De la acampada de Sol a Vistalegre. ¿La historia se repite? Hace mes y medio que el desahucio de Maricarmen Abascal en Madrid prendió la mecha de la protesta social contra la vivienda. El Sindicato de Inquilinas encabezó la organización de las manifestaciones contra la crisis habitacional y lideró el montaje de un nuevo campamento en el kilómetro cero de la capital. El Gobierno aprobó de urgencia dos decretos-ley con medidas para el alquiler. El Congreso los tumbó. Pedro Sánchez anunció un adelanto electoral para el 29 de noviembre. Los sindicatos UGT y CCOO claudicaron a las presiones para convocar una huelga general el 11 de noviembre. Y cuando todo eso quedó atado, el Sindicato de Inquilinas dio por concluida su misión y abandonó las tiendas de campaña, con la vista puesta en el 15 de noviembre. Ese día, la organización prepara "un gran encuentro político, sindical y cultural" en el Palacio de Vistalegre de Madrid con figuras del mundo de la cultura como Amaral, Biznaga, Lia Kali, Rozalén, Rodrigo Cuevas, Inés Hernand, Marc Biarnés o Miguel Maldonado, entre otros. El acto, con reminiscencias a la historia política más reciente de España (el 15M, Podemos...), es un golpe sobre la mesa ante los sindicatos tradicionales y un signo de que la organización quiere tener una voz propia en el nuevo tablero sociopolítico del país. Qué quiere ser y qué puede ser son los grandes interrogantes.
Sus orígenes se remontan al movimiento vecinal de Madrid y Barcelona en el año 2017 y encuentran terreno abonado en la escalada de los precios del alquiler y en la fiebre por la vivienda que se desató a raíz del coronavirus. Al tiempo que las rentas y las compraventas alcanzaban niveles históricos, subían también los desahucios de inquilinos y las dificultades de muchos arrendatarios para mantener contratos asequibles frente a sus caseros. Su acción a pie de calle -Blackstone, huelga de alquileres, manifestaciones, rentistas...- va tomando forma al tiempo que su influencia política crece en la sombra.
Con la presencia de Podemos en el Gobierno de Pedro Sánchez, en su primera etapa en La Moncloa, muchos atribuyen al Sindicato de Inquilinas y a sus líderes de entonces una ascendencia directa sobre la formación que en aquel momento dirigía Pablo Iglesias. Algunas de las propuestas que la formación morada estableció en aquellos años como condición sine qua non para mantener su apoyo al Ejecutivo enraízan directamente en la organización, entre ellas, el tope de renta a los alquileres incluido en la Ley de Vivienda. Para saber las exigencias que Iglesias y su equipo pedían al entonces ministro responsable de la política de vivienda, José Luis Ábalos, bastaba con seguir las demandas públicas del Sindicato. Un hilo invisible unía ambas partes y ese hilo se ha mantenido hasta ahora. No en vano, hace unas semanas la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, vinculó la respuesta del partido a los llamados decretos Maricarmen a la valoración que hiciera de los mismos la Confederación del Sindicato de Inquilinas. Finalmente, el Sindicato dio su respaldo a las normas y los cuatro diputados morados cambiaron el no por el sí en la votación del Congreso.
En su evolución, la organización sindical ha pasado de ser una muleta de los socios del Gobierno -primero Podemos y después Sumar- a convertirse en un actor con voz y entidad propia que ahora marca el paso a esos mismos socios. El acto previsto en Vistalegre está anunciado para "dar continuidad a las movilizaciones por el derecho a la vivienda y reivindicar la organización sindical como herramienta para transformar las condiciones de vida de la mayoría social", pero presenta un cariz transformacional y puede ser la llave para responder a dos preguntas sobre su futuro: ¿qué quiere ser el Sindicato de Inquilinas de mayor y cómo va a capitalizar todo el movimiento social surgido como protesta a la crisis de vivienda?
"Desde el Sindicato de Inquilinas llevamos años trabajando para construir una organización fuerte, con recursos propios y presencia en los barrios, que sea capaz de sostener las luchas más allá de grandes manifestaciones, porque no se trata solo de llenar las calles. Queremos que toda esa fuerza se convierta en organización y que nos permita conquistar derechos", responden a preguntas de este medio. Según los datos compartidos por el Sindicato con EL MUNDO, en Madrid cuentan con 6.500 personas afiliadas. "Hemos triplicado la afiliación durante 2026 y la hemos duplicado desde que comenzaron las movilizaciones por el desahucio de Maricarmen", comentan. A nivel estatal suman 15.000 afiliados.
¿Un partido político?
Vistalegre acogió en 2014 la puesta de largo de Podemos tras el 15M, sus resultados en las elecciones europeas y el éxito del Sí, se puede. Sobre si la historia puede repetirse ahora con el Sindicato, las fuentes consultadas para este artículo señalan que aunque hay paralelismos con el 15M y lo que surgió de él, el momento y el contexto son muy diferentes.
Las mismas voces no descartan ninguna opción, pero conceden pocas probabilidades a que el Sindicato aspire a convertirse ahora en un partido político y desde el Sindicato directamente la descartan. "Nuestra apuesta no es crear un partido político, sino seguir construyendo un sindicato de base, autónomo y cada vez más grande. No estamos construyendo una candidatura electoral. Estamos construyendo una organización cada vez más fuerte y capaz de unir la lucha por la vivienda con otras luchas sociales", responden a este diario.
Y es ahí, en la calle, donde está exhibiendo músculo en los últimos meses liderando las movilizaciones por la vivienda y marcando el paso a los grandes sindicatos tradicionales.
La organización de inquilinos ha arrastrado a UGT y a CCOO hacia la convocatoria de una huelga general para esta semana que, de otra forma, muy probablemente no se habría producido. La concurrencia de ambos sindicatos mayoritarios era necesaria para revestir de legalidad dicha convocatoria, pero a partir de ahí, es la Confederación de inquilinos e inquilinas la que está liderando la propuesta y marcando la agenda. Esto abre la puerta a la otra vía de futuro que se pone sobre la mesa y que pasaría por convertirse en una organización sindical de referencia que rivaliza con las formaciones históricas.
"Los inquilinos se organizan para defender sus intereses en otros países de Europa donde el arrendamiento es más mayoritario y donde suele haber interlocutores claros con grandes carteras de vivienda. En España, el nacimiento del Sindicato de Inquilinas es producto de la situación actual en la cual los arrendatarios sienten que sus contratos están en peligro. Como movilización social tiene todo el sentido, pero como sindicato surgen dos interrogantes: cómo se interlocuta y con quién, por un lado, y quién se queda fuera de la representación, por otro", expone Jorge Galindo, sociólogo, profesor y director adjunto de EsadeEcPol, think tank de la escuela Esade, y autor de Tres Millones de Viviendas (Debate, 2025). "¿Ante quién negocian o reclaman las condiciones de alquiler en un país donde la propiedad está tan atomizada? Sin interlocutor claro, queda la movilización social y apelar a los partidos políticos", añade.
