El Tribunal Supremo ha rechazado suspender el voto a los hijos de los nacionalizados por la ley de nietos, de forma que podrán votar en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Según sendas resoluciones, la Sala de lo Contencioso-Administrativo rechaza las peticiones de Vox y Iustitia Europa, que habían reclamado extender la suspensión del voto, mientras que la Abogacía del Estado, en nombre del Gobierno, se mostró en contra por "no resultar conformes y ajustadas a derecho".
El argumento clave que esgrime el Alto Tribunal tienen que ver con los tiempos. Los magistrados recuerdan que la suspensión del voto a los nacionalizados por la ley de nietos se adoptó el pasado 10 de septiembre, "mucho antes de la convocatoria de elecciones generales" (5 de octubre).
El TS se reafirmó en esa suspensión cautelar el 12 de octubre, "en un tiempo aún hábil, posible, anterior al inicio del periodo electoral". Sin embargo, la reclamaciones de Vox y Iustitia Europa, "pudiendo haberse planteado antes", dicen los magistrados, "se plantea transcurrido más de la mitad del periodo electoral [para el 29-N], a una semana del comienzo de la campaña electoral y, tratándose del voto de los electores inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), a dos semanas del inicio del depósito del voto en urna en los consulados".
A 20 días ya de las elecciones, el TS duda de "la posibilidad material" de que pudiese llevar a cabo la revisión y prioriza "los principios de seguridad jurídica y de estabilidad electoral". Así, "la valoración de los diferentes intereses en conflicto debe decantarse por la denegación de la pretensión cautelar, por entender que de su concesión pudiera seguirse perturbación grave de los intereses generales".
EL GOBIERNO CELEBRA LA DECISIÓN DEL TS
El alto tribunal discrepa de la alegación de la Abogacía del Estado "sobre la ausencia de incidencia material suficiente, que pretende justificarse basándose en el porcentaje de participación en las últimas elecciones generales de electores incluidos en el CERA. Porque no es posible conocer qué participación puede haber en el próximo proceso electoral" y, "sobre todo, porque es un colectivo mayor que aquel al que la Sala ha acordado ya la suspensión cautelar".
Pese a esa discrepancia con la Abogacía, el Gobierno se queda con el aval a la participación de los hijos de los nietos y celebra la decisión del TS. Eso sí, fuentes de Moncloa critican que "este razonamiento no se haya aplicado a las españolas y españoles que obtuvieron la nacionalidad en aplicación de la Ley de Memoria Democrática".
Y de lo jurídico, el Ejecutivo pasa a lo político y destaca que la resolución conocida este lunes, y recogida por Europa Press, supone "un freno a la estrategia de las organizaciones ultraderechistas de suprimir derechos fundamentales de manera progresiva y masiva y arrojar dudas sobre el resultado electoral por si la derecha y la ultraderecha no alcanzan la mayoría que desean". Desde el Gobierno no circunscriben sólo a Vox y Iustitia Europa esta "estrategia usada por la ultraderecha en todo el mundo" sino que destacan que "también la ha hecho suya el PP".
189.678 HIJOS, MÁS QUE LOS 'NIETOS'
Los magistrados insisten en la defensa de su posición sobre la ley de nietos, porque "había un riesgo cierto de alteración del censo electoral por la vía de un incremento excepcional de la cifra de nuevos inscritos en el CERA, lo que afecta a su regularidad jurídica y, por ende, a la pureza del proceso electoral", por lo que, subrayan, "con mayor razón esa apreciación es aplicable a una cifra mayor", que es la que representan los hijos.
Según datos oficiales, la cifra de este colectivo, 189.678 personas, es superior a la de los destinatarios de la suspensión cautelar ya acordada, 162.454 personas (163.355, descontadas las 901 que aportaron certificación consular de un exilio por razones políticas, luego no les resulta aplicable la suspensión)", cuantifican. Por tanto, no hay una razón jurídica distinta para avalar la participación de los hijos de los nietos, sino que son los tiempos los que impiden una suspensión a estos por el daño superior que ocasionaría con el periodo electoral lanzado.
El magistrado Antonio Jesús Fonseca-Herrero ha formulado voto particular contra la resolución, indicando que "resulta evidente que la sentencia futura" que resuelva el fondo del asunto "tendrá que afrontar esa cuestión". "Si en el primer caso era necesaria la adopción de la medida cautelar para garantizar la sentencia futura, en el segundo es igualmente necesaria", apostilla, para añadir que "es ineludible si quiere mantenerse una línea de actuación internamente cohesionada".
"PERSISTEN LAS RAZONES" PARA CONTINUAR LA SUSPENSIÓN
Varias asociaciones y particulares también habían hecho alegaciones al Supremo contra el pronunciamiento inicial sobre la ley de nietos. Pero el alto tribunal sí que se reafirma en la suspensión ya vigente, "con mayor intensidad". Se refiere a que "después de conocer la relación nominal de las personas que aparecen afectadas por las medidas cautelares acordadas en nuestros autos anteriores, su considerable cifra y las presuntas irregularidades con que, aparentemente, han podido acceder al CERA, persisten las razones que llevaron a esta Sala a apreciar la existencia de este último requisito".
Como en anteriores ocasiones, la magistrada María Alicia Millán ha formulado un voto particular contra la decisión de mantener la suspensión cautelar para los nacionalizados por esa disposición de la Ley de Memoria Democrática, que permite conseguir la nacionalidad española a descendientes de exiliados.
"No comparto la tesis de que la sola invocación del interés general consistente en preservar la pureza o regularidad del censo electoral permita justificar la suspensión cautelar del derecho de sufragio activo de ciudadanos españoles incorporados al censo en virtud de actos plenamente eficaces", argumenta.
En su opinión, "aun en la hipótesis" de que la 'ley de nietos' "hubiera ampliado indebidamente" su ámbito de actuación y de que "figuraran en el censo personas que no debieron adquirir la nacionalidad por esa vía, no cabría equiparar esta situación a la provocada por actuaciones fraudulentas dirigidas a alterar la composición del cuerpo electoral", argumente en su voto particular, recogido por Europa Press.
