fuentes del PP.
Hay que recordar que la Audiencia Nacional ha reclamado al PSOE que aporte a la causa incoada por la presunta financiación irregular del partido las donaciones que recibió entre los años 2017 y 2024.
Asimismo, el magistrado Ismael Moreno, que investiga otra parte de la posible financiación irregular del PSOE, ha solicitado al Tribunal de Cuentas que le envíe las donaciones recibidas por el partido de Pedro Sánchez, que fueron fiscalizadas por este organismo.
El objetivo que persigue esta diligencia es poder cruzar datos sobre el denominado 'pitufeo' que investiga en secreto el juez Moreno como presunta vía de financiación opaca del partido del Gobierno.
Además, como adelantó este diario, la Audiencia investiga un contrato ficticio de 15 millones de euros vinculado a la supuesta financiación irregular del PSOE. El documento fue aportado por el empresario Víctor de Aldama en la pieza secreta en la que el juez Moreno rastrea las cuentas de la formación que lidera Pedro Sánchez.
Junto a este documento, relacionado con la comercialización del millonario cupo de petróleo venezolano detectado por la Guardia Civil en el caso hidrocarburos -el sobre que estaba en poder de Aldama y que también fue entregado por el empresario a la Justicia-, éste testificó ante el magistrado que realizó una importante entrega de dinero en metálico a Koldo García para sufragar los gastos del partido y de la Internacional Socialista a petición del ex asesor de José Luis Ábalos.
Dichos fondos procedían, según el testimonio de Aldama, de un primer pago adelantado de la petrolera estatal venezolana que fueron canalizados a través de un entramado internacional.
