El presidente de Paraguay se mantiene en el cargo pese a su renuncia, bloqueada por el Congreso, y confirma que "rendirá cuentas"

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, que este jueves presentó su renuncia pero el Congreso no consiguió reunir el quórum para votar sobre la dimisión, ha anunciado que comparecerá ante el Senado para ejercer formalmente su derecho a la defensa en el juicio político abierto en su contra por el escándalo financiero de Ueno Bank. La primera sesión del proceso ha concluido al final de la tarde del jueves y el mandatario ha quedado citado para reanudar el proceso este viernes por la mañana. Mientras tanto, la Portavocía del Ejecutivo ha desmentido las informaciones sobre una supuesta huida del país.

"Ante la continuidad del juicio político, me presentaré y ejerceré mi derecho a la defensa. Lo haré con argumentos y pruebas, con respeto a la Constitución y a las instituciones de la República", ha manifestado Peña en redes, asegurando que asumirá el trámite no por "orgullo personal", sino por la responsabilidad de "rendir cuentas y dar explicaciones frente al pueblo paraguayo". Asimismo, ha garantizado su plena colaboración con la Justicia para esclarecer responsabilidades en el descalabro bancario y ha remarcado que el pago a los ahorristas afectados no puede quedar en el aire.

En paralelo, el portavoz de la Presidencia, Guillermo Grance, ha ofrecido una rueda de prensa para desmentir los rumores de fuga hacia Argentina tras el estancamiento de su dimisión en el Parlamento. "El presidente está en el país, se encuentra en la capital y va a cumplir con su deber constitucional de defenderse en tiempo y forma", ha aseverado Grance, haciendo un llamamiento a la calma social y garantizando que el Ejecutivo continúa funcionando con normalidad.

Renuncia bloqueada por el Congreso

Por su parte, el tribunal juzgador de la Cámara de Senadores ha concluido la primera sesión del juicio constitucional, activado después de que la votación sobre la renuncia de Peña quedara bloqueada en una sesión bicameral tras el abandono del hemiciclo de parte de los diputados del oficialista Partido Colorado.

Tras dos horas de intenso debate, un grupo de miembros de la formación de Peña se han retirado de la sala, forzando así al presidente del Senado, Basilio Núñez, a levantar la sesión. Todo ello pese a que el oficialismo había anunciado que respaldaría la renuncia del mandatario. De hecho, el expresidente de Paraguay Horacio Cartes, quien impulsó la carrera electoral de Peña en 2023, había confirmado en un comunicado que desde el Partido Colorado "acompañamos el juicio político al presidente a los efectos de volver a reencauzar la institucionalidad de la República".

A la salida del pleno, el presidente del Congreso, Basilio Núñez, ha confirmado ante los medios la apertura formal del proceso en cumplimiento del reglamento de la Cámara Alta. "Al haber quedado la sesión bicameral sin quórum, correspondía iniciar el juicio político. Los fiscales acusadores ya presentaron la denuncia y ahora se le corre traslado al presidente para que prepare su defensa", ha explicado el titular legislativo, precisando que la comparecencia podrá realizarse de forma personal o mediante sus representantes legales.

Asimismo, Núñez ha explicado que el tribunal ya ha recibido formalmente el libelo acusatorio de los fiscales y ha defendido la necesidad de respetar el "debido proceso" y los plazos reglamentarios —organizados en una secuencia de cinco sesiones extraordinarias— para garantizar la pulcritud legal del juicio. "Estamos respetando los tiempos establecidos en el reglamento porque ya tenemos denuncias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por procedimientos apresurados", ha señalado el presidente del Senado, añadiendo que, tras la presentación de la defensa este viernes, se sucederán las sesiones dedicadas a la evaluación de pruebas, la exposición de alegatos y, finalmente, la votación nominal de los senadores.

Tras la exposición de la defensa prevista para este viernes, el pleno del Senado continuará con la evaluación de pruebas y los alegatos finales antes de proceder a la votación nominal.

Si Peña termina siendo destituido —para lo cual se requiere el respaldo de 30 de los 45 senadores—, perdería la inmunidad y su condición de senador vitalicio, y la Jefatura del Estado recaería de forma inmediata en el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, quien asumiría el cargo tras jurar ante el Parlamento en virtud del orden de prelación constitucional.

La destitución no tiene carácter meramente simbólico ni mucho menos: si es cesado, no podrá acceder a la condición de senador vitalicio y perderá la posibilidad de contar con los fueros correspondientes a esa figura. Es decir, en caso de acusaciones por eventuales delitos, los antecedentes serían remitidos directamente al Ministerio Público, la Fiscalía, y quedaría desprovisto de buena parte de su inmunidad.